El aumento de costes deja al barrio Porfirio Pascual sin empresa para su rehabilitación

Un pequeño contratiempo que, de momento, no varía la hoja de ruta ni respecto al proyecto ni en cuanto al horizonte temporal. Todo después de que el aumento de costes, de materiales, pero también de mano de obra, al igual que está pasando en otras licitaciones en toda España, haya llevado a que ninguna compañía se haya presentado al concurso para la rehabilitación y reforma integral del barrio de Porfirio Pascual, cuyo plazo de presentación de ofertas se cerró este jueves, según informaron desde el Ayuntamiento de Elche. 

Hándicap

El principal hándicap de este proyecto, más allá de su envergadura, es que está financiado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado en los fondos Next Generation de la UE, lo que implica que, en caso de que el proyecto no esté finalizado antes del 30 de junio de 2026, habría que devolver las ayudas. Tan importantes son los tiempos que incluso la Dirección General de Vivienda de la Generalitat ha remitido un requerimiento a los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana que se acogieron a este programa para ver en qué fase se encuentran las propuestas. Una misiva que, desde el Ayuntamiento de Elche y la empresa municipal Pimesa, interpretaron como un mero trámite porque entendían que iban a cumplir, algo en lo que se reafirman pese a que el concurso se haya quedado desierto.

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Al próximo consejo

En este sentido, el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, señala que, tras el próximo consejo de la sociedad, que se celebrará en septiembre, se volverá a sacar a licitación el proyecto, con una actualización del presupuesto. Para ello, desde la empresa pública, ya han empezado a recalcular los importes que, a priori, podrían implicar que el presupuesto se eleve en torno a un 10%.

Sin cambios

Ahora bien, Antonio Martínez deja muy claras dos cuestiones. De un lado, el proyecto se mantendrá tal cual. De lo contrario, se podría complicar el objetivo de llegar a junio de 2026 con los trabajos acabados, lo que obligaría a reintegrar las subvenciones e incluso a tener que pagar intereses de demora. Por otra parte, esa actualización no se repercutirá en las cantidades que deben pagar los propietarios, y que, de media, rondan los 9.200 euros, con el IVA incluido. No obstante, el coste depende de la altura de la casa y del estado en el que se encuentra el bloque en cuestión y si ha habido alguna actuación previa. Así, un bajo no llegaría a los 4.000 euros.

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El foco, en el Ayuntamiento

En principio, lo que se plantea es que sea el propio Ayuntamiento de Elche el que asuma esa diferencia al alza en el presupuesto. De hecho, había un margen económico en el presupuesto total subvencionable de casi un millón de euros, de manera que si faltaba algo lo podría asumir el Ayuntamiento de Elche. Y esa es la solución que hay en estos momentos sobre la mesa. 

En el mes de junio se anunció que la intención era adjudicar las obras tras el verano, de manera que los trabajos pudieran comenzar en noviembre si no había imprevistos de última hora. Ahora los plazos variarán, pero se confía en que ligeramente, lo que haría posible llegar a junio de 2026.

Otros trámites

Además, en las últimas semanas se ha venido trabajando en otras tramitaciones fundamentales para que vea la luz el proyecto. Tanto es así que Pimesa ya tiene luz verde de las 40 comunidades de vecinos para el proyecto de ejecución y los presupuestos, y también se está recopilando la documentación de las familias vulnerables para que puedan acceder a ayudas complementarias.

En paralelo, el equipo técnico contratado por Pimesa está redactando el proyecto de reurbanización del barrio, que incluye actuaciones en el alcantarillado, la red de agua potable, el soterramiento de las líneas eléctricas -aéreas en estos momentos- o el asfaltado.

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Un coste de 13 millones

La actuación en Porfirio Pascual, que afecta a 800 residentes, tiene un coste de 13 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta 9,3 millones; la Generalitat, 578.049; el Ayuntamiento, 1,9 millones; y los propietarios, 1 millón. En total, 11,5 millones son para la rehabilitación de los edificios; 1,2 millones para la regeneración urbana y 241.000 euros para la oficina de rehabilitación, a cargo de Pimesa, que actúa como agente de la rehabilitación. Todo en el marco de un programa que implica el arreglo de los daños estructurales de los edificios, el aislamiento de las fachadas, la sustitución de las carpinterías exteriores, la instalación de placas solares en las cubiertas, la centralización de los contadores de agua y electricidad en los zaguanes -ahora están en las propias viviendas-, o la eliminación del fibrocemento en las bajantes, junto a la instalación de los ascensores en la trasera de los bloques, según los datos que dio en su día Pimesa.

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