Dos de cada tres las plantas solares que hay proyectadas en el Camp d’Elx podrían estar afectadas por la suspensión de licencias que ha ordenado el equipo de gobierno de PP y Vox hasta tener una regulación específica en un plazo máximo de dos años. O lo que es lo mismo, 23 de las 35 centrales fotovoltaicas que se están tramitando en la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Industria, se van a ver paralizadas hasta el año 2025, salvo que el Ayuntamiento tenga lista la normativa antes. Así se desprende de un exhaustivo análisis realizado por la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA).
El colectivo ecologista ha detectado que esas 23 instalaciones se quieren promover en suelo de alto valor para cultivar, técnicamente conocido como suelo de alta capacidad agrológica. Y precisamente es este tipo de terrenos, así como los próximos a uso residencial, donde afecta la suspensión de licencias aprobada por la junta de gobierno de Elche. Sobre este tipo de suelo también estarían las cuatro plantas ya autorizadas por la Conselleria y por el Ayuntamiento ilicitano el mandato pasado antes de la congelación de los permisos (Perleta I, Perleta II, FV Polo Norte y Saladas I).
Esas 24 plantas que con la decisión municipal están en el aire sumarían entre todas una ocupación de 264 hectáreas (2,64 millones de metros cuadrados, 528 campos de fútbol), tal y como ha estimado el vicepresidente de AHSA, Miguel Ángel Pavón.
Las cinco plantas de Balsares, las cuatro plantas de Asprillas o las cinco plantas del entorno del barranco del Grifo están entre las 24 plantas cuyas licencias deben quedar suspendidas, según el colectivo ecologista.
Asimismo, la macroplanta estatal «Lucinala» (Balsares, Valverde, Torrellano Bajo) también quedaría afectada por la decisión municipal al ocupar 98 hectáreas de suelo de alto valor para el cultivo.
La ley lo regula
La suspensión de las licencias exclusivamente para zonas de alto valor agrológico se produce porque la ley limita la paralización a espacios determinados. En concreto, el artículo 68 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (TRLOTUP) permite la suspensión de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición, para ámbitos determinados, con el fin de facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística.
La Disposición Adicional 8ª del TRLOTUP dispone que cuando esta suspensión afecte a instalaciones para la generación de energías renovables, se limitará en aquellas zonas de suelo no urbanizable común en las cuales la cartografía de capacidad agrológica del suelo del Institut Cartogràfic Valencià defina como muy alta y alta su capacidad agrológica. También se podrán suspender licencias si el ayuntamiento justifica mediante informe la posible degradación del entorno paisajístico próximo a usos residenciales o de alto valor de relevancia local.
Una vez que la junta de gobierno de Elche aprobó suspender las licencias, la pasada semana, el Ayuntamiento tendrá, por un lado, que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que no contempla, por su antigüedad, la regulación del establecimiento de las energías renovables como las fotovoltaicas. Y por otro lado, redactar una regulación específica para el territorio ilicitano, más allá de la que ya tiene la Generalitat Valenciana o el Gobierno Central. El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, aseguró que la «voluntad municipal es tenerlo cuanto antes».
