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De la calle Solars, junto a El Salvador, a la calle Uberna, justo enfrente de La Calahorra, en el edificio que en su día ocupó Adolfo Domínguez. Allí es donde se trasladará el próximo año la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), con sede en Elche y que dirige el ilicitano Santiago Gambín. Una «mudanza» que, además, llevará aparejada el refuerzo con más personal. De momento, en el corto plazo, otras cinco personas. 

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Reunión

De hecho, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, visitó este mismo jueves Elche para mantener un encuentro de trabajo con el propio Gambín, acompañado del director general de Medio Natural y Animal , Raúl Mérida; el director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental, Miguel Ángel Iborra; y el concejal de Estrategia Urbana, Francisco Soler. Una reunión en la que Martínez Mus hizo hincapié en la importancia de la agencia, que, según señaló, «está a disposición de los ayuntamientos, especialmente los más pequeños». 

Desde 2022

Fue en marzo de 2022, con el Botànic en el Gobierno valenciano, cuando se le dio carta de naturaleza a la implantación de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en la ciudad de Elche, dentro de las políticas de descentralización que pregonaba el Ejecutivo autonómico de izquierdas. La AVPT, en este sentido, tiene como principal misión velar por el uso racional o legal del suelo y ejercer las potestades administrativas de disciplina urbanística respecto de las infracciones graves o muy graves cometidas en suelo no urbanizable, común o protegido, en el territorio de los municipios adheridos, que en estos momentos son 321, según los últimos datos que maneja el departamento que dirige Vicente Martínez Mus.

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Valores de protección

Con ello, por un lado, se busca fomentar los valores de la protección del suelo rural, entendido como recurso natural escaso, limitado y no renovable, y, por otra parte, que los municipios adheridos tengan a su disposición un instrumento ágil que les facilite el cumplimiento de sus obligaciones. El propio conseller aseguraba tras la reunión que «las líneas de actuación de este departamento se centran en fomentar los valores de la protección y respeto a nuestros recursos, haciéndolos compatibles con un desarrollo sostenible». 

Prioridad

Santiago Gambín, que relevó a Manolo Civera con el cambio en el Palau de la Generalitat, ya dejó claro nada más tomar posesión de su cargo que uno de los objetivos prioritarios era convertir la sede provisional en definitiva, de manera que se mejoraran las condiciones del edificio y, sobre todo, que se pudiera incorporar el personal necesario. Para ello, la idea era buscar una localización en el centro de Elche y subrayaba que la intención era que fuera «un sitio representativo y significativo», descartando la Tesorería de la Seguridad Social, que se había llegado a barajar inicialmente, pero quee no reunía las condiciones en materia de accesibilidad.

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Alquiler

Así las cosas, se empezó a tantear edificios, hasta que ha cuajado esta operación. Para ello, el Consell abonará un alquiler a la propiedad, aunque, de momento, el mutismo es total y absoluto en torno a las cantidades que pagará la Generalitat por el arrendamiento de este inmueble, con sótano, planta baja y tres pisos que suman en total 430 metros cuadrados útiles, y que había permanecido cerrado en los últimos años, tras el cierre de Adolfo Domínguez hace casi una década.

Para 2025

La idea es que las obras para adecuar el espacio al nuevo uso que se le va a dar puedan comenzar a final de año o a principios del próximo a más tardar, para que se cumpla el plazo que se han dado: entrar en las nuevas instalaciones en 2025. Al respecto, desde la conselleria indican que la tramitación ya está muy avanzada y que las obras que se tienen que acometer, a priori, son de poca envergadura.

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Hasta 33

El traslado desde la sede provisional de la calle Solars a Uberna, además, irá aparejado de la incorporación de cinco empleados más, de manera que la plantilla se situará en las 33 personas, aunque la idea es ir a más con el tiempo, sobre todo partiendo de la base de que la agencia comenzó con 215 municipios y en estos dos años y medio de funcionamiento se ha conseguido un centenar de ayuntamientos más.

Voluntario

No en vano, son los municipios los que, de forma voluntaria, piden sumarse a la agencia y, con ello, transferir sus competencias en materia de restauración de la legalidad. Así las cosas, la AVPT se convierte en la encargada de incoar procedimientos e imponer sanciones en los casos de construcciones irregulares en el suelo no urbanizable. Eso no quita para que, aunque el municipio no se haya adherido, el organismo que dirige Santiago Gambín ejerza esas competencias de manera concurrente con la Administración local si alguien denuncia una construcción y un ayuntamiento no actúa.

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Ampliaciones

Entre las infracciones más habituales, según los datos que ha venido manejando la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en los últimos meses, y según señaló su director gerente en una entrevista en este periódico, están las ampliaciones de construcciones con habitaciones, porches y otras estancias auxiliares. De hecho, las construcciones de viviendas completas sin las correspondientes autorizaciones parece que no son lo habitual en estos momentos. Sea como fuere, desde este organismo autónomo dependiente de la Generalitat calculan que más de 300.000 viviendas están en suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana, aunque algunos casos ya han prescrito.

Por municipios, y en términos generales, los que tienen más extensión suelen ser los más afectados, como es el caso de Elche, pero también de Orihuela o Alicante, en el caso de la provincia, y algo parecido ocurre en Valencia.

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