El Ayuntamiento de Elche tiene 249 viviendas tapiadas en San Antón para evitar ocupaciones, las últimas 65 puertas que se han tabicado por cuestiones de seguridad son de este verano. Se trata de casas que se han quedado vacías tras realojar a sus vecinos en los tres nuevos edificios sociales levantados en el barrio de 74, 120 y 90 viviendas, una medida provisional hasta que se tiren abajo los viejos inmuebles declarados en estado de ruina. La previsión ahora es que los derribos de los primeros cuatro bloques pueda ejecutarse en el segundo semestre del próximo año. La intención municipal es que hubiera podido ejecutarse en 2022, pero se ha visto demorado. El proyecto para conseguirlo ya está redactándose.
Y es que pese a que la empresa pública Pimesa contrató en julio los trabajos de tapiado en un centenar de viviendas de cuatro edificios, hay 35 que todavía siguen habitadas por familias que no han podido trasladarse a los nuevos domicilios porque no pueden permitírselo, pese a ofertarse a precios muy por debajo del mercado. No todos pueden pagar entre 36.000 y 49.000 euros por una casa completamente nueva, con opción de plaza de garaje, pese a que de esas cantidades se les descuenta entre 15.000 y 23.000 euros por su antigua vivienda.
Para estas personas que han acreditado su situación de vulnerabilidad, la Concejalía de Urbanismo, dirigida por Ana Arabid, y Pimesa está trabajando en buscar una solución para que puedan dejar sus deteriorados hogares y tener una nueva vida en los inmuebles que las administraciones públicas han construido para ellas. La solución que el Ayuntamiento va a ofrecerles será realojarlos en régimen de alquiler con ayudas sociales. Sin embargo, el proceso todavía está en marcha y dados los trámites que hay por delante su traslado no va ser de manera inmediata.
Mientras tanto, a medida que los residentes se han ido trasladando este verano a las dos últimas «torres» que se han construido en San Antón, la empresa pública ha ido tapiando, a través de un contrato externo de 21.000 euros, las puertas de las casas de los bloques 11, 12, 13 y 14.
Además de esta reciente medida, Pimesa ha tenido que inhabilitar en los últimos años las acometidas de agua y luz para que no acabaran siendo un coladero de gente mientras no llega la hora del derribo.
De hecho, la empresa municipal asegura estar en contacto continuo con los presidentes de las comunidades de vecinos para intervenir rápidamente si se dieran intentos de ocupación, al haberse producido al menos dos casos en los que tuvo que intervenir la Policía Local y Servicios Sociales.
La preocupación vecinal a que se allanen casas vacías lleva años produciéndose en este humilde barrio ilicitano, donde no solo se quedan deshabitadas las viviendas que dejan sus inquilinos para trasladarse a los pisos nuevos. El temor a que se produzcan estas situaciones se da, sobre todo, en domicilios cuyos dueños han fallecido o se han marchado con sus familiares porque se han hecho mayores. Y es que, además de las 284 familias que han tenido la oportunidad de realojarse en una casa nueva, hay otras 700 familias que aguardan su turno con la esperanza de poder tener una vivienda digna algún día. De ellas también hay quienes no ha querido esperar más y han puesto su piso a la venta, ya que este proyecto de renovación urbana considerado «modélico» está en su primera fase.
Seis meses
De lo que sí que hay certezas es que los bloques 11, 12, 13 y 14 en las calles Pintor Benedito, Palombar, Alcana y Saoni se demolerán y que las obras durarán medio año. En julio, Pimesa adjudicó con un plazo de 20 meses la redacción del proyecto de derribo,el Estudio de Seguridad y Salud y Estudio de Gestión de Residuos,la Dirección de las Obras y Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución que incluye el plazo ejecución de las obras.
