El Partido Popular de Elche ha instado al gobierno municipal de PSOE y Compromís a que cumpla con la sentencia judicial que les obliga a instalar alumbrado público en Bonavista. En 2019 el juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Elche resolvió que los más de 220 vecinos de la urbanización tienen derecho a tener un alumbrado público y sufragado por el Ayuntamiento, algo que han venido reclamando los últimos años sin éxito.

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP, José Navarro, ha tachado de «incomprensible» que el gobierno municipal «haga oídos sordos a una reivindicación vecinal e incumple de manera tan evidente una resolución judicial que les obliga a instalar el alumbrado público en la urbanización Bonavista».

El edil ha recordado que los vecinos de Bonavista «llevan desde 2019 esperando a que González cumpla con su obligación, una obligación que a pesar de estar presupuestada en 800.000 euros no han ejecutado». ¿Cuáles son los motivos? Para el PP, la única explicación es «la dejadez y la falta de gestión de un gobierno amortizado».

Navarro ha culpado, además, a González y al PSOE «de hacer caso omiso a unos vecinos que cumplen religiosamente con sus obligaciones tributarias, pero que ven cómo su gobierno no cumple con ellos y los abandona, un gobierno que a pesar de las resoluciones judiciales no pone en marcha los servicios mínimos».

Tras las críticas, los populares aprovecharon para lanzar una nueva promesa a medio año de elecciones. «Nosotros adquirimos un compromiso real y efectivo con los vecinos de Bonavista y nos comprometemos a que sea una de las primeras medidas que pongamos en marcha si Pablo Ruz es elegido alcalde en las próximas elecciones», concluyó Navarro.

Subida de precios

El equipo de gobierno se ha comprometido a poner en marcha el alumbrado de Bonavista el próximo año con los presupuestos de 2023 por casi 810.000 euros, tras no haber ejecutado la partida este ejercicio, tras contar ya con un proyecto redactado.

Se da la circunstancia de que esta obra también se ha visto afectada por el encarecimiento de las materias primas en un 12,6%, lo que suponen 102.000 euros de aumento, lo que va a obligar a la revisión del proyecto, según fuentes municipales. Mientras tanto, los vecinos están cada vez más impacientados.