El caso uniformes da un giro al pedir las defensas la nulidad por coacciones

Primera vista, esta mañana, del caso uniformes en la sección XI de la Audiencia Provincial con sede en Elche, y primer giro inesperado de los acontecimientos. Las defensas -cinco abogados- iniciaban este martes su alegato de una forma distinta a la habitual. No comenzaban defendiendo la inocencia de los diez acusados (el excocejal del PP en Santa Pola Antonio Pérez, tres policías locales, un miembro de Protección Civil y cinco empresarios de tres empresas textiles que abastecían de uniformidad a los agentes). Desde el primer instante se denunciaban «muy serias violaciones de los derechos fundamentales de los acusados» por prevaricación administrativa y fraude (tres años y tres meses les pide de cárcel el fiscal a todos menos a los empresarios, para los que solicita dos años y nueve meses), así como por malversación de caudales públicos (les piden, a todos, un año y seis meses).

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El primero de los letrados en participar aseguraba que «se requisaron documentos no amparados por el mandato judicial, sin el requerimiento preceptivo del juez, que se presentó fuera de plazo». El segundo abogado, Lorenzo Bonmatí, defensor del oficial de la Policía Local Roque Alemañ, fue más lejos. Tanto, que el fiscal anticorrupción tildó sus denuncias de «gravísimas» y utilizando «palabras muy gruesas».

En su alegato, Bonmatí dijo que «el correo electrónico del 17 de noviembre de 2015, el que dio origen a todo el procedimiento, es un documento falso. No hay ninguna evidencia de que ese email lo recibiera nadie». Se refería al mensaje que supuestamente su defendido habría mandado para solicitar a la misma empresa las tres ofertas preceptivas para realizar el concurso de adjudicación de los trajes policiales -una de las ilegalidades denunciadas por el fiscal-.

Además, señalaba que su cliente «no reconoce ese supuesto email» y que «fue coaccionado para tener acceso a sus claves personales del correo electrónico». Asegura que en sede policial, después de más de diez horas detenido, accedió a dar sus claves, pero que «los agentes coaccionaron a mi representado para tener acceso, por lo que obtuvieron la prueba de forma ilícita, vulnerando los derechos fundamentales de mi representado». Si la prueba «se consiguió de forma ilegal ya que se obtuvo ejerciendo presión a mi cliente, este tiene derecho a no ser condenado». Tratándose además de una prueba principal, «todo el proceso se ve afectado», por lo que el defensor solicitaba la nulidad del procedimiento. «El consentimiento tiene que ser libre y no viciado, debe quedar exento de todo elemento de violencia o intimidación».

Cadena de custodia

Además, este abogado solicitaba «la nulidad de todos los emails al no haberse garantizado la cadena de custodia, con importantes irregularidades en el procedimiento que perjudican el derecho a defenderse del acusado, quedando gravemente comprometida su defensa». Bonmatí también se refirió a que las defensas no tuvieron acceso a los emails que analizaba la Policía hasta un año y medio después de reclamarlo la jueza que en Instrucción llevó el caso. «Primero enviaron un DVD vacío, luego hicieron caso omiso al requerimiento judicial». Hasta 13 meses después «no contestaron y su primera respuesta fue que tenían problemas técnicos. Estuvieron retrasando la entrega de la base de datos de los emails».

El abogado lamentaba que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional no garantizara la cadena de custodia y su falta de pericia y conocimientos técnicos. «¿Ahora quién se cree la veracidad o no de ese email, que además no estaba en las plataformas de entrada de los presuntos destinatarios, como certifica la propia Udef?», se preguntaba. Además, apuntaba a la «falsedad» del citado email, que «se imprimió un 6 de noviembre de 2015 mientras el correo electrónico se enviaba 11 días después. ¿Cómo es posible? Pensamos que fue creado burdamente, a lo que hay que añadir el acceso ilegal a la cuenta de correo de mi representado».

Nueva vulneración

El letrado demandaba al tribunal que resolviera sobre la nulidad de la prueba antes de iniciarse el juicio o «se generaría una nueva vulneración de los derechos fundamentales de mi cliente». A su vez, se refería a que sería imposible aplicar justicia a partir del momento en el que esa prueba quedara anulada, porque el resto se sobrevalorarían. El abogado aportaba un aluvión de nuevos documentos a jueces y fiscal, una carpeta más grande que un ladrillo de cemento.

Los tres compañeros restantes suscribían a los anteriores e insistían en la nulidad del proceso ante la «inexistencia de una acusación válida».

Ministerio Fiscal

Por su parte, el fiscal era tajante al afirmar que los acusados formaban parte de un entramado y al defender que no existe causa de nulidad puesto que «si existía esa supuesta coacción debía haberse recurrido en el momento en el que ocurrió», no más de un año después. «Se alega ahora la nulidad con palabras muy gruesas contra los funcionarios policiales. El derecho de los defendidos tiene sus límites. Otra cosa es calumniar a funcionarios con delitos como detención ilegal o coacciones. Las claves del email de Alemany se le solicitaron correctamente y él accedió voluntariamente a concederlas el 28 de junio de 2017, ante su letrado. Entonces, ni letrado ni acusado hicieron ver que existiera ninguna irregularidad en la forma de proceder de la Policía. Pasan 15 días y no hay ningún acto que manifieste que había revocado su voluntariedad. De forma concienzuda tratan ahora de desbaratar todos los indicios. No es hasta cuando la Policía presenta su informe final sobre los emails hasta cuando en un pequeño párrafo al final se refieren a la forma de obtener el consentimiento, pero tampoco hablan de coacciones ni piden la nulidad del la prueba. Y eso hacía más de un mes después de la puesta en libertad del acusado. Sus acusaciones a los policías sobre su actuación son gravísimas. No todo vale. No concurre ninguna causa de nulidad», concluía el fiscal, a la vez que solicitaba tiempo para poder contestar «con suficiente rigor».

El presidente de la sala se lo concedía y anunciaba que este miércoles se retomará el juicio con el alegato inicial del acusador y que, a continuación, el tribunal decidirá si continuar la vista y resolver sobre las novedades iniciales al final del proceso o si lo hacen en esta segunda sesión.

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