La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha solicitado al Gobierno la creación de 32 nuevos juzgados de lo Social en España, de los que cuatro deberían ubicarse en la provincia, dos en Alicante y dos en Elche, «con el fin de agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta en aquellas provincias en las que se ha detectado que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año», ha explicado en un comunicado. Precisamente, esta misma semana el Colegio de Abogados de Orihuela hacía pública una petición que ha realizado su decano, Manuel Almarcha, a los 27 municipios de la Vega Baja para que respalden la segregación de competencias de Elche en materia laboral para acercar la justicia al justiciable y, en este caso, al más débil porque es el que acude para resolver sus conflictos laborales.

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en un acto en Alicante Jose Navarro

El acuerdo de la Comisión Permanente se sustenta en un informe elaborado por el Servicio de Inspección del CGPJ tras el análisis, durante el pasado mes de noviembre, de la situación de todos los juzgados de los Social que estaban señalando actos de conciliación y juicio con más de un año de demora. Se ha tenido en cuenta, además, el criterio fijado recientemente por el Tribunal Constitucional, cuya Sala Primera ha declarado que una demora de varios años vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

El Poder Judicial pide al Gobierno hasta 34 órganos judicial y refuerzos en los partidos con un 130% más de carga de trabajo

En su análisis de la situación de los juzgados de lo social, el Servicio de Inspección ha valorado las cargas medias de entrada de asuntos -de acuerdo con los indicadores aprobados por el CGPJ- de los años 2018 a 2021 y de los tres primeros trimestres de 2022. También, el nivel de resolución, el nivel medio de pendencia por territorio, los tiempos medios de respuesta y las fechas de los últimos señalamientos de los que se tiene constancia.

Media

Conforme a esos datos, concluye que es «necesaria e imprescindible» la constitución de estos 32 nuevos juzgados de lo Social. Además de la creación de estos 32 órganos judiciales, el informe advierte de la necesidad de aumentar la planta judicial en todas aquellas localidades en las que la carga de trabajo de los juzgados de lo social supera el 130 % del indicador de media en los últimos cinco años. Según el Servicio de Inspección, los órganos judiciales que se encuentran en esta situación no figuran en el listado anterior gracias al esfuerzo de sus titulares, que han logrado reducir los tiempos de demora, si bien estos «exceden de las legítimas expectativas de los ciudadanos y quebrantan el principio de celeridad que rige la jurisdicción social».