La declaración de un exfuncionario del Ayuntamiento de Elche, que era técnico de la administración general, adscrito en el momento de los hechos al área de Cultura, la única que había solicitado la Fiscalía Anticorrupción antes de pronunciarse sobre la investigación abierta por un posible delito de prevaricación administrativa contra la concejala de Cultura, Marga Antón, está suspendida desde la semana pasada sin fecha. Desde el equipo de gobierno quieren dar la mayor celeridad a este asunto para obtener un archivo de las actuaciones por la denuncia presentada por el Partido Popular, algo que no han logrado por el momento. El Ministerio Público ya en una ocasión rechazó la posibilidad de que se dictara un sobreseimiento de las actuaciones instando a ampliar la investigación con declaraciones como esta.
La decisión judicial se ha adoptado a petición del propio testigo, quien ya no trabaja en el Ayuntamiento de Elche desde hace meses y que ha pedido, por esta cuestión de tener un nuevo destino, el poder hacerlo a través de videoconferencia. Es decir, no tener que trasladarse al Palacio de Justicia para participar de esta prueba. El resto de las partes personadas en la causa, acusación y defensa, sí tendrán que acudir en el día que se fije por la magistrada. Por el momento, la magistrada Gemma Somavilla, quien dirige la investigación en el juzgado de Instrucción número 2 de Elche, no ha tomado decisión alguna al respecto.
Además de esta declaración, la Fiscalía solicitó alguna documentación en relación a un correo electrónico al que hizo alusión el otro testigo que ha participado en las declaraciones hasta ahora, el arqueólogo municipal a quien el Ayuntamiento abrió un expediente a raíz de estos hechos al considerar que de su actuación podría rerivarse algún tipo de responsabilidad en vía administrativa.
El caso de las exhumaciones fue destapado por la oposición al detectar supuestas irregularidades en el contrato concedido a una empresa para practicar las exhumaciones en el Cementerio Viejo en busca de represaliados del franquismo en un pozo que sirvió posteriormente de osario. Según la denuncia, meses antes de la adjudicación, el equipo de gobierno aprobó solicitar una ayuda con base en un expediente en el que figuraban ya los arqueólogos a los que más tarde se les adjudicó.
