El despido de 130 trabajadores en Servicios Sociales obliga a aplazar cientos de citas en Elche

El despido con el final de 2024 de alrededor de 130 trabajadores adscritos al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Elche ha dejado en cuadro la atención a cientos de personas que demandan todo tipo de ayudas locales y autonómicas que se gestionan desde el departamento municipal de Acción Social, primordialmente.

El concejal socialista Mariano Valera ya advirtió el pasado mes de diciembre en un pleno municipal al equipo de gobierno de PP y Vox que se iba a producir esta situación sin recibir una respuesta del equipo de gobierno sobre las gestiones para resolverlo. Los sueldos que perciben estos trabajadores proceden de un contrato programa que debe autorizar y pagar la Generalitat Valenciana, lo que no ha hecho porque está sin presupuestos. El proyecto original partió del Govern del Botánic que renovó el último contrato en 2023 por dos años de vigencia, por lo que ha vencido hace algunos días.

Normalizar la situación

La situación que se ha generado no es exclusiva de Elche, sino de municipios de toda la Comunidad Valenciana que se benefician de este programa social. El concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, a preguntas del diario, aseguró este viernes que espera que la situación se normalice, con la recuperación de estos contratos a lo largo del mes de enero, aunque la solución tiene que darla la Generalitat porque sin el dinero el coste es inasumible. El edil ha añadido que ya existe "un compromiso por parte de la Conselleria" en este sentido. Desde Acción Social han querido precisar que los trabajadores "ya han comenzado a incorporarse" sin dar cifras, pero que la semana próxima estará resuelto el problema, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios porque, dicen las mismas fuentes, "Elche es el primer municipio que ha logrado restablecer la atención de manera más rápida". Para la Concejalía, las citas que se han retrasado " ya se está atendiendo" y aseguran que el nuevo contrato será de cuatro años, en vez de dos, por lo que "habrá más estabilidad".

Las personas que están acudiendo a los servicios no están siendo correctamente atendidas porque los trabajadores que sí tienen contrato, que consiguieron estabilizar su situación y son funcionarios, tienen sus agendas completas con los casos que atienden o tenían programados. Es decir, no les cabe más demandas ni tienen la posibilidad de escuchar desde cero el problema o la situación de una persona o de una familia de la que otro compañero, ahora despedido, tiene cumplido conocimiento desde hace meses o, incluso años, para resolverlo de la mejor forma posible. Si los atienden, deben de conocer previamente todo el historial, situación, ayudas recibidas o denegadas,... etcétera.

Agendas

En teoría, todas las agendas de los trabajadores despedidos están cerradas hasta el día 20 de enero sin que haya garantías de que todos estos trabajadores, ahora en las listas del paro, puedan volver a ser rescatados para esa fecha en la que, en teoría, se habilitarán las citas. Entre los trabajadores afectados los hay de todos los niveles profesionales, desde psicólogos hasta trabajadores sociales, pasando por técnicos de Integración Social, educadores e, incluso, administrativos. Los ciudadanos que se han visto afectados por este problema son de todo tipo, desde personas que acuden por primera vez y no tienen una cita inmediata porque no hay capacidad para atenderlos ni sabe cuándo la tendrán, hasta aquellos que han descubierto que el trabajador que los atendía ha sido despedido y o sabe quién le va a resolver su problema. El servicio atiende a personas sin recursos, desahuciadas, inmigrantes, que han perdido su trabajo o tienen en trámite algún tipo de ayuda por poner solo algunos ejemplos.

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