Tres acusados del "caso Jacarilla" se niegan a contestar al fiscal

El «caso Jacarilla» trata de dilucidar desde este lunes en la sección XI las supuestas irregularidades del que fuera alcalde del municipio, José Manuel Gálvez (entre 1999 y 2011 por el PP) por un supuesto acuerdo ilegal con Agrícola del Segura, una mercantil con 80.000 hectáreas de cítricos y otras 60.000 hectáreas de un campo de golf en el que hay previsto 7.000 viviendas (cuando ocurrieron los hechos había mil) en el municipio vecino de Orihuela, y si las supuestas necesidades de agua que esta tenía llevaron al regidor a permitir que la regularización urbanística de una zona conocida como Vista Bella, promovida por 75 propietarios, hizo que alcalde permitiera el proyecto de depuradora vecinal en terrenos del empresario. En el banquillo también se sienta la empresa Beneaguas, dirigida por dos familiares que fueron contratados por los vecinos como agente urbanizador. El fiscal considera que el regidor y el empresario pactaron este cambio de ubicación en connivencia con la pareja que se encargaba de ejecutar el proyecto con cargo a los vecinos de Vista Bella. Y la Fiscalía sienta buena parte de sus sospechas porque el regidor, un mes después de dejar el cargo, en julio de 2011, pasó a la nómina de la empresa para «buscar socios y clientes para el complejo golfístico» a cambio de 800 euros mensuales. La negativa de tres de los cuatro acusados a declarar ante el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Pablo Romero, y el rechazo de las acusaciones a todos los argumentos del acusador público, fueron dos de los hechos que marcaron la primera sesión de un juicio farragoso, como todos aquellos que versan sobre urbanismo. Ayer de ello, las aclaraciones sobre la ubicación de la depuradora se realizaron sobre los propios planos urbanísticos para saber si de lo que acusa uno y se defienden otros es tal cual se dice. 

El responsable público solo logró que prestara declaración el exalcalde, que dijo que todas las decisiones que se adoptaron estuvieron respaldadas bien por los asesores de la Diputación (Jacarilla no tiene más de 2.000 vecinos) o bien por un técnico, ya fallecido, que fue despedido después de dejar él el cargo. Gálvez dijo que no supo nada del nuevo emplazamiento de la depuradora hasta dejar el cargo, que los vecinos afectados de Vista Bella nunca se quejaron y que él dio su visto bueno a regularizar la situación en la que se encontraban a través de la figura de un agente urbanizador porque aquello estaba en una situación de «abandono total».

Vecinos

El alcalde hizo un relato sobre una serie de cambios normativos en 2005 que permitieron la construcción de hasta 250 viviendas más en el municipio, y los problemas que tenían para ejecutarlos por lo que recurría al asesoramiento de la Diputación, no de la empresa. Así negó a preguntas del fiscal una cena con el padre del empresario que se sienta en el banquillo (ya fallecido) en la que se aprobaría el cambio de ubicación de la depuradora de Bella Vista a otra zona en terrenos de la mercantil. «Me enteré en el juzgado», aseveró en su declaración, cuatro años más tarde. Admitió que hubo un aumento de los precios de la reparcelación que debían pagar los vecinos afectados (de 39.000 a 151.000 euros), lo que se aprobó en una junta de gobierno cuando ya era alcalde en funciones, días antes del pleno de investidura de su sucesor. Además, también desestimó en otra junta de gobierno el recurso de reposición de los vecinos contra la retasación de las cargas urbanísticas. Gálvez insistió en que todo lo que aprobó lo hizo con informes favorables o bien del técnico municipal o el de la Diputación. El fiscal insistió entonces en su relación profesional con la mercantil cuando dejó el cargo. Y él contestó que tras doce años de regidor estaba sin trabajo: «No tenía ni oficio ni beneficio».

Campo de golf

El ya ex regidor aseguró que habló con el empresario y pocos días después lo contrató: «tenía que promover el campo de golf para ganar socios y tenía un horario flexible, no entraba a las 8 y a veces tenía que estar un domingo o a las siete de la mañana si era el caso», aseguró. Estuvo dado de alta hasta que cuatro años más tarde lo dejó, argumentó por un problema familiar, lo que el fiscal achaca al hecho de que se hicieran públicas estas investigaciones y fuera despedido. 

Negativa

El otro acusado que prestó declaración fue el responsable de la promotora, pero solo lo hizo a preguntas de su abogado y todo muy medido para que quedara claro al tribunal que cuando comenzó el proyecto él aún era un estudiante, que la empresa tiene más socios, pero el único que se sienta en el banquillo es él sin saber por qué, que la mercantil no precisa agua para ejecutar sus proyectos agrarios y urbanísticos pues tiene concesiones que suman 1,9 hectómetros cúbicos cuando sus consumos anuales actuales, sumando cítricos y campos de golf son de 800.000 metros cúbicos y algo que no es baladí: el PGOU de 2005 ya preveía la construcción de una depuradora en sus terrenos, a 200 metros de donde terminó por ejecutarse el proyecto. No en la urbanización Vista Bella, donde lo sitúan los vecinos ni en el plan que estos consensuaron con el Ayuntamiento.

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Los otros dos acusados, de la mercantil que debía ejecutar las obras del sector urbanístico, se negaron a declarar porque su defensa reclamó que el interrogatorio se realizara al revés de lo que es habitual. Es decir, todos los testigos antes de los acusados porque consideraba que así legitimarían mejor su defensa. Al negarles la posibilidad, rechazaron contestar a preguntas de acusaciones y defensas.

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