La Audiencia abre juicio por el caso uniformes con 10 acusados
Tres agentes de la Policía Local de Santa Pola, un exedil, un miembro de Protección Civil y cinco empresarios textiles se sientan en el banquillo
El juicio comienza esta semana próxima en la Audiencia de Elche / Pilar Cortés
La Audiencia ha señalado para esta semana el inicio del juicio del denominado caso uniformes, por hechos supuestamente cometidos entre 2013 y 2016, que sentará en el banquillo a tres policías de Santa Pola, entre ellos el responsable del cuerpo, al entonces concejal, a un miembro de Protección Civil y a cinco empresarios de tres empresas textiles que abastecían de uniformidad a los agentes. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de dos delitos: malversación de caudales públicos y prevaricación (en relación con un delito de fraude) en la compra de vestimenta para la Policía Local que asciende a 2.955 euros, cantidad que parece pequeña para la controversia que generó y la expectación que ha rodeado la investigación desde que en 2017 se destapara a raíz de una denuncia de contenido político. Las defensas solicitan la libre absolución.
Es un informe de la Policía Nacional el que sirve a la Fiscalía para hacer suyo el relato de los hechos con base en que se habría cometido un fraude al fraccionar facturas porque las tres empresas que las emitían forman parte de un mismo grupo textil. Entre 2013 y 2016, se destinaron cantidades para la uniformidad de los agentes que oscilaron entre los 52.000 y los 67.000 euros. Sostiene el acusador público que en 2013 el dinero pagado a una empresa, que fue de 19.168 euros, «no se correspondió con material servido» sino que se destinó al pago de una deuda de 27.664 euros. Ese mismo año se abonó a esa misma mercantil y a una segunda otros 39.738 euros, junto a otras compras menores de 43.039 euros,«importe que hubiera requerido la adjudicación mediante concurso público y no mediante el fraccionamiento en contratos menores». En 2014, a una de las empresas se le abonaron 21.127 euros y a otra 20.521 euros, «abusando de la figura del contrato menor».
2015
En 2015 las compras ascendieron a 59.024 «con numerosas irregularidades y no acreditando la entrega de parte de las prendas». En 2016, dice la Fiscalía, solo se compró ropa a las mercantiles ahora acusadas por 4.846 euros por el «cambio de signo político del equipo de gobierno, lo que extremó los controles sobre los órganos responsables de los contratos ante las irregularidades que fueron apreciadas en la forma de proceder de estos».
Jefatura de la Policía Local de Santa Pola / INFORMACIÓN
La Fiscalía les acusa de malversación y de prevaricar de 2013 a 2016 al fraccionar las facturas de compras
Familiaridad
El acusador repasa contrato a contrato las compras de esos cuatro años y llega a la conclusión tras la revisión de correos electrónicos y WhatsApps que el objeto de los funcionarios acusados era el de evitar la contratación pública de la ropa para poder adjudicarla directamente a estas mercantiles que, sostiene Anticorrupción, no dejaban de ser el mismo grupo empresarial.
También cuestiona, con base en la documentación requisada, los modos de familiaridad con el cual se relacionaban los empleados públicos y las empresas, llegando a asegurar en su escrito de calificación en relación a uno de los contratos que «la tramitación del expediente no fue más que un ‘paripé’ fruto de las actuaciones de los acusados, y ello que ni se pretendía satisfacer las necesidades de los funcionarios policiales, ni los materiales a los que se refería el contrato serían los finalmente entregados ni los precios coincidirían con los del contrato».
"Usos ajenos a la función pública"
Fiscalía reclama a los acusados dos cantidades. Una de 2.955 euros «que fueron aplicados a usos ajenos a la función pública», dice en el escrito, porque se satisfizo por el Ayuntamiento a favor de las mercantiles pero «no realizó contraprestación alguna». La segunda son 5.332 euros, que es el supuesto beneficio industrial de las «fraudulentas adjudicaciones», que es un porcentaje, un, 6 % de los 88.880 euros de la suma de las facturas.
Las penas oscilan entre los 3 años y tres meses de cárcel por la prevaricación para los funcionarios, que se queda en dos años y nueve meses para los responsables de las empresas, al año y seis meses por la malversación.
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