La Policía Nacional ha detenido a 129 personas al desmantelar un entramado de bodas de conveniencia entre españoles y extranjeros no comunitarios para conseguir el permiso de residencia en España. Una abogada afincada en Elche era la presunta cabecilla de esta red, que operaba desde 2017 en las provincias de Alicante y Murcia y celebró la mayoría de los matrimonios fraudulentos en el juzgado de Paz de Santa Pola. Los inmigrantes, principalmente de Marruecos y Argelia, llegaron a pagar hasta 10.000 euros para contraer matrimonio con personas de nacionalidad española y poder regularizar su situación en España.
La compleja investigación, realizada durante tres años por la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Brigada Provincial de Extranjería de Alicante, ha permitido descubrir 72 bodas ilegales y 51 permisos de residencia de familiar comunitarios obtenidos por inmigrantes gracias a estos matrimonios. La Policía imputa a los detenidos delitos contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, falso testimonio y pertenencia a grupo criminal.
Según ha informado la Policía, el epicentro de la red desarticulada se encontraba en una gestoría de Elche donde una abogada había diseñado un complejo entramado criminal en el que participaban distintas personas con funciones diferenciadas pero todas perfectamente coordinadas para promover la celebración de matrimonios de conveniencia entre ciudadanos españoles y extranjeros no comunitarios.
La abogada detenida como principal responsable de la trama contaba con personas que hacían labores de captación de contrayentes. Para ello, buscaban interesados en regularizar su situación ilegal en España y dispuestos a pagar importantes sumas de dinero, que podría llegar a alcanzar hasta los diez mil euros. Una vez disponían del "novio" o "novia", buscaban a una pareja de origen español para cada una de estas personas. Todo ello a cambio de una comisión por prestarse a figurar de pareja en la boda fraudulenta.
El siguiente paso de la trama era hacer creíble la relación sentimental entre ambos y su vinculación con la población donde se iba a celebrar el ilícito enlace matrimonial, que en este caso ha sido mayoritariamente Santa Pola. En este punto es donde entran en juego los catalogados por los investigadores como "empadronadores", los cuales proporcionaban, mediante documentación falsa, la cobertura legal para que se pudiera llevar a cabo la tramitación del matrimonio.
El empadronamiento es uno de los requisitos fundamentales para formalizar los matrimonios civiles y en muchos de los casos eran íntegramente falsos los documentos, pero en otros casos se realizaron con el consentimiento de los legítimos propietarios de las viviendas utilizadas para este fin. Y siempre a cambio de una comisión de dinero. Además de los empadronamientos irregulares, también falsificaban contratos de arrendamiento en Santa Pola y contaban con la participación de dos inmobiliarias de Santa Pola.
El último escalón de la trama los formaban los falsos testigos de las bodas y tanto a ellos como a los contrayentes los instruía la abogada. Así, les preparaba sobre "la versión que debían sostener para burlar a las diferentes administraciones, advirtiéndoles que, además del primordial requisito de empadronamiento en la localidad para iniciar el expediente matrimonial, a sabiendas de que nunca residirían en dichos domicilios, debían crear una versión de su supuesta relación afectiva para que no fuera detectado el fraude en las entrevistas matrimoniales", indica la Policía.
La Policía acusa a esta abogada ilicitana de urdir este plan desde su asesoría con ánimo de lucro. Todos los colaboradores de la trama actuaban siempre a cambio de una remuneración económica.
Los investigadores de la UCRIF han detectado 72 matrimonios de conveniencia tramitados por la letrada detenida en la operación. La investigación policial ha sido tutelada por el juzgado de Instrucción número 2 de Elche y se ha solicitado la extinción de los permisos de residencia fraudulentos y de los matrimonios irregulares.
La Policía Nacional ha intervenido numerosa documentación presuntamente fraudulenta, entre contratos de arrendamiento y autorizaciones de empadronamiento, además de recuperar 51 permisos de residencia de familiar comunitario.
Entre los 129 detenidos, de entre 23 y 71 años, hay 66 hombres y 63 mujeres, la mayoría de nacionalidad española, marroquí y argelina, aunque también hay personas de Irán, Argentina y Bangladesh.
