Un empresario de la restauración de Santa Pola tendrá que sentarse el próximo martes en la sala de vistas de la sección VII de la Audiencia Provincial, con sede en Elche, para responder por una denuncia de la Inspección de Trabajo por la cual la Fiscalía le solicita una pena de prisión de 35 meses, según ha informado el gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Los hechos se remontan al 8 de julio de 2015 cuando el establecimiento que regentaba el ahora procesado fue sometido a una inspección sorpresa por parte de la Inspección de Trabajo. Según el acta que se levantó en el establecimiento, en esos momentos había seis trabajadores, «la mitad de la plantilla» sin estar dados de alta en la Seguridad Social, explica en su escrito de acusación el Ministerio Público.

El juicio se va a celebrar cuando prácticamente han pasado ya siete años de aquellos hechos, calificados por el fiscal como un delito contra los derechos de los trabajadores. Es más que probable que la defensa intente pactar un acuerdo con la acusación habida cuenta de los años que han transcurrido.