El Consell aprieta con la rehabilitación de barrios para evitar perder fondos de la UE

La interpretación va por barrios, además, de forma literal. La Dirección General de Vivienda de la Generalitat Valenciana ha remitido un requerimiento a los ayuntamientos que se acogieron al programa de ayudas para la rehabilitación de barrios enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 2021-2026, dentro de los fondos Next Generation de la UE, entre los que se encuentran varios de la provincia de Alicante. Un documento que algunas administraciones locales como las de Elche o Torrevieja interpretan como un mero trámite porque se muestran convencidas de que llegarán a junio de 2026 con todas las obras completadas, y que desde la Generalitat y otros municipios ven como un balón de oxígeno. De comunicar ahora que modifican el proyecto o que desisten tendrían que devolver los importes recibidos, pero no pagar intereses de demora. De paso, el Ejecutivo valenciano podría destinar esas cantidades a otros programas, aunque también dedicados a vivienda. De ahí que desde el Gobierno autonómico hayan pisado el acelerador.

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Hasta septiembre

La misiva en cuestión da hasta el 9 de septiembre para que las administraciones locales comuniquen si mantienen la hoja de ruta en cuanto a los planes presentados, si se modifican los términos del acuerdo inicial de manera que se reduce la subvención concedida o anticipada, o si directamente se renuncia al programa ante la imposibilidad de tener la rehabilitación completada para junio de 2026. Un escrito que, desde el Consell, ven como una forma de tender la mano a los ayuntamientos que no pueden asumir a estas alturas el proyecto, por las complicaciones que lleva conseguir la autorización de todas las comunidades de propietarios o por los sobrecostes que pueden haber experimentado las obras de estas características en los últimos tiempos, evitando así no sólo tener que devolver las ayudas, sino pagar intereses de demora.

Consensuado con el ministerio

El propio documento señala que, ante la consulta formulada por entidades locales referente a las repercusiones de una posible renuncia a la subvención concedida a un ayuntamiento, y de acuerdo con el criterio consensuado con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se acuerda que, si el reintegro de las cantidades percibidas se produjera en plazo adecuado para poder reasignar esos fondos a otros programas previstos en el Real Decreto que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, no se procederá a exigir el abono de intereses de demora, aunque sí habrá que devolver las ayudas.

24 meses para una transformación total en Elche

Porfirio Pascual en Elche

En el caso de Elche, que solicitó los fondos para el barrio Porfirio Pascual, el Ejecutivo local llevó este jueves a la junta de gobierno la respuesta al requerimiento de Vivienda. Una contestación que la propia portavoz, Inma Mora, tachó de mero trámite. De hecho, tanto el bipartito de PP y Vox en Elche como la empresa municipal Pimesa se mantienen firmes en lo que dieron a conocer hace unas semanas: adjudicación de las obras tras el verano, de manera que las obras puedan comenzar en noviembre si no hay imprevistos de última hora, mientras se sigue trabajando en el resto de trámites en los que se puede ir avanzando. Hasta el punto de que Pimesa ya tiene el plácet de las 40 comunidades de vecinos al proyecto de ejecución y a los presupuestos, al tiempo que están recopilando la documentación de las familias vulnerables para que puedan acceder a ayudas complementarias.

De media, 9.200 euros

En cualquier caso, en Elche, donde se acometerán obras para rehabilitar las fachadas, se mejorará la eficiencia energética y se instalarán ascensores en los bloques, de media, cada vivienda pagará en torno a los 9.200 euros, con el IVA incluido, aunque el coste depende de la altura de la casa y del estado en el que se encuentra el inmueble en cuestión. 

Pimesa acelera con la rehabilitación de Porfirio Pascual para acabar en 2026

Hasta 13 millones

La actuación en Porfirio Pascual, que afecta a 800 residentes, tiene un coste de 13 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta 9,3 millones; la Generalitat, 578.049; el Ayuntamiento, 1,9 millones; y los propietarios, 1 millón. En total, 11,5 millones son para la rehabilitación de los edificios; 1,2 millones para la regeneración urbana y 241.000 euros para la oficina de rehabilitación, a cargo de Pimesa, que actúa como agente de la rehabilitación.

Colonia San Esteban y el barrio de Torresal

En Torrevieja, mientras tanto, se contempla la actuación en 35 edificios y más de 700 viviendas concentradas en la Colonia San Esteban y el barrio de Torresal, aunque también hay algunas propiedades en la zona de San Roque y Los Náufragos. El proyecto asciende a 8,9 millones de euros. El Gobierno aporta 7,1 millones, la Generalitat 383.000 euros y el Ayuntamiento 767.000 euros. En el caso de Torrevieja, no obstante, la parte de financiación de rehabilitación y adaptación a la eficiencia energética que deberían aportar los propietarios de -otros 650.000 euros- la va a incorporar la propia Administración local, de manera que una de las condiciones más difíciles de completar del proyecto, el visto bueno de propietarios, en su mayoría con bajos ingresos, va a ser menos complicada. 

Bien de plazos

De hecho, fuentes municipales señalan que los plazos se están cumpliendo en Torrevieja aunque admiten que el principal obstáculo va a ser poner en marcha la oficina técnica que permite licitar los contratos de obras para comenzar sobre el terreno con la rehabilitación. También indican que entienden la preocupación de la Generalitat por anticipar solo el dinero que sea necesario en cada momento del proyecto y no todo.

El hándicap de los tiempos

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, asegura que, hasta septiembre, una vez hayan contestado los ayuntamientos, no se sabrá cuáles desisten o modifican proyectos y cuáles no, pero también confía en que las propuestas de Elche y Torrevieja saldrán adelante. Sea como fuere, insiste en que «desde Vivienda siempre hacemos seguimiento de los proyectos, y lo único que buscamos es ayudar, porque hay ayuntamientos que llevan un nivel de ejecución muy elevado, pero hay otros que han tenido más dificultades, no por falta de diligencia, sino por lo complicado que es el proceso, sobre todo a la hora de pedir las autorizaciones a las comunidades o por los costes de construcción, y ni esos ayuntamientos ni la Generalitat queremos que, al final, tengan que pagar intereses».

Eso, además, permitiría que las cantidades que se reintegren se puedan dedicar a otros programas y que, por tanto, no se pierda el dinero de la UE. «Lo único que queremos es cooperar con los ayuntamientos y evitar penalizaciones, porque somos conscientes que los plazos, para llegar a junio de 2026, son muy ajustados», sentencia Fernández. No en vano, afirma que no renuncian a seguir negociando con el ministerio para que se puedan ampliar las fechas.

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