Ruz interpreta la ley de residuos por su "ambigüedad" para que el "tasazo" suponga solo de 18 o 20 euros más al año

Las familias ilicitanas pagarán entre 18 y 20 euros más, en función de la zona donde vivan, a partir del próximo año (cifra que supone de 38 a 40 euros para los contribuyentes por actividades económicas) tras la entrada en vigor de la nueva ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, aprobada en 2022, lo que está previsto que suceda en abril de 2025 tras una vacatio legis de tres años, tiempo que se facilitó para que los municipios realizaran los sustanciales cambios que nacían de una directiva europea que el Gobierno de España hace suya con esta norma. La novedad más importante es la emisión de un nuevo recibo semestral que gestionará Suma y que viene a aglutinar la cantidad que ya se pagaba de forma conjunta con la factura de Aigües d’Elx (que eran entre 85 y 74 euros anuales según la cateogría de la calle) al que se añade este incremento. Ello va a suponer por el bolsillo de los ciudadanos un 25 % más de lo que pagan ahora, pasando, aproximadamente, a abonar entre 107 y 92 euros anuales.

El temido «tasazo», expresión que ayer utilizó el propio alcalde, Pablo Ruz, no es más que pagar por un servicio público (limpieza, transporte y eliminación de residuos) que se recibía, pero que en gran medida los ayuntamientos soportaban con cargo a otras partidas del presupuesto. Con ello, el gasto ha ido subiendo, pero nadie se ha atrevido a trasladarlo a la tasa del servicio como hubiera sido lo correcto. Con ello existe un tremendo desfase, del que no son conscientes los propios ciudadanos sí sus políticos, entre lo que cuesta retirar y eliminar sus basuras y lo que en realidad está pagando con la tasa (solo un 43 % en el caso de Elche). El objeto de la ley era resolver un mal crónico de la administración y que sirviera para que los ciudadanos tuvieran conciencia del coste real que supone la eliminación de residuos por la necesidad de aumentar la conciencia ecológica y el reciclaje, ya que, además, la norma prevé que aquellos que menos contaminen también deberían pagar menos, pero esa es otra cuestión.

Trago amargo

Ruz, junto a su socia, Aurora Rodil (Vox) y el concejal de Hacienda, Francisco Soler, salieron a dar explicaciones sobre lo que, a priori, era un trago amargo: un anuncio de más carga tributaria a los ilicitanos con un nuevo recibo, algo que dijeron a lo que estaban obligados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora bien, gracias a la gestión municipal realizada -«ingeniería financiera», fue la expresión utilizada-, casi lo que venían a contar se podía interpretar como una victoria porque le han dado la vuelta como si fuera un calcetín. Elche aplicará la tasa, pero no tendrá que llegar a los alarmantes aumentos que están autorizándose en otros municipios del país, de hasta un 250 %. ¿Por qué? Porque el alcalde y su equipo de gobierno consideran que están ante una ley ambigua, lo que les da la oportunidad de interpretarla y con ello no cargar en el saco de la tasa todo el gasto que supone. Es cierto que se subirá el recibo de 18 a 20 euros, pero esta es una pequeña parte de lo que debiera incrementarse si tenemos en cuenta lo que cuesta el servicio, que supera los 22 millones de euros, mientras que se ingresa por la tasa 9,2 millones de euros. Es decir, el desfase se sitúa en cerca de 12'8 millones de euros. 

«Hemos trabajado durante los últimos meses para encontrar las mejores condiciones que permitan amortiguar esa subida que no compartimos -dijo el regidor-. Nuestra filosofía es la de bajar impuestos y reducir la presión fiscal de los ilicitanos. Nosotros no queremos aplicarla, no compartimos la filosofía de la ley ni la obligatoriedad que establece, de ahí nuestra intención de que no se aplique la subida brutal que pretende el Gobierno de España, porque es abusiva para el bolsillo de los ilicitanos». 

Solución adoptada

¿De quién ha sido la solución adoptada?. Todo apunta al responsable de Hacienda. «Por primera vez tenemos en este Ayuntamiento un economista», dijo Aurora Rodil, sumándose a los parabienes del regidor hacia Soler. Ese aumento de 18 a 20 euros va a suponer que la recaudación pase de esos 9,2 millones de euros en los que lleva años anclada (antes incluso de la adjudicación del servicio en 2020 a la UTE Urbaser-FCC por una década y 281 millones de euros más extras) a algo más de 12,1 millones de euros; es decir, con el nuevo recibo se sobrepasará la mitad del coste real, pero se seguirá estando muy lejos de que sea una tasa que refleje la realidad del servicio.

En cualquier caso, el equipo de gobierno, para lo que interpreta que se pretende con la ley, le parece que es lo justo. ¿Qué parte del coste de la factura considera el ejecutivo local que no debe formar parte de la nueva tasa? Ayer el regidor se refirió a cuestiones de limpieza, como el barrido o al baldeo de calles, gastos que entiende que no forman parte del reciclaje y, por lo tanto, del objetivo de la norma. Con ello, 9 millones de euros de coste se seguirán pagando a través del presupuesto para no cargarlos en la tasa, que será deficitaria en un 43 %. 

Tremendas subidas

El resto de municipios, lo que han hecho, de ahí las tremendas subidas aplicadas, es ceñirse a su interpretación de lo que dice la ley. ¿Y qué dice?. Esto:«La previsión contenida en la Ley 7/2022 debe ser interpretada como el necesario cumplimiento de un principio y no como la imposición a los ayuntamientos de una absoluta precisión en la cobertura de los costes del servicio, es decir, que se aproxime lo máximo posible al coste real, máxime teniendo en cuenta los posibles beneficios fiscales», dice una circular del Ministerio de Hacienda, en la que se añade: «La cuantía global de la tasa habrá de reflejar el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluyendo las campañas de concienciación y comunicación».

El equipo de gobierno no solo salió para explicar esta «amortiguación del tasazo» que habían dado por resuelto, sino que Aurora Rodil asegurara que se van a bonificar con el 50 % del recibo a hasta 17.000 familias entre las que se encuentran personas vulnerables (previo certificado de Acción Social), mayores o familias numerosas. Y esto no es un tema menor porque supondrá que pasen a pagar menos incluso que ahora. Para tener la subvención habrá que solicitarla.  

Críticas

El portavoz del PSOE, Héctor Ruiz, salió más tarde a reprochar al alcalde sus críticas a la nueva ley cuando, «siendo senador, no votó en contra de la ley que obliga a poner la tasa de basura». El PP se abstuvo tanto en la Cámara Alta como Baja y recordó que «es la Unión Europea la que obliga a poner una tasa por residuos a través de una directiva que aprobó el PP en 2018 con el popular Arias Cañete como comisario de Energía y Cambio Climático. «Que deje de mentir, no enrede más y deje de culpar a otros cuando de lo que habla no le gusta y que asuma de una vez su responsabilidad».  

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