El Foro de Médicos de Atención Primaria, en el que se integran los valencianos, ha defendido un modelo de Incapacidad Temporal que garantice la accesibilidad del paciente en todos los puntos asistenciales y ha presentado una propuesta al Ministerio para simplificar el modelo actual, «eliminando los aspectos burocráticos, unificando los modelos, generalizando el formato electrónico y eliminando los formularios en papel». Se proponen a las administraciones autonómicas y al INSS que tomen las medidas necesarias a partir de enero de 2023 para garantizar la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por los profesionales de todos los niveles asistenciales. Además, ante «la situación crítica» en la que se encuentran, asegura, la Atención Primaria se ratifican en su decisión de ajustarse estrictamente a la legalidad a partir del 1 de enero de 2023, en lo relativo a la emisión de los partes que deriven únicamente de sus tareas clínicas, «debiendo actuar de forma análoga cada facultativo de todas las especialidades y niveles asistenciales con aquellos derivados de su actividad».

Todo esto se produce ahora porque los facultativos consideran que las sucesivas olas de covid han puesto de manifiesto la precariedad de la Atención Primaria. «Es importante destacar como todo el territorio nacional padece un notorio déficit de profesionales que se agravará en un futuro cercano. En estas condiciones, por tanto, resulta necesaria la implementación urgente de medidas que garanticen la asistencia sanitaria, limiten las actividades burocráticas y aseguren que cada actividad se realiza en el nivel asistencial y por el profesional adecuado en beneficio del paciente».

En este contexto reclaman un cambio total sobre la atención a la incapacidad temporal que, recuerdan, «es un derecho del paciente cuando su situación de salud le impide desarrollar su trabajo y los trámites, heredados de un modelo decimonónico, deben ser adaptados a la administración digital, con participación de todos los elementos implicados, con plazos adecuados y realizados por el profesional que atiende al paciente en cada momento del curso clínico».

La propuesta, básicamente, consiste en simplificar el procedimiento eliminando los aspectos que carecen de valor clínico o eximiendo a los profesionales médicos de su realización. Así, añaden que aunque los médicos de familia han asumido históricamente todo el proceso de IT, por motivos de proximidad geográfica, la ley establece la obligación de todos los médicos del sistema público de salud de expedir los documentos de incapacidad en el mismo acto clínico, con independencia del puesto de trabajo, incluidas consultas, hospitalización y urgencias». Así piden que las Consejerías de Sanidad prioricen la extensión del programa informático y la formación de los profesionales en todos los puestos asistenciales de su respectivo servicio de salud.

Los médicos también reclaman la adecuación de la duración de la IT y consideran que «el formato actual no aporta valor» por lo que urgen que sea un botón opcional de «Duración inadecuada» y que al activarlo despliegue el Informe dirigido a Inspección en el que explicar la situación que está prolongando el proceso.

Tampoco están de acuerdo con el modelo de procedimientos según la duración estimada de la baja, que en la actualidad es de cuatro grupos: a) muy corta: inferior a 5 días naturales; b) corta: entre 5 y 30 días naturales: c)media: entre 31 y 60 días naturales y d) larga: por encima de 61 días naturales, que solicitan simplificar y adecuar los plazos a las duraciones estimadas en función de los procesos eliminando los partes de confirmación innecesarios en los procesos largos. «Aumentar hasta 7 días, como ya se hizo con el covid, la posibilidad de dar bajas y altas en el mismo proceso. Valorar la posibilidad de autojustificación de la baja en los procesos muy cortos, hasta 3 días, en especial en las patologías recurrentes como dismenorrea (reglas dolorosas), migrañas, artritis, enfermedades intestinales y cualquier otra que no precise asistencia médica.

Otros trámites burocráticos que creen deben desaparecer se refieren a que la normativa actual obliga a completar el CNO del paciente (Código Nacional de Ocupación), «dato que el médico desconoce y el paciente no aporta, con escasa relevancia». Además, los formularios solicitan al médico el nombre de la empresa, dato que no figura en el Real Decreto y que el médico también desconoce».