El precio en Elche de sufrir a un inquiokupa a los 86 años: un ictus y pagarle todos los gastos con 429 euros de pensión

Carmen Grau Soriano protestaba este martes por la mañana a las puertas del Ayuntamiento de Elche sobre todo por impotencia. Impotencia de ver que ni Servicios Sociales ni los juzgados pueden actuar, al menos por ahora, para echar a un inquiokupa de una vivienda desde hace dos años. Impotencia por ver que su madre, de 86 años y dueña del piso, sufrió un ictus hace ocho meses a causa de tanto disgusto. El ictus la dejó postrada en una silla de ruedas y, de estar bien, ahora por este problema se ha convertido en una persona dependiente 24 horas. Impotencia de asistir a que sea su madre, con una paga de 429 euros, la que tenga que, además, costear la luz, el agua y los tributos del piso donde vive el denunciado, su mujer, sus hijos y su cuñado. Impotencia por la sensación que tiene de que la gente honrada y responsable se lleva todos los palos frente a otros que no tienen ningún rubor en aprovecharse de la lentitud de la justicia, de la protección de la vulnerabilidad y de la falta de medios para hacer cumplir la ley. Y es que el inquiokupa se ha declarado vulnerable, y no se le puede echar de su casa, pero la familia afectada contrató un detective y asegura que un informe demuestra que tiene dos vehículos y que está cobrando clandestinamente al llevar varias obras y reformas.

Recuperar lo que es suyo

“Es decir, que le mantienen la vulnerabilidad. Esto es una ofensa para todos los que trabajamos y pagamos impuestos. Esa vulnerabilidad sale de todos los ciudadanos. Desde aquí hago un llamamiento para que se trabaje por los verdaderos vulnerables”, agrega la hija, quien pide que tanto su madre como otras personas en su misma situación puedan recuperar lo que es suyo.

El caso es que durante cuatro años todo iba bien y el inquilino pagaba los 300 euros mensuales establecidos. Pero dejó de pagar y cuando fueron a echarlo de casa se declaró vulnerable. La familia propietaria del piso se enteró luego de que, pese a ello, estaba trabajando, por lo cual se le puso a un detective para acreditarlo. Mientras el inquiokupa asegura que nadie en su familia tiene empleo, el detective descubre que sí que estarían trabajando tanto él como su cuñado que vive con él, además de comprar material de obra y pagar las compras en efectivo.

Respuesta del Ayuntamiento

Con estas pruebas, la hija, Carmen Grau, acudió al Ayuntamiento hace unos dos meses, pero allí le dijeron que no pueden hacer nada.

“¿Por qué el Gobierno le carga a una señora mayor dependiente 24 horas y con una pensión mínima los gastos de luz, agua e impuestos de alguien que no paga el alquiler?", se pregunta cansada y triste esta mujer que protestaba de forma respetuosa, silente y con varias pancartas en la Plaça de Baix.

“Esto puede ser la muerte de mi madre y mía”, agregaba Carmen Grau, que vive fuera de Elche y que, por si fuera poco tiene además de un hermano discapacitado. Con todo señala que va a luchar todo lo que pueda ante esta injusticia, al tiempo que subraya que ella y otras personas responsables, honestas y que pagan sus impuestos, en el fondo, se sienten desprotegidas por las administraciones frente a personas que se aprovechan de estas situaciones. “No me creo que estemos en una democracia”, sentencia conteniendo la indignación. 

Suscríbete para seguir leyendo