Una muerte sin pruebas ni despedida

Nadie la pudo ver, nadie pudo llorar sobre ella y nadie sabe con certeza si es la persona que enterraron. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha atendido la queja de una familia contra la residencia Altabix, en Elche. Fue en pandemia y un domingo de enero de 2022 en el que no había médico en el centro público de gestión privada para certificar el fallecimiento y se recurrió al del centro de salud. Esta es la historia. 

Un mes después de los hechos, en marzo pasado, el Síndic de Greuges admitió a trámite la queja de unos hijos por las horas que siguieron a la muerte de su madre en la residencia Altabix. En la resolución, el Defensor del Pueblo valenciano soslaya los problemas que la familia narra sobre la estancia de esta los seis meses previos al óbito referentes a «la administración de la medicación, falta de personal sanitario, higiene y alimentación». Probablemente, lo hace así porque de todo ello ya había informado en anteriores resoluciones dirigidas a la entonces consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en las que le pedía que rescatara la concesión porque consideraba que los dependientes allí ingresados no estaban en condiciones. 

Investigación

La investigación no ha sido fácil porque, de hecho, la primera vez que el Síndic preguntó tanto a la Conselleria como a la empresa que gestiona la residencia, La Saleta, si habían recibido alguna queja de estas personas, la respuesta fue negativa.

Aún y así, no negaron que era cierto que la residente falleció un domingo a las diez de la mañana, hora a la cual su cadáver fue descubierto en la habitación por una enfermera. «Al no disponer de médico los fines de semana y al ser un hecho no esperado por el personal del centro -dijeron-, el departamento de enfermería actuó según el protocolo vigente». ¿Cuál fue? Notificar al centro de salud de referencia la «sospecha» de la muerte porque solo hasta que no se confirmara no se llamaría a la familia para darles la noticia. El facultativo acudió a las 15 horas y solo entonces la residencia avisó a los familiares. Habían pasado cinco horas. Un coche fúnebre se llevó el cadáver a las 16.30 horas.

Alegaciones

El Síndic envió a la familia las contestaciones que a su queja habían dado tanto la Conselleria como la residencia para que estos presentaran alegaciones si así lo consideraban. Y tanto que las presentaron. Quizá lo más doliente fue tener que demostrar al Síndic que no mentían y enviarle copia de las quejas presentadas en la residencia. Pero la cuestión principal era por qué no les dejaron en esos 90 minutos ver el cuerpo de la fallecida, despedirse antes del traslado al tanatorio. Aquí las versiones discrepan.

"En el tanatorio tampoco les dejaron verla, «por lo que debemos suponer que los restos corresponden a mi madre y no a otra persona», dice la familia, al tiempo que se queja amargamente de la «indiferencia» de Ayuntamiento de Elche y Conselleria de Igualdad

No es un dato menor que en aquellos momentos había un brote de covid en la residencia y la dirección se escuda asegurando que nunca «se les negó entrar a ver a la fallecida porque no vinieron». En cambio, los hijos reiteran que, de forma expresa, la residencia les notificó que «no podían acudir a identificar el cuerpo, ya que por las restricciones de la pandemia estaba prohibido y que ya se la llevaban al tanatorio». Añaden estos que «se cometió un grave error al no permitirles acceder con EPIs (equipos de protección sanitaria) al centro e identificar los restos mortales». 

Tanatorio

La familia añade que, en el tanatorio tampoco les dejaron verla, «por lo que debemos suponer que los restos corresponden a mi madre y no a otra persona», al tiempo que se queja amargamente de la «indiferencia» que Ayuntamiento de Elche y Conselleria de Igualdad han mostrado ante los problemas denunciados por colectivos de familiares de usuarios comoADBAR (ahora ReCoVa). 

La concesión del centro de la tercera edad expiró el 31 de octubre sin posible prórroga, pero sigue en manos de la empresa

El Síndic comprobó que el Protocolo de Defunción de la residencia se había cumplido y no se había hecho «deprisa y corriendo para poder presentarlo» como aseguraba la familia en una contestación del proceso en el que observaron un supuesto "copia y pega".

Ahora bien, en ese contexto de crisis sanitaria por el covid, la Conselleria de Igualdad había establecido un protocolo para visitas por casos de fuerza mayor, que estaban garantizadas, para«un proceso final de la vida digno a las personas mayores» y «contribuir al desarrollo de un duelo menos traumático para su entorno», garantizado así, decía la resolución, «un trato humanizado y de afecto». Ahora bien, dejaba al arbitrio de la dirección de las residencias su organización para cuando se está en el «proceso final de la vida» fijando turnos y duración o respetando las medidas de higiene y prevención. ¿Se incluía por tanto en estos supuestos el fallecimiento? Luna admite que no consta en los informes de Conselleria por lo cual no puede valorar si se siguieron a fin de garantizar un final de la vida digno.

Conclusiones

El Sindic aborda en sus conclusiones dos cuestiones previas que no son menores: esta residencia es objeto de su investigación por «constantes denuncias de falta de atención adecuada a las personas residentes» y el pasado 31 de octubre venció la concesión, sin posibilidad de prórroga, a pesar de lo cual mantiene la gestión la mercantil La Saleta y ahora sin fecha de finalizar hasta que no se resuelva una nueva concesión. Según ReCoVa, a quien la nueva consellera Aitana Mas, prometió una reunión para abordar de forma presencial la situación de la residencia, este proceso ni siquiera ha comenzado.  

«El protocolo y la falta de previsión provocan una desinformación a la familia que vulnera su derecho a información exhaustiva e inmediata», dice el Síndic en su resolución

Dice el Síndic que el Protocolo de Despedida de la residencia está previsto solo para fallecimientos «durante el día y con presencia del médico en el centro», pero no son las circunstancias del caso. Y añade: «El cumplimiento estricto del protocolo y la falta de previsión en el abordaje de situaciones que, como la que nos ocupa, el médico del centro de salud tarda cinco horas en certificar el fallecimiento, provocan una desinformación a la familia que vulnera su derecho a disponer de información exhaustiva e inmediata del estado de salud de su familiar». 

El cadáver estuvo cinco horas en la habitación, desde que fue descubierto por una enfermera hasta que certificó un médico

Por ello recomienda la implantación de un nuevo modelo de atención residencial que «regule, entre otros, los derechos y obligaciones de las personas usuarias, de sus familiares y de las entidades y profesionales que gestionan residencias de personas mayores dependientes». También que adecue de forma urgente los Protocolos de Despedida de la residencia de mayores de Altabix y que resuelva de una vez el contrato de gestión de la misma.