La Fiscalía Anticorrupción de Elche ha rechazado una petición de la defensa de la concejala de Cultura, Marga Antón, para que se procediera al archivo de la investigación judicial sobre las exhumaciones del Cementerio Viejo, denuncia que partió del Partido Popular tras constatar supuestas irregularidades en el expediente que han devenido en estas actuaciones. Entre estas estaban la ausencia de contrato o el hecho de que la junta de gobierno aprobara la solicitud a la Generalitat Valenciana de la subvención para realizar los trabajos con base en un documento donde figuraban expertos en la materia que fueron finalmente los beneficiarios mucho antes de que se pudiera saber quién los iba a realizar. La formación Vox también denunció que dos de las tres empresas invitadas presentaron en su documentación fechas que no se correspondían con los plazos establecidos, dando a entender que no había más posible ganador que una empresa. El asunto está siendo investigando por el juzgado de Instrucción 2 de Elche.
El fiscal Anticorrupción rechaza la petición con base en que la investigación no ha concluido a su parecer. De hecho ha solicitado la declaración como testigo de un Técnico de la Administración General, adscrito a dicha Concejalía de Cultura, prueba judicial que tendrá lugar la semana próxima. Igualmente ha pedido alguna prueba más que ha salido a lo largo de la instrucción con base en las declaraciones de las dos únicas personas que han testificado: el técnico que instruyó el expediente, que lo hizo en calidad de testigo; y la propia concejala investigada en esta causa.
El Ayuntamiento de Elche recientemente a reanudado las exhumaciones, después de meses de parálisis, después de que el PP destapara este asunto y por el hecho de que la empresa adjudicataria considerara que ya estaban finalizados sin que durante el plazo previsto se hubiera cumplido el objetivo de rescatar los cadáveres de los represaliados cuyos cuerpos fueron arrojados a un aljibe del camposanto después de ser fusilados. Varias de las víctimas eran vecinas del municipio de Crevillent. Posteriormente, el pozo se convirtió en un osario lo que habría complicado el que durante los tres meses que duraron los trabajos se cumplieran todos los objetivos. Algunas fuentes apuntan a que aún se está muy lejos de este objetivo.
La concejala Marga Antón declaró en su momento que se fiaba de los técnicos en todo aquello que le decían y que si firmó algún documento de forma errónea no fue consciente nunca de ello. Es decir, no sabía en definitiva la trascendencia que tenía el contrato porque no es especialista en materia administrativa. La edil está siendo investigada por un supuesto delito de prevaricación administrativa.
