Caso uniformes: Un bandeja de papel para reciclar y un correo electrónico envenenado

Más de un centenar de testigos, aunque esta semana se haya renunciado por las defensas a una treintena para evitar reiteraciones de muchos de ellos, que son agentes, y 19 días de sesiones ante la sección VII de la Audiencia, tienen que dilucidar si el sistema de compra de material para la Policía Local de Santa Pola, entre 2013 y 2016, que iba desde los zapatos, a las camisetas, pasando por los pantalones, los grilletes o las chaquetas, que siempre se adquirían a las mismas empresas de fabricación textil de un grupo familiar de Redován mediante contratos menores, mercantiles que, según sostienen los letrados de los acusados, eran distintas pues ofrecían catálogos y calidades diversas y, consecuentemente, también precios, constituyen una práctica ilegal porque enmascaraban un fraccionamiento intencionado para eludir procesos de contratación pública más garantistas que el de invitar a tres empresas porque el montante era inferior a los 18.000 euros. De ser así, sus responsables habrían cometido un delito de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, que en este caso ascendería a poco más de 2.800 euros a lo largo de cuatro ejercicios, como sostiene la Fiscalía Anticorrupción. O bien estamos ante una práctica habitual que durante años, y no solo este ayuntamiento, sino otros de la provincia, han usado para abastecerse de la compleja renovación del vestuario policial, tallas incluidas. 

Se da la circunstancia, y esta es una de las principales bazas de las defensas, todo ello se hacía desde hacía años sin tacha alguna de los departamentos de Contratación e Intervención, garantes del dinero público, que daban su visto bueno con informes que se aprobaban por junta de gobierno. Aunque los técnicos de estos departamentos eran los que proponían y resolvían, en definitiva, los que decidían, ni uno se sienta en el banquillo. Un proceso este que los abogados insistieron en reiteran con sus preguntas a dos testigos claves del proceso: la que fue denunciante, la alcaldesa Yolanda Seva (PSOE); y su socio político Ignacio Soler, cabeza de lista de Cs y expulsado de la formación por integrarse en un gobierno de Compromís.

Copia en papel

Es la copia en papel de un correo electrónico (que las defensas sostienen que está manipulado con base a un peritaje que dice que se «fabricó» 11 días después de la fecha que pone en él), documento que un agente encontró en una bandeja de papel para reciclar (bandeja que según otro policía declaró ayer no existía) y la llegada de un nuevo equipo de gobierno a Santa Pola, gracias un acuerdo a cinco que desbancó a Miguel Zaragoza (PP) firmado por PSOE, Esquerra Unida, Ciudadanos, Compromís y Sí se Puede, que convirtió a la socialista Yolanda Seva en regidora, los dos elementos que acabaron en denuncias sobre la gestión del alcalde y una que implicaba a su hermano, José Miguel Zaragoza, jefe de la Policía Local desde muchos años atrás, que es la que se juzga. Fue la investigación posterior de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía la que ha servido a la Fiscalía Anticorrupción para sentarlo en el banquillo junto a otros responsables policiales, también al entonces concejal del área, a un responsable de Protección Civil y a representantes de las empresas textiles. Nueve acusados, pues otro falleció durante la instrucción. 

Declaraciones

Ayer, en la que era la primera jornada de declaraciones, pues las dos primeras han servido para dilucidar las cuestiones previas, entre ellas la nulidad del proceso, donde se ha aportado por las defensas, incluso, un informe de la propia Fiscalía Anticorrupción que sirvió para archivar en fase indagatoria una denuncia, en este caso del PP de Elche, contra PSOE y Compromís por un supuesto fraccionamiento de facturas, es decir contratos «a dedo» sin tramitación alguna en el Ayuntamiento ilicitano por valor de 2,5 millones, lo que no se descubrió como en este caso, casualmente, por la copia de un correo electrónico en una bandeja de papel reciclado, sino por un informe de la propia Intervención. 

La actual diputada Yolanda Seva compareció ayer por más de tres horas y llamó la atención que recordara claro el día que un policía -que ayer se ratificó en su declaración- le llamó para decirle que había encontrado la copia de un correo sospechoso en la bandeja de reciclaje de papel, pero no se acordara que en esos momentos era ella la responsable de la Policía. La regidora aseguró que llevó el tema a una reunión con sus socios y que fue Ignacio Soler quien a partir de ese momento tomó las riendas de las denuncias. Era enero de 2016. La regidora, a preguntas de las defensas, admitió que no llegó a abrir una investigación interna sobre esos hechos para esclarecerlos, pero sí habló con el jefe de la Policía. Este restó importancia ante una posible denuncia y ella aseguró que en aquella época,«la policía estaba indignada porque le faltaba material», que aquel correo electrónico, entre una de las empresas textiles y uno de los acusados, a una cuenta particular, no oficial, versaba sobre adquisición de material. «Le dije (a Zaragoza) que lo iba a denunciar. Que iba a cumplir con la legalidad».

Según la testigo, este le dijo que «podíamos arreglarlo de otra manera» mientras ella quería saber «si era algo puntual o si se seguía este modus operandi». La exregidora dejó claro que no iba a consentir estas prácticas, que investigó otros contratos de material, asegurando que descubrieron que en otra ocasión se entregó ropa antes de la firma del mismo. La testigo dijo que los informes para adjudicar los contratos se repetían independientemente del tipo de ropa, de si era invierno o verano. Y que hablaron con agentes para preguntarles si habían recibido su indumentaria, como se decía en un informe, asegurando estos que no. Ahora bien, no existe constancia registral en el Ayuntamiento de esta grave aseveración, admitió. También dijo que documentación que le pidieron los investigadores y no encontraron apareció en fechas posteriores de forma casual. Seva añadió que fueron tiempos convulsos, «igual nos tuvimos que dar cuenta antes. Era difícil con la vorágine de acontecimientos que se estaba dando el que eso pudiera suceder. En aquella época teníamos que hacer muchas preguntas sobre muchas cosas». 

Procesos de compra

Tanto ella como Soler, entonces concejal de Hacienda, admitieron que en los procesos de compra de contratos menores la forma de actuar era que técnicos de Contratación y de Intervención daban su visto bueno tanto a las tres empresas que licitaban como a la ganadora en función del precio que ofertaban, que ellos solo lo ratificaban en junta de gobierno, alguno incluso contratos de ropa de la Policía Local siendo ellos ya el nuevo equipo de gobierno de Santa Pola.

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