La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Elche también se ha visto en la necesidad de pronunciarse acerca de la polémica actuación que se podría llevar a cabo en torno a la Nacional 340, en concreto en el tramo comprendido entre Elche Parque Empresarial y el puente que salva la línea de ferrocarril, con una reordenación y limitación de accesos a fincas aledañas, todo ello a raíz de que la finca Villa María Ana haya solicitado autorización para habilitar un hotel con spa. Esto está condicionado a que, según el Ministerio de Transportes, presente una alternativa a las entradas y salidas actuales no solo de esta propiedad, sino también de fincas cercanas con el fin de velar por la seguridad vial.
Tras varias propuestas, parece que el citado ministerio estaría dispuesto a aceptar una que, a grandes rasgos, suprimiría salidas de distintas propiedades a la carretera nacional y, además, transformaría el camino de Jubalcoy en un único sentido y no en doble sentido como hasta ahora.
Muchos de los afectados se enteraban a finales del pasado año de esta situación, cuando recibieron una comunicación oficial, y es en estos últimos días cuando ha salido a la luz el malestar generado entre los propietarios de la zona que, insisten, no están en contra de que se le dé permiso a Villa María Ana para que crezca empresarialmente, pero sí de que eso les afecte hasta el punto de tener que dar grandes rodeos para salir de la partida de Saladas o incluso poder entrar pero no salir de sus propiedades, según el actual proyecto encima de la mesa.
Para dejar clara su posición y oposición a esta reordenación de accesos y de tráfico, la Comunidad de Labradores y Ganaderos de Elche, que reúne a unos 850 asociados, se ha dirigido al Ayuntamiento de Elche para que intervenga ante el Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante y proceda a dar una solución técnica viable a los acceso a la parcela de Villa María Ana «compatible con unas necesidades básicas de los agricultores afectados».
En el escrito se defiende que la parcela interesada en obtener la Declaración de Interés Comunitario (DIC), proceso administrativo que implica una serie de trámites y documentación para poder justificar la necesidad de implantar ciertas actividades en suelo rural o no urbanizable) ha venido desarrollando «desde una consolidada antigüedad una actividad terciaria de restauración, concurriendo eventos multitudinarios, sin incidencia alguna sobre la seguridad del tráfico de la N-340».
En este sentido, desde la mencionada Comunidad se entiende que la propuesta «está primando el interés particular y excepcional de la DIC sobre el interés general del resto de los propietarios, y del uso general permitido en este tipo de suelo rústico, en contra de las previsiones territoriales de preservación y protección del medio rural, así como de sus usos y costumbres tradicionales».
Para el mencionado colectivo, en la última propuesta de reordenación de accesos y tráfico en el camino de Jubalcoy solo contempla la solución de acceso a las parcelas afectadas desde Elche sentido a Torrellano a través de la primera rotonda del polígono industrial, pero «se omite la solución inversa de acceso a los caminos y las parcelas que forman parte de la misma unidad de explotación situados en el margen opuesto».
En este punto, se explica que, al tener prohibido el giro actual, muchos vecinos y propietarios tendrían que recorrer una importante distancia para girar y acceder a las parcelas y caminos rurales de dicho margen, lo que, a juicio de la Comunidad, incrementaría no solo los «costes de explotación» de las parcelas, sino que generaría una incidencia directa sobre el tráfico de la N-340 en cuanto a inseguridad y retenciones provocada por la circulación de maquinaria agrícola.
Junto a todo ello, se apunta que la propuesta de reordenación «incurre en el error de considerar que todas las parcelas afectadas tienen un acceso directo al camino de Jubalcoy o viales secundarios y, desde esta perspectiva, «el acceso a los caminos públicos es un derecho inherente al de propiedad» y su alteración «es susceptible de indemnización».
Parte de los afectados, que han llegado a presentar unas 160 firmas ante el Ayuntamiento de Elche, van a poder mantener una reunión sobre este asunto con la edil de Urbanismo, Ana Arabid, este mismo martes.
