Mientras el alcalde de Elche, Carlos González, anunciaba hace dos semanas que antes de fin de año estaría en marcha las licitaciones de los proyectos del Mercado Central (que lo denomina gastronómico) y del provisional, para su consolidación, dicha decisión municipal sigue sumando el rechazo de colectivos, ayer fue el que conforman los arquitectos del Ruskin Coffee, un club de debate sobre urbanismo y espacios naturales, que llegan a aseguran que algunos de proyectos, directamente, van en contra del interés general. Las alegaciones no sólo se refieren a ambos sino a la modificación que es preciso realizar del centro cultural l’Escorxador para compensar la pérdida de zona verde estructural que supone la consolidación del mercado profesional en la ladera del río, en la avenida Comunidad Valenciana.

El documento registrado no se anda por las ramas, así recuerda que Elche se rige por un PGOU «obsoleto, que incumple numerosas disposiciones de rango superior; entre ellas, la Ley de Patrimonio Valenciana y la ley de Protección y Promoción del Palmeral de Elche, así como compromisos internacionales del Gobierno de España vinculados a la inclusión del Palmeral de Elche en el listado de Patrimonio Mundial de la Unesco». El colectivo recuerda que todo ello le ha supuesto al Ayuntamiento «inconvenientes graves» y recuerda «una sentencia contraria a la licencia de derribo de un edificio de interés histórico artístico supuestamente descatalogado por el PGOU, también un informe desfavorable de incompatibilidad del Ministerio de Cultura, derivada de la advertencia previa de UNESCO en la tramitación ajustada al PGOU de un proyecto de desarrollo urbanístico de casi mil viviendas en la zona ‘buffer’ del Palmeral Histórico».

"Es esta modificación puntual un ejercicio puramente artificioso, fuera de toda lógica y que basa su idoneidad en el supuesto cumplimiento de unos parámetros cuando lo debería hacer fundamentalmente en la ordenación urbanística».

Según el colectivo, la actuación que plantea el equipo de gobierno, «no sólo incumple el marco normativo, sino que introduce confusión y desorden al incluir en la misma operación edificaciones y suelos totalmente hetereogéneos y sin nexos reales de conexión e hipotecando el futuro. Es esta modificación puntual un ejercicio puramente artificioso, fuera de toda lógica y que basa su idoneidad en el supuesto cumplimiento de unos parámetros cuando lo debería hacer fundamentalmente en la ordenación urbanística».

Añaden que las modificaciones planteadas, «se justifica la innecesariedad del informe de sostenibilidad económica amparándose en que en ningún caso se trata de una actuación urbanística» lo que consideran no es cierto con base en la Ley del Suelo que dice así «El plan (en este caso la modificación del PG) deberá incluir una memoria de sostenibilidad económica en la que, de acuerdo con la legislación del suelo del Estado, se ponderará el impacto de la actuación en las haciendas públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras necesarias, la puesta en marcha y prestación de los servicios resultantes, así como la suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos». Y concluyen ante el tenor de la ley que «la modificación propuesta no plantea una actuación de transformación urbanística, pero sí unas modificaciones que tendrán su impacto en la hacienda pública debido a la remodelación y puesta en marcha de nuevos servicios; unos destinados al uso dotacional y otros al lucrativo por lo que se estima que sí tendrán repercusión económica en las arcas públicas y por tanto se debería evaluar su sostenibilidad desde el punto de vista económico».

Sobre la modificación de l’Escorxador añaden que «incumple los parámetros de edificabilidad y ocupación para los equipamientos del palmeral (...) además, la recalificación del Escorxador, actuando como cajón de sastre necesario para validar las otras dos intervenciones (las de los mercados) en un huerto del Palmeral Histórico incluido en la zona de Palmeral Unesco contraviene la recién aprobada Ley de Protección y Promoción del Palmeral».

Sobre el antiguo Mercado Central explican que «no hay motivación suficientemente amplia y justificativa de las modificaciones que se pretenden realizar (...) mutilar un edificio que supuestamente se pretende proteger suprimiendo el cuerpo del lado oeste (...) nos parece una solución torpe, grosera, desde el punto arquitectónico e inaceptable desde el punto de vista patrimonial (...) Entendemos que la ficha de destrucción del edificio ha de ser sustituida por una verdadera ficha de protección del edificio del mercado central, respetando en la medida de lo posible la integridad del edificio a proteger, su composición, su uso histórico de mercado, y siguiendo los informes de Icomos que se citan, aunque después se hace caso omiso de ellos».

Sobre el mercado provisional añaden que «se trata de una implantación ilegal que contravienen el PGOU» y recuerdan que en 2015, siendo candidato Carlos González, recordó que no se podía contemplar allí el proyecto. «Se trata de una edificación fuera de toda legalidad y como tal lo único que procede es su demolición inmediata, una vez sobrepasado, además y en más de dos años, el plazo máximo de cinco para usos provisionales». También añaden que «la reducción de un espacio verde plenamente consolidado y su posible sustitución por otro equipamiento en el mismo emplazamiento es radicalmente contraria a las exigencias de protección del medio ambiente, produciéndose una inadmisible pérdida en la calidad de vida de los ciudadanos».