Detenida en Elche por una proposición indecente a cambio de 3.000 euros

Quebrantamiento de medida cautelar y obstrucción a la Justicia son los dos delitos que la Comisaría de Elche imputa a una mujer de 45 años después de que estuviera dispuesta a cambiar su declaración judicial a cambio de dinero, concretamente 3.000 euros. El Cuerpo Nacional de Policía ha dado a conocer este arresto para que, al mismo tiempo, los ciudadanos sepan que ni pueden realizar denuncias en falso ni mucho menos beneficiar a terceros a cambio de dinero.

El caso no solo es curioso y, afortunadamente poco habitual, sino que se da la circunstancia de que el que iba a ser beneficiario y la mujer tienen una orden de alejamiento mutua por otra causa judicial abierto. Es decir que no pueden verse ni tampoco ponerse en contacto, como fue el caso. ¿Cómo contactó con él? A través de un tercero para que este le trasladara que quería hablar con él de algo que le interesaba y de manera muy privada. La nota oficial de la Comisaría no aclara cuál era ni esta oferta ni tampoco qué procedimiento judicial entre ambos llevó a un magistrado a dictar una orden de alejamiento.

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Declaración judicial

Los agentes supieron del caso por el hombre, que presentó una denuncia explicando todo y, cómo, "estando él presente, recibió una llamada desde un número oculto en la que la autora le dijo que si le daba 3.000 euros cambiaría su declaración en el juzgado en relación con un presunto delito de la que había sido víctima". A continuación manifestó que si le daba los 3.000 euros, "en el juicio diría que no se acordaba de nada de lo sucedido", dicen los investigadores.

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Ante estos hechos los agentes del Grupo I de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche iniciaron una investigación con el objetivo de comprobar los hechos y localizar a la presunta autora. Finalmente, los agentes localizaron a la mujer y la detuvieron por la presunta comisión de un delito de quebrantamiento de medida cautelar al comunicarse mediante terceras personas con la persona de la cual tiene una prohibición de comunicarse, y por la presunta comisión de un delito de obstrucción a la Justicia al intentar dificultar el adecuado funcionamiento de la Administración de Justicia.