El Ayuntamiento de Elche licita por 120.000 euros los suministros para la barraca para las Fiestas de Agosto

El equipo de gobierno pone en marcha la contratación de "todas las infraestructuras" de la instalación que el año pasado se adjudicaron por partes e in extremis

La barraca de las pasadas fiestas de agosto

La barraca de las pasadas fiestas de agosto / Matias Segarra

A. Fajardo

A. Fajardo

PSOE y Compromís han sacado a licitación en una de sus últimas juntas de gobierno del mandato el contrato para garantizar el funcionamiento de la barraca de las Fiestas de Agosto. El montante asciende a 120.000 euros va a servir para instalar "todas las infraestructuras que sean necesarias", tal y como informó el portavoz municipal, Héctor Díez, para hacer posibles los conciertos en la explanada de la Universidad Miguel Hernández (UMH) como el de Malú, Luis Fonsi, Omar Montes o Rosario Flores, anunciados esta semana por la concejal de Fiestas.

Estos servicios de "suministros de producción" de la barraca son los que el año pasado tuvo que adjudicar el Consistorio ilicitano in extremis y por partes, uno de ellos, el de la iluminación fue contratado un día antes del primer concierto. Los contratos menores fueron la fórmula escogida, pero también "facturas según necesidades" para tratar de llegar a tiempo a escasas horas de las fiestas. Todo ello levantó una enorme polémica, incluso dentro del ejecutivo local, y provocó críticas de la oposición, que reclamó por activa y por pasiva la dimisión de la edil responsable.

Respecto a los contratos con los artistas, que según el Ayuntamiento están ya confirmados, el portavoz municipal aseguró que se tendrá que tramitar la contratación privada de cada uno de ellos, tras los preacuerdos que haya firmado la Concejalía de Fiestas.

Servicio millonario

De mucha mayor cuantía, por 2,4 millones de euros y cuatro años de plazo, también va a salir a concurso público el servicio de actividades de orientación a la intervención y reinserción social. Este contrato va a servir para ofrecer apoyo en conflictos, tareas de carácter educativo, supervisión de la salud, acompañamiento a citas médicas, generación de actividades de convivencia, salidas culturales, talleres y actividades de ocio, según explicó el portavoz.

Por otro lado, la junta de gobierno adjudicó a DYA el servicio de respiro familiar para las personas con discapacidad, por cuatro años más uno prorrogable, en dos lotes: el primero, para los sábados por 20.988 euros; y el segundo, para los meses de julio y agosto por 24.608 euros. 

Asimismo, se propuso a la adjudicataria de la Cantina del Centro Social de El Altet, un negocio que llevó a vecinos de la pedanía a protestar hace unos días por la demora en ponerse en marcha.

También adjudicaron un contrato que consta de cuatro lotes para los materiales de los talleres de empleo que tengan lugar en Elche en los próximos dos años, uno por 40.000 euros; otro por 18.000 euros y el tercero por 80.000 euros.   

Por otra parte, en el área financiera, PSOE y Compromís aprobaron la modificación número 12 del presupuesto municipal de 2023 por remanentes de crédito, con el propósito de dotar de una partida presupuestaria al convenio que mantiene el Consistorio con la Acequia Mayor del Pantano, que asciende a 70.000 euros.

Depósitos del agua

Asimismo, el gobierno local dio su visto bueno al expediente de permuta de bienes inmuebles del Área de Reparto 137, la que se encuentra alrededor de los depósitos del agua de Carrús Este, que en la actualidad constituyen terrenos de más de 7.000 metros cuadrados utilizados como aparcamientos. En estos hay parcelas privadas que albergan conexiones hídricas como la de los propios depósitos o la del Canal del Taibilla. 

El Ayuntamiento va a hacerse con estos terrenos de dos propietarios distintos , en una operación valorada en 140.000 euros, para futuras ampliaciones de los citados depósitos y el desarrollo de infraestructuras de Aigües d’Elx. A cambio, los propietarios obtienen terrenos urbanizables de similares características en los sectores E-33 y E-13 del Polígono de Carrús.  

Los vecinos que resisten en los edificios de San Antón pendientes de derribar este año están un paso más cerca de ser realojados a los nuevos edificios sociales con la fórmula del alquiler social, en lugar de la compra.

 En concreto, el Ayuntamiento ha autorizado a dos familias arrendamientos entre 75 y 200 euros al mes en función de su renta y de la vivienda. Por otro lado, ha aprobado un listado provisional de 14 personas que podrán acceder a estos alquileres «en los próximos meses» , según explicó el portavoz municipal, Héctor Díez.

 Al mismo tiempo, la junta de gobierno desestimó dos recursos de reposición interpuestos por beneficiarios de las viviendas protegidas porque proponían la fórmula del usufructo y no la del arrendamiento y también alegaron contra la duración de los contratos. Los responsables municipales han echado para atrás los planteamientos presentados «porque el pliego de condiciones establece desde el inicio el alquiler y la duración viene marcada por los periodos que establece La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)».

Fue en diciembre del pasado año cuando la Conselleria de Vivienda dio luz verde a ofrecer en alquiler los pisos vacíos que quedan en las tres primeras torres de San Antón a familias que han acreditado no tener recursos suficientes para adquirirlos en propiedad. Sin embargo, la compleja burocracia que rodea esta iniciativa ha impedido que medio año después los residentes sigan sin poder entrar a las nuevas viviendas a cambio de dejar las suyas que están en ruina.