El gobierno municipal cumplirá con la sentencia judicial 404/2001 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativa a las cuotas definitivas de urbanización del sector E1, (plaza de Castilla), del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Con ello, deberá de desembolsar 1,1 millones de euros a los promotores de esta zona de la ciudad.
Desde el año 1999 que se viene desarrollando el sector, según explicó el portavoz del equipo de gobierno, Héctor Díez, se fueron produciendo discrepancias relativas a la liquidación de las cuotas de urbanización y esta cuestión acabó en la aprobación, en el año 2016, de unos importes definitivos que se liquidaron a la agrupación de interés urbanístico.
Sin embargo, los titulares, disconformes con la decisión municipal, acudieron al Contencioso Administrativo para que fuera el Ayuntamiento el que abonara estas cargas. Finalmente fue la justicia la que dio la razón a los promotores achacando, entre otros motivos, la falta de argumentos de la administración local.
Con ello, finalmente, este viernes, la junta de gobierno aprobó autorizar el pago de esta condena millonaria «en aras a no demorar más la cuestión y de no generar más intereses que sean lesivos para el interés general del Ayuntamiento ha decidido hacer frente a esta sentencia», aseguró el portavoz socialista.
