Dos exalcaldes de Bigastro confiesan un fraude con falsas cotizaciones agrarias

El que fuera alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, aceptó este miércoles en la sección VII de la Audiencia, con sede en Elche, dos penas que suman 7 años de inhabilitación para cargo público por los delitos de fraude y prevaricación (tres años y seis meses por cada una). El mismo castigo para el que fuera su sucesor, Raúl Valerio Medina, y para el secretario municipal de ambos, Antonio Saseta. Todo ello para llegar a un acuerdo sobre la retirada de un tercer delito de malversación de caudales públicos por el que les acusaba la Fiscalía Anticorrupción y beneficiarse al mismo tiempo de una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Otro juicio más y otra pieza más derivada de la gestión del primero, hasta octubre de 2008, cuando fue detenido por la Guardia Civil, y que salpicó a su sucesor, compañero en el grupo municipal socialista, que acabó asumiendo la vara de la Alcaldía hasta concluir el mandato en 2011.

La investigación descubrió un fraude con falsas cotizaciones agrarias que pagó el Ayuntamiento de Bigastro con el objeto de beneficiar a 47 vecinos, en su mayoría mujeres, que pasaron a estar dados de alta en el Régimen Agrario de la Seguridad Social en diversos momentos y a lo largo del periodo comprendido entre 2003 y 2011 por no hacer nada. El único objetivo era que accedieran a «todo tipo de prestaciones de la Seguridad Social: desde las no económicas, como la cobertura sanitaria; hasta las económicas, de carácter vitalicio, como la pensión de jubilación», dice la Fiscalía.

Decreto

El fraude nació con un decreto de Alcaldía en 2003 que marcaba las altas y bajas, las afiliaciones y las respectivas cotizaciones de cada uno de los falsos trabajadores a través de una asesoría que tenía contratada el Ayuntamiento para comunicarse con la Tesorería General de la Seguridad Social. Dice la Fiscalía que, cuando Moya dimitió tras su arresto, su sucesor mantuvo el «torticero comportamiento, perpetuando el pago de cotizaciones por ficticias relaciones laborales». El secretario también es responsable, dice el acusador público, pues «gracias a su conducta, se pudo producir la desviación de poder consistente en que el Ayuntamiento asumiera altas, bajas y afiliaciones simuladas y pagara cotizaciones por fingidas relaciones laborales, dado que no opuso ningún tipo de reparo a esta forma de actuar, incumpliendo su obligación de velar por el adecuado respecto a la ley».

Añade que tampoco «fiscalizó el gasto del consistorio a fin de evitar que las defraudaciones analizadas se produjeran y consintió el uso indebido de los fondos públicos, de cuya custodia era garante, y ello pese a que las personas con cargo a las cuales se pagaba la cuota patronal no disponían de contrato de trabajo con el Ayuntamiento que sustentara el pago de esta cuota ni tampoco figuraban en el sistema de contabilidad municipal». Los beneficiarios nunca tuvieron relación laboral y nunca percibieron haberes ni nómina, «tampoco la reclamaron», dice Fiscalía, durante los periodos en los que estuvieron dados de alta. Para percibir prestaciones era preciso un número mínimo de jornadas reales cotizadas al año -conocidas popularmente como peonadas- sin las cuales no es posible seguir en el régimen especial agrario, acreditando con ellos periodos de carencia.

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Acuerdo

En diciembre de 2009, el Ayuntamiento estaba tan arruinado que dejó de pagar las cotizaciones a la Seguridad Social. En 2011, con un nuevo gobierno municipal y con Rosario Bañuls (PP) al frente, esta llegó a un acuerdo para un abono de forma aplazada. En 2014, la Inspección de Trabajo levantó acta de infracción al Ayuntamiento por la simulación de las relaciones laborales para la obtención indebida de prestaciones. Se sancionó a 16 falsos empleados y también se acordó anular los periodos de alta de 38 trabajadores. En 2015 se impuso al Ayuntamiento una sanción de 25.000 euros. Durante esos años, el municipio pagó 25.881 euros en cotizaciones. Todo ese dinero se ha exigido tanto a los tres condenados penales, con la mayor parte de la cuantía y sus intereses, como a los civiles, que son los 47 falsos trabajadores.

Suelo municipal

Jose Joaquín Moya se encuentra en prisión desde febrero de 2024 en un centro penitenciario de régimen abierto de Murcia para cumplir una sentencia en firme de 4 años de cárcel por quedarse dinero de la venta de suelo municipal. Aún le quedan dos juicios por delante, uno en septiembre por la adquisición de un vehículo; y otra por una permuta de suelo que, a priori, está señalada para 2027. Ahora bien, es más que posible que se pueda llegar a un acuerdo para adelantarla, que concluya cuanto antes este largo periplo judicial y puede beneficiarse en prisión de beneficios, como permisos, que en estos momentos no disfruta. Ayer algunos de esos 47 trabajadores no acudieron a la vista; otros, han fallecido.

La necesidad de llegar a un acuerdo para garantizar el resarcimiento del Ayuntamiento, representado por el abogado Marcos Sánchez Adsuar, hizo que este aceptara que ejecutaría las reclamaciones a posteriori para poder poner fin a este capítulo con una sentencia y no tener que volver a buscar un nuevo acuerdo de garantías.  

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