La UMH acude al juez para poder cobrar a la Generalitat dos facturas de hace 5 años

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha tenido que ir al juzgado para poder cobrar a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (ASVRE), un departamento de la Conselleria de Justicia e Interior de la Generalitat, más de 65.000 euros por dos facturas emitidas en 2019, dentro de un convenio firmado por la institución académica con el IVASPE, el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias, para la formación e investigación, que había sido suscrito en 2018 para impartir dos títulos propios: «Intervención policial y social con menores en conflicto y en riesgo» y «Perfilación criminal y delincuentes seriales». Este convenio fue objeto a finales de 2019 de otro de carácter más específico en el que se regulaba en qué consistía la colaboración entre la ASVRE y la institución para la formación en estudios universitarios.

En julio de 2022, la UMH acudió a los tribunales considerando que era improcedente el impago porque suponía un quebranto de equilibrio entre las obligaciones asumidas por las partes, «existencia de enriquecimiento injusto y quiebra de la confianza legítima», decía, que había depositado la institución académica en la administración.

La Generalitat se negó a pagar asegurando que tres convenios anteriores (de 2016 a 2018) no tenían obligación pecuniaria y que en el de 2019, en el expediente, «tampoco se aporta de contrario, no teniendo esta parte acceso al mismo, y, en cualquier caso, su celebración era posterior al curso 2018/2019». Añadiendo que en ningún momento la institución académica había realizado «una reclamación formal» de las facturas y no se había agotado, por tanto, «la vía administrativa». 

Obligaciones

El TSJ da la razón a la UMH y lo hace con varios pantallazos de los convenios que la Generalitat dice desconocer. Y en concreto, uno que habla de las obligaciones entre las partes, que se fijaban hasta el 31 de diciembre de 2019. Añade el fallo que la UMH ha probado que en julio de 2022 requirió al pago, dando un plazo de un mes a la Generalitat. «Significándole que de no proceder se iniciarán las oportunas acciones judiciales para el resarcimiento del crédito».

Dice el fallo que«acreditado, en consecuencia, la celebración de tres ediciones del curso de menores (de los cuales, el objeto del presente recurso es el segundo), y cuatro ediciones del curso de perfilación (de los cuales el objeto de reclamación es el tercero), la administración demandada, en virtud del convenio citado, estaba obligada al pago de la prestación, por lo que al no realizarlo incurrió en inactividad. Recapitulando, la demanda debe ser íntegramente estimada».

Requerimiento de pago

El fallo no solo obliga al abono de 37.800 euros por un curso y 27.720 euros por el otro, sino que suma los intereses desde el requerimiento del pago, del que se han cumplido dos años y medio. Además, condena en costas a la Generalitat Valenciana, que puede recurrir la resolución. Se da la circunstancia de que el pasado día 24 de diciembre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que la sede provincial del organismo que firmó el convenio estaría en Elche.

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