La Audiencia rechaza anular el juicio del «caso uniformes» al faltar pruebas

Los tres magistrados de la sección VII de la Audiencia Provincial con sede en Elche que juzgan el «caso uniformes» relacionado con el fraccionamiento de pagos para la compra de ropa para la Policía Local de Santa Pola expusieron esta mañana su rechazo a la anulación del juicio, tal y como pidieron en la primera sesión del mismo los abogados defensores. Estos, en sus alegaciones iniciales, habían denunciado varias irregularidades, entre ellas, que algún testigo había sido coaccionado por los agentes policiales para dar sus claves informáticas y que los investigadores pudieran acceder a sus correos electrónicos. En concreto, fue el abogado del oficial del cuerpo municipal Roque Alemañ quien aseguró que se había coaccionado a su cliente.

El caso uniformes da un giro al pedir las defensas la nulidad por coacciones

Los defensores también denunciaron que el fiscal había presentado su escrito de acusación fuera de plazo, que se habían cometido otras vulneraciones de derechos fundamentales -incluso que algún testigo había sido obligado a desnudarse en Comisaría- o que se habían perdido algunas pruebas documentales y otras se habían manipulado o falseado.

Ya en la primera jornada de juicio -el martes-, el fiscal negó tajantemente todas las «calumnias» de los defensores, y rechazó que pudieran probarse asuntos como la coacción. En este extremo concreto resaltó que el detenido y ahora acusado cedió «libremente» sus claves. Esta mañana, lo volvió a repetir, siendo mucho más profuso en su exposición, que duró casi hora y media.

El responsable del Ministerio Público había pedido tiempo en la sesión del lunes para poder preparar una respuesta rigurosa ante el giro que estaba tomando el juicio por las acusaciones de las defensas.

La posición de la Fiscalía

El acusador se negaba, tajante, a la suspensión del juicio y señalaba que para acusar de «alteración o manipulación de pruebas y de coacción es necesario tener pruebas de ello. No todo vale para defender a un acusado. En todo caso, no concurre ningún supuesto de nulidad y seguro que un tribunal como este, con tres magistrados de alta experiencia, así lo certificarán».

El fiscal comenzaba por «negar que los agentes se extralimitaran a la hora de recoger más efectos de los autorizados por el mandato judicial, ya que este incidía en que se podría recabar cualquier otra información que pudiera tener valor en la causa. Y así se hizo. A su vez, todo lo incautado se puso en manos de la autoridad judicial».

Sobre la acusación de hacerlos desnudarse, afirmó que «es una práctica muy poco habitual y, de realizarse, debe constar en el informe, lo cual no consta». El representante de la acusación se refirió al email concreto que la defensa dijo que se había obtenido de forma ilícita por coacciones y que el acusado no lo reconocía como propio. Aseguraba el fiscal que «no se puede declarar nulo un juicio basándose en unos hechos controversibles, afirmando que el documento se manipuló sin que ello sea objeto de práctica de prueba».

Fraccionamiento

A su vez, remarcó que el citado correo «no era el único documento para que se abriera este procedimiento, olvidándose la defensa de que todo comienza con una denuncia del entonces edil Ignacio Soler». Ese email «no es lo que dio pie a la investigación o lo único que dio pie a ella. El conjunto documental probatorio es mucho más amplio y se basa en el fraccionamiento de los contratos».

El fiscal se refirió a que el presunto autor de ese email, Roque Alemañ, declaró durante una hora y media el 9 de junio de 2018 ante su defensor y el fiscal. «Y lo hizo extensamente y expresamente sobre el correo electrónico en cuestión. ¿Por qué no lo impugnó entonces formalmente y sí lo hace a partir de mayo de 2024, más de cinco años después?», se preguntaba el acusador.

Las claves de acceso a los correos se consiguieron «de forma legítima» según la Fiscalía, que aboga por que la impugnación debería realizarse en fase de instrucción y no en el juicio. «La Policía Científica no analizó la autenticidad de los correos electrónicos porque nadie lo ha cuestionado. Tampoco se anuncia en ningún momento que se va a presentar peritaje sobre estos términos. Ni siquiera en el escrito de la defensa se impugna este extremo. Todo ello a pesar de que el primer señalamiento para el juicio es el 18 de septiembre de 2023. Tampoco se aporta entonces una pericial sobre el asunto pese a que la vista podía haber comenzado entonces», remarcaba.

Ya es el 8 de mayo de 2024 cuando la defensa pide una copia del volcado para realizar una prueba pericial. La Policía Científica entrega esa copia y «entonces la defensa argumenta que faltan cinco correos, el 27 de septiembre pasado». Sobre una «supuesta falta de entrega de un CD con los mensajes de Whatsapp», el fiscal incidía en que «nunca se habla de descargas de mensajes del teléfono del acusado Alemañ. El 4 de octubre de 2017 se hicieron fotos de sus conversaciones con Zaragoza y Amorós y se imprimieron y pusieron a disposición de la jueza instructora».

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En instrucción

«La decisión de cuestionar la autenticidad no encuentra sustento y si hubiera algo de sospecha el momento de plantearlo hubiera sido en instrucción», concluía la Fiscalía.

Ayer, el último en hablar fue el presidente del tribunal de la sección VII de la Audiencia, que anunciaba que se aceptaría la petición de las defensas de que los acusados declararan al final del juicio, «porque parece que existe un criterio nuevo del Tribunal Supremo que así lo ampara, así como varias sentencias y con base en el acuerdo de la junta provincial de magistrados». También aceptaba el tribunal que las declaraciones se realicen junto a sus abogados.

Los jueces rechazaban la extemporalidad y, lo esencial, desestimaban la anulación de las pruebas o del juicio, como pedían las defensas. Sus acusaciones «precisan de la práctica de la prueba. No está clara la concurrencia de los supuestos» denunciados en la fase inicial por los abogados defensores «sin antes practicarse las necesarias pruebas. Durante el proceso tendremos más información de estos términos».

Los magistrados sí admitían las nuevas pruebas y la declaración del entonces concejal de Hacienda, José Pedro Martínez, así como el informe informático pericial, pero con una llamada de atención a los abogados defensores por el retraso en presentar los documentos.

Por último, el tribunal pedía a los acusados que declararan sobre su culpabilidad. Todos dijeron ser inocentes y casi todos expresaron su intención de contestar las preguntas de sus abogados y del fiscal. Uno de los que se negó, al menos de inicio, a hablar con el Ministerio Público fue el exedil Antonio Pérez (PP). Tampoco lo harán varios trabajadores de la empresa.

Hoy se reanudará la vista con la declaración de dos testigos, el denunciante y exedil de Cs Ignacio Soler y la exalcaldesa de Santa Pola Yolanda Seva (PSOE).

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