María Bonmatí Amorós, viuda del conocido y querido político ilicitano Sergio Rodríguez, fallecido el pasado 1 de agosto tras invadir un camión de reparto el carril contrario y chocar frontalmente contra el turismo del que llegó a ser concejal del PP en el Ayuntamiento de Elche, ha dado a conocer este miércoles la campaña que ha iniciado con el fin de que se incrementen las penas a los conductores profesionales de mercancías que conduzcan bajo los efectos de las drogas y, sobre todo, para que se puedan realizar controles aleatorios de estupefacientes en las propias empresas de transporte antes de que salgan de ruta.

Bonmatí, que ha recordado que su marido falleció a causa de un conductor de un camión que iba drogado, tiene la esperanza de que este movimiento, esta campaña iniciada desde Elche, llegue a ser una iniciativa legislativa apoyada por los distintos partidos políticos a nivel nacional.

Para ello ha empezado reuniéndose con la Confederación Nacional de Transportes de Mercancías, la cual ya ha trasladado a Bonmatí su apoyo en esta propuesta. De igual modo, la viuda, que quiere dejar claro que esta acción no tiene que ver con el Partido Popular, tiene intención de reunirse con sindicatos, organizaciones del sector y los partidos del Congreso para trasladarles esta petición. En este sentido ya ha sido recibida por el diputado nacional socialista de Elche Alejandro Soler, de quien Bonmatí ha destacado su buena predisposición e interés.

La intención es que la posible iniciativa legislativa la presenten los propios partidos, una vez ya se cuenta con el apoyo de la patronal del transporte.

En estos momento, según se ha explicado, las propias empresas de transporte no están autorizadas a realizar controles aleatorios de drogas a sus conductores.

Añadido a esto, la propuesta busca también elevar las penas y la tipificación. Actualmente, a los conductores que causan fallecimientos en carretera bajo los efectos de las drogas se les imputa homicidio improcedente, castigado con penas de uno a cuatro años. Lo que se persigue es que se califiquen este tipo de hechos como homicidio doloso y penas de 9 a 12 años. Solo a los kamikazes sí se les asigna penas de 9 a 12 años.

"Esta iniciativa no está impulsada por el rencor o el odio, sino que es con el fin de que a nadie le pase", refiriéndose a lo ocurrido a su familia. Sergio Rodríguez dejaba en agosto viuda y dos niñas de corta edad, entre otros familiares.