El presupuesto para el departamento de Bienestar Social caerá en 800.000 euros el próximo año al pasar de los 10,7 millones de euros (consignados inicialmente para 2022 que con el remanente de tesorería aumentaron) a 9,8 millones de euros, según la edil de Gestión Tributaria, Patricia Maciá. La disminución de la consignación afecta, entre otras cosas, a las ayudas al pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 400.000 euros o a las pero también a que la partida de ayudas de emergencia social pasa de 3,1 millones a 1,5 millones, o las ayudas al alquiler vivienda, que de 150.000 euros que había en este 2022 lo dejan en 50.000 euros. El recorte en esta concejalía, en la que más han centrado sus esfuerzos PSOE y Compromís a lo largo del mandato, fue duramente criticado por el PP tras aprobar el equipo de gobierno las cuentas municipales de 2023. Los populares, junto a Vox, votaron en contra del presupuesto en la comisión de pleno celebrada este lunes, mientras que Ciudadanos y el edil no adscrito se abstuvieron.
La edil socialista reiteró su compromiso a compensar la reducción en Bienestar Social con el dinero sobrante de años anteriores, una vez se liquide el presupuesto entre febrero y marzo.
Maciá también garantizó que se aportará más financiación a las áreas que se han visto mermadas por un recorte generalizado como consecuencia de la inflación y frente a las acusaciones del PP de bajar los fondos a Cultura, la socialista aseguró que «solo se han recortado 4.000 euros».
En este sentido, la concejala volvió a recordar la complejidad para cuadrar unas cuentas marcadas por la subida de los costes energéticos (solo en luz hay que pagar 11,6 millone) y el alza salarial a los funcionarios. Por este concepto, las arcas municipales abonarán 87,5 millones de euros, 2,4 millones más respecto a 2022).
A la oposición, especialmente al PP que ha anunciado que presentará enmiendas al presupuesto, la edil ha pedido que le trasladen con margen antes del pleno sus aportaciones para estudiarlas con los técnicos municipales.
