La planta de Elche limita a la Vega Baja la entrada de basuras en un 33% para reducir malos olores

El Consorcio reduce de 30.000 a 20.000 toneladas de desechos al año la cantidad que podrán traer los municipios del sur de la provincia y compensará con 100.000 euros en obras a vecinos colindantes

La planta de basuras de Elche

La planta de basuras de Elche / ANTONIO AMOROS

A. Fajardo

A. Fajardo

La planta de basuras de Elche va a limitar la entrada de residuos a los municipios de la Vega Baja en un 33%, o lo que es lo mismo, de 30.000 toneladas de desperdicios que llegaban al año a las instalaciones de Els Cremats va a pasarse a 20.000. Así lo aprobó este jueves el Consorcio Provincial de Residuos del Baix Vinalopó bajo el argumento de mejorar la gestión de los desechos, de reducir los malos olores y como consecuencia de paliar las molestias que siguen produciéndose a los vecinos del entorno. 

Alrededor de 185.000 toneladas de basura se tratan al año en este enclave de la sierra ilicitana (unos 80.000 pertenecen a Elche), donde el límite máximo es de 200.000 toneladas, según el presidente del Consorcio, Miguel Ángel Sánchez. Hasta este lugar llevan sus residuos una decena de municipios que forman parte del Consorcio de Basuras (Elche, Santa Pola, Crevillent, Aspe, Novelda, Monforte del Cid, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Algueña, la Romana), y excepcionalmente Bigastro y Torrevieja hasta el pasado año Torrevieja y Bigastro eran las dos localidades de la comarca del sur de la provincia que también trataban sus basuras en Elche. Hace tres años, la Vega Baja tenía autorizadas 50. 000 toneladas.

«El objetivo es mejorar el proceso de tratamiento, ya que al tratar menos volumen de basura se clasifica mejor y se reduce la entrada a vertedero, además de disminuir la penalización del Gobierno central», aseguró el también diputado provincial de Medio Ambiente, haciendo alusión al gravamen que obliga a pagar a los municipios 30 euros por cada tonelada de basura sin reciclar que generen.

Otra de las decisiones que ha tomado la entidad para compensar a dos urbanizaciones próximas a la planta de basuras, así como a vecinos de casas diseminadas, es la creación de un fondo de sostenibilidad ambiental con 100.000 euros. Con esta cantidad, el Consorcio del Baix Vinalopó se ha comprometido a realizar obras que propongan los vecinos en las inmediaciones de sus domicilios, como por ejemplo la reforestación del entorno de la planta, como forma de contraprestación por tener que convivir a escasos metros de un vertedero.

A esta medida se suma la predisposición de renovar con más frecuencia los biofiltros de la planta de tratamiento para reducir los olores. Actualmente, según el presidente del Consorcio se cambian cada seis años.

Lo cierto es que las quejas por el hedor que generan los residuos que llegan hasta estas instalaciones de Elche fueron hasta hace un lustro muy constantes, principalmente cada verano, por parte de los vecinos de las partidas rurales de Altabix, Saladas, Santa Ana, Vallongas y Jubalcoy. La macro reforma realizada en 2019 con 18 millones de euros para modernizar la planta de basuras tenía entre sus principales objetivos minimizar los malos olores con un sistema de mecanización que ha permitido, junto a otras mejoras posteriores, pasar de enterrar el 74% de la facción resto a un 47%, según el presidente del Consorcio de residuos.

No obstante, el presidente del Consorcio del Baix Vinalopó ha optado, tras comprometerse con los afectados, por seguir ofreciendo medidas, como las que se aprobaron este jueves. 

En pruebas, la solución para dejar de enterrar los residuos: la combustión

Dejar de enterrar los residuos en un vertedero que ya supera la mitad de su capacidad. Es el objetivo que se ha propuesto el presidente del Consorcio del Baix Vinalopó, Miguel Ángel Sánchez con un método que ya está en pruebas en la planta de residuos y que pasa por transformar, a través de una combustión a baja temperatura, el residuo en ceniza y en gas. El máximo responsable del organismo que toma las decisiones sobre el tratamiento de residuos negó que se trate de quemar los desperdicios porque está prohibido por ley y aseguró que en días se obtendrán los resultados de las pruebas para poder implantar un sistema que no estaría listo hasta 2026 o 2027, por los necesarios permisos ambientales y los procesos de licitación correspondientes, lo que quedaría supeditado al resultado de las elecciones del próximo 28 de mayo.

El diputado provincial del PP apuntó que con esta medida se estarían ganando tres años a las directrices de la Unión Europea que ha marcado el año 2030 como el límite para dejar de enterrar residuos en el vertedero. 

Esta forma de deshacerse de la basura, complementaria al reciclaje, contempla la venta de la ceniza y del gas que se obtendría con la combustión de los residuos y es una fórmula que ya se utiliza, según el Miguel Ángel Sánchez, en otras ciudades de España.

Además de conocer el resultado de las pruebas, el Consorcio del Baix Vinalopó tiene previsto contratar a una empresa externa para que realice un informe de viabilidad económica para cuantificar el coste de esta medida. 

Lo que plantea el presidente del organismo es que este sistema no implique el aumento de las tasas que pagan los municipios por el tratamiento de sus basuras, sino que se pueda hacer frente a la inversión con la venta del gas y de la ceniza que se generaría y al evitarse tener que pagar la tasa de 30 euros por cada tonelada que entierran los municipios desde este 2023.