La rescisión del contrato del Mercado fue conforme a derecho pero habrá que indemnizar

De cualquier manera, el fallo judicial que, además condena a la Administración local al pago de mil euros de costas, indica que la indemnización deberá de ventilarse en otro expediente administrativo, es decir, posterior y distinto a este procedimiento, algo que no se va a producir por ahora porque el Ayuntamiento va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), porque sigue defendiendo que no cabe resarcimiento alguno.

Con esta resolución, el equipo de gobierno considera que la compensación económica a la mercantil gallega solo giraría en torno a los 300.000 euros en base a que el valor del contrato fue de 10,4 millones de euros. Se trata de un porcentaje que ya contempló en su día el Consell Jurídic Consultiu.

Ahora bien, la sentencia judicial, que ha llegado al Ayuntamiento esta semana y que empieza a arrojar luz sobre un culebrón que dura al menos ocho años, deja la compensación económica a la mercantil interpretable. Hay fuentes jurídicas que entienden que ese 3% que deberá de abonar el Ayuntamiento es por las ganancias que dejaría de recibir durante los cuarenta años de concesión que firmó con el contrato, lo que implicaría un desembolso mucho mayor para las arcas municipales.

Miembros del equipo de gobierno de Elche antes de anunciar la sentencia del Mercado Ana Fajardo

Sesgo político

Pese a reconocer la resolución que el Ayuntamiento actúo conforme a derecho al decidir romper la concesión, para la magistrada las causas por las que PSOE y Compromís tumbaron el proyecto del Mercado Central no fueron ni mucho menos sobrevenidas y deja consideraciones tajantes: «Entiende esta juzgadora que la resolución del contrato no es más que un cambio legítimo de criterio del órgano de contratación, del concepto de interés público, coincidente con el cambio del sesgo político en el Ayuntamiento en 2019, y como legítimo cambio, así lo ha realizado, pero, debe asumir las consecuencias y efectos legalmente previstos, de los cambios que pretende inculcar en su concepto de interés público».

En este sentido, la jueza advierte de que la junta de gobierno local expuso que había aparecido un refugio de la Guerra como «como si fuera un hallazgo, cuando la ubicación del mismo era notoria y conocida por todos los ilicitanos».

Misteri

Igualmente, se detiene sobre otro de los motivos que el equipo de gobierno alegó para justificar la rescisión: el informe de Icomos sobre el impacto del proyecto en el Misteri. «Dicha afección era plenamente conocida por la Administración en 2013 (gobernaba el PP), y ya se tuvo en cuenta cuando se aprobó el Plan de Reforma Interior (PRI), por lo que no puede considerarse causa sobrevenida en ningún caso», indica.

Es más, sobre el informe que elaboró el órgano asesor de la Unesco, la magistrada considera que éste hace una valoración a instancia de algunos representantes de la sociedad civil, que obviamente, no estaban conformes con la nueva construcción, cuando los efectos sobre el conjunto patrimonial ya se tuvieron en cuenta en el PRI, plan que fue declarado conforme por el TS valenciano y confirmado por el Tribunal Superior».

Con todo ello, respecto a la indemnización que el Ayuntamiento ilicitano quiere evitar porque la empresa firmó una cláusula de riesgo y ventura que decía que si aparecían restos arqueológicos de valor como para ser preservados el proyecto se detendría, el juzgado también es claro. «El cambio de uso en un espacio público de un ámbito ya protegido con anterioridad a la formalización del mismo, debió ser advertido por la Administración, no pudiendo trasladar a la concesionaria las consecuencias, como si la protección patrimonial y el posible daño al interés público hubieran aflorado con posterioridad», dice la magistrada.

Por otro lado, a los placeros se les reconoce el derecho a mantener sus puestos en las mismas condiciones pactadas por la concesionaria cuando firmaron el contrato y por un plazo de 40 años.

Valoración de PSOE y Compromís

El alcalde Carlos González, mostró su «inequívoca satisfacción», porque la resolución judicial supone el fin definitivo al proyecto del edificio de abastos adjudicado durante el gobierno del Partido Popular que contemplaba un nuevo mercado con un parking subterráneo.

Para el equipo de gobierno, este fallo judicial es nítidamente favorable a los intereses municipales. «Nos da la razón en lo esencial y en lo más importante», aseguró el alcalde, quien añadió que supone un varapalo para los que pronosticaron indemnizaciones escandalosas y millonarias, en clara alusión al Partido Popular y a Aparcisa a los que señaló como «dos grandes derrotados».

El primer edil quiso resaltar que la mercantil gallega pretendía que la resolución del contrato fuera considerada como una renuncia carente de fundamentación (artículo 269 i de la Ley de Contratos Públicos del Sector) y establecía otro sistema de cálculo de la indemnización que hubiera implicado a las arcas municipales desembolsar una mayor cantidad. Frente a ello, el Ayuntamiento había defendido que la causa de resolución del contrato se fundamentaba en la posibilidad de ocasionar una lesión grave al «interés público». González defendió que las decisiones que tomaron «fueron coherentes con la preservación de los valores patrimoniales del centro histórico» e insistió en que la sentencia también les da la razón en que el contrato no podía modificarse como pretendió hacer Aparcisa con tal de llevar a cabo su proyecto.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, puso en valor en que tomaron una decisión «correcta, legal y justificada». Para la edil, esto demuestra dos modelos: «el de la oposición que solo ha hecho que defender los intereses de una empresa y el del gobierno municipal que hemos hecho lo posible para defender el interés general».

Díez añadió que si hay que indemnizar a la empresa es «porque el PP puso en marcha un proyecto de gran envergadura sin analizar el impacto que eso iba a tener en el corazón de la ciudad y ahora de esos polvos estos lodos».