El Ministerio de Transición Ecológica deja una deuda de 198 hectómetros cúbicos a los regantes del Tajo-Segura por acometer hasta 27 reducciones hídricas del trasvase del 2018 a la actualidad. De todo ellos 70 corresponderían a la provincia de Alicante. Así lo aseguró este viernes el director de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación provincial, Joaquín Melgarejo, que incluso acusó al Gobierno central de ejecutar estos recortes de forma «injustificada» y «arbitraria» al superarse los índices de las normas de explotación.
Situación jurídico-técnica
El catedrático abrió hoy una jornada en la sede en Elche de Riegos de Levante margen izquierda para abordar la situación jurídico-técnica del trasvase en la que alertó que por cada hectómetro cúbico que se ha dejado de trasvasar son cuatro millones de riqueza que no se generan, por lo que reivindicó el papel que juega el trasvase para aportar 3.600 millones al PIB nacional. Expuso que en los últimos años se ha producido una merma hídrica de 105 hectómetros cúbicos que afecta a 17.000 hectáreas y 12.000 empleos directos, y que se traduce en que se haya transferido entre un 29 y un 45% menos de agua para los agricultores del 2021 al 2023, respectivamente, en comparación con la media histórica de 197 hectómetros.
Como ya se ha venido alertando en los últimos tiempos, desde la Cátedra sostuvieron que han pasado dos años y no se han reducido la «incertidumbre» ni las situaciones de excepcionalidad del nivel 3, por lo que no se ha mejorado la regularidad y estabilidad de volúmenes transferidos como marcaba la propuesta del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex).
A ello suman el nuevo «agravio» a consecuencia del trasvase al Guadiana de 4,2 hectómetros, ya que entienden que no ha existido una regla de explotación específica para utilizar el acueducto, motivo que centra las demandas del sindicato central y la Región de Murcia.
Demandas
«Los juristas no estamos para estas cuestiones», señaló por su parte ayer Andrés Molina, director del Instituto del Agua, y profesor titular de Derecho Administrativo, en referencia a la politización que se ha hecho con los recortes que han acabado en los juzgados. Al hilo, enfatizó que la vía judicial no era el mejor «foro» para dirimir esta guerra con el agua porque tardará tiempo en resolverse, teniendo en cuenta que aún hay entidades que no han formulado la demanda contra el recorte.
Si bien el especialista enumeró puntos que no avalarían la decisión del ministerio. Por un lado que en las fases previas a la aprobación de los planes de planificación hidrológica faltó participación pública, que el Consejo Nacional del Agua detectó ausencia de transparencia y que el Consejo de Estado advirtió de problemas de coordinación interna entre los planes hidrológicos del Tajo y Segura.
Recursos
También reconoció que no existió «plena unidad de acción» entre instituciones al presentar recursos contenciosos, que la Generalitat terminó optando por la impugnación parcial al recorte a diferencia de la Diputación, Región de Murcia, Junta de Andalucía o los Scrats que pidieron la impugnación plena, aunque después se el Alto Tribunal lo denegó las pretensiones. Si bien, apostilló que «existen bases sólidas» relativas a la infracción del «principio de legalidad» que deberían incorporarse a las demandas para que pueda llegarse a una sentencia anulatoria.
Impacto ambiental
Francisco Cabezas, director del Instituto Euromediterráneo del Agua, apostilló en su intervención que la regla de explotación «se puede y se debe tocar» y alertó que el recorte al trasvase más allá de los efectos socio económicos también puede tener un impacto de tipo ambiental porque «si hay menos agua en la cuenca del Segura puede afectar al plan hidrológico del Segura o a los humedales del sur de Alicante que se alimentan en parte de drenajes de zonas de riego». Criticó que el tema se ha abordado con «mucha frivolidad».
"Tics ideológicos"
Antes del turno de los expertos del Agua el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que estuvo acompañado de la vicepresidenta Ana Serna, abogó por dejar fuera los «tics ideológicos» para defender el trasvase apostando por el «rigor técnico y científico» para evitar que «el desierto, en tiempos en los que tanto se habla de sostenibilidad, entre en España por la provincia de Alicante».
Roque Bru, presidente de Riegos de Levante en la margen izquierda destacó que gracias a la explotación del acueducto del que se benefician 22.000 comuneros hay un valor añadido y más nivel de empleo que en la media estatal y que «la escasez del agua, incremento de caudales ecológicos y la inseguridad dificulta el relevo generacional». Reiteró que los comuneros son «totalmente dependientes del trasvase» y que si se corta «lo pasaremos muy mal» porque el agua que se utiliza es un 75% trasvasada, un 21% de concesiones y sólo un 3% desalada y de depuradora, en un 1%.
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, que también estuvo presente así como diputados y directores generales, abogó por un frente común «en la lucha por la justicia, el agua y el futuro y la vida en esta tierra» .
