El plan para Porfirio Pascual: inicio de obras en febrero y un 74% ejecutado a fin de año

Si hubiera que hacer un ranquin de los proyectos más importantes que tiene en estos momentos Elche entre manos, la rehabilitación del barrio Porfirio Pascual estaría en el top. No sólo por la inversión en sí, porque está financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enmarcado en los fondos Next Generation de la UE o porque afecta a 300 viviendas distribuidas en 18 edificios. También por lo que implicará este plan de regeneración urbana para un entorno caracterizado por su bajo nivel de renta y una población envejecida. Sin embargo, para evitar tener que devolver las ayudas europeas, los trabajos deben estar finalizados antes del 30 de junio de 2026 y, de por medio, hubo que revisar al alza el presupuesto, después de que la primera licitación quedara desierta el pasado mes de agosto. Ahora desde la empresa municipal Pimesa confían en tener salvados ya todos los escollos, hasta el extremo de que, en su programa anual de actuación, inversión y financiación para 2025, apuntan a que al cierre de este año recién estrenado las obras alcanzarán un grado de ejecución del 74% y, con ello, se llegaría al horizonte de junio de 2026 con todo el trabajo hecho.

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Firmes con los plazos

El documento de la sociedad pública, en este sentido, contemplaba que la adjudicación de las obras de regeneración urbana se hiciera efectiva antes de que acabara 2024, pero no pudo ser. Sin embargo, el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, sostiene que la hoja de ruta se mantiene firme, hasta el extremo de que asegura que, tras las últimas evaluaciones, y una vez hecha la propuesta de clasificación, con carácter inminente se le requerirá a la empresa que ha presentado la mejor propuesta técnica y, al mismo tiempo, económica -en este caso, coinciden ambos extremos- toda la documentación, con la vista puesta en que el contrato se pueda formalizar cuanto antes y que las obras, a más tardar, puedan comenzar en febrero, lo que haría posible cumplir con los plazos marcados por Bruselas para no perder los fondos Next Generation. Incluso el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, tacha de «paso definitivo» este requerimiento de documentación a la oferta mejor clasificada «para la tan esperada rehabilitación integral de Porfirio Pascual, un proyecto de ciudad que va a suponer un antes y un después en la vida de este barrio», y también insiste en que los tiempos no varían y la obra será una realidad en junio de 2026, como marca la UE. 

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Vía de urgencia

En este caso, para aligerar plazos dentro de este proceso que se está tramitando por vía de urgencia, se facultó a la gerencia de Pimesa para que fuera la encargada de requerir la documentación a la firma mejor clasificada, sin necesidad de convocar al consejo de administración. A partir de ahí, la empresa en cuestión tendría cinco días hábiles para presentar toda la información que marca el pliego de condiciones administrativas. Posteriormente, se convocaría el consejo de administración de Pimesa, se notificaría la decisión a las cuatro sociedades que se han presentado a la licitación, y, pasados los diez días que se establecen para que los afectados puedan presentar recurso si lo estiman oportuno, y si no hay sobresaltos, se formalizaría el contrato, lo que llevaría el inicio de obras a febrero si no hay cambio de guion.

Con algunos cambios

Fue en febrero de 2023 cuando se formalizó el convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Elche para rehabilitar las 300 viviendas del barrio Porfirio Pascual, dentro de una actuación que, entre los costes de rehabilitación y reurbanización y la oficina de rehabilitación, se situaba en torno a los 13 millones de euros. Comenzó así el grueso de la tramitación que tendría uno de sus puntos culminantes entre junio y julio del año pasado, cuando, una vez conocido el proyecto redactado y el coste de la intervención, las 40 comunidades de propietarios que integran el barrio dieron el plácet al plan, el presupuesto, la forma de financiación y las cuotas que debería pagar cada uno de los titulares de los inmuebles, con el añadido de que la aportación de los particulares se elevó del millón de euros inicial hasta los dos millones.

No obstante, sólo unas semanas después, en agosto, el proyecto sufrió el que ha sido el revés más importante hasta la fecha: ninguna empresa concurrió al proceso, y la licitación quedó desierta. Así las cosas, como detalla la hoja de ruta de Pimesa para este año, «se solicitó al equipo redactor la revisión y actualización del presupuesto del proyecto, teniendo en cuenta la situación de especial evolución al alza de los precios de los materiales de construcción y de los costes energéticos que está afectando al sector de la construcción en los últimos años, por factores globales y locales que repercuten tanto en la oferta como en la demanda». Se presentó, de este modo, ya a principios de octubre, el nuevo proyecto básico y de ejecución, con un presupuesto revisado que ascendía a 12,6 millones de euros, impuestos incluidos, frente a los 11,5 iniciales, y llevando hasta los 14 millones la inversión necesaria si se suma también la reurbanización.

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Baile de viviendas y ayudas

A eso se agregó que, en el momento en el que Pimesa redactó la memoria-programa que formó parte del expediente municipal para la solicitud de concesión de las ayudas en junio de 2022, según los datos catastrales existentes, en el barrio resultaban un total de 302 viviendas y 18 locales comerciales, cuando posteriormente se verificó que hay 300 viviendas y 20 locales comerciales. En paralelo, inicialmente se cifraron en 227 las unidades de convivencia con situaciones de vulnerabilidad frente a las 147 unidades que se detectaron finalmente.

Todo eso ha llevado a que se produzca «un ligero ajuste a la baja del número efectivo de viviendas a rehabilitar respecto a las inicialmente previstas, así como una reducción en la cuantía de las ayudas objetivas y personales respecto a las fijadas en el acuerdo de la comisión bilateral suscrito, fundamentalmente por la reducción de unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad económica», apuntan desde Pimesa en su plan de actuación.

Con la mediación del Consell

Con estos puntos de partida, y tras ajustar la cifra de viviendas, los expedientes de vulnerabilidad y la revisión al alza del presupuesto, la empresa municipal sitúa en 537.653 euros la aportación adicional estimada para cubrir todas las necesidades de financiación. Ante ello, especifica Pimesa en su documento, la junta de gobierno local, con fecha de 11 de octubre de 2024, «aprobó el nuevo presupuesto resultante del citado proyecto, y solicitar a la Generalitat Valenciana que realice las gestiones necesarias con el Gobierno de España para que dichas administraciones públicas financien los fondos necesarios para cubrir el sobrecoste del proyecto, así como el compromiso de su aportación económica del 15% de los costes subvencionables de rehabilitación edificatoria y de la aportación adicional necesaria, en caso de no poder obtenerse ayudas públicas adicionales». Habrá que ver qué se consigue. Por ahora, lo único cierto es que las obras parece que por fin están más cerca en este barrio de Elche.