Investigan a un hombre en Elche por tener 18 tortugas protegidas

La Guardia Civil ha abierto una investigación contra un hombre de 65 años como presunto autor de un delito contra la flora y fauna, tras localizar y decomisar 18 tortugas protegidas en un centro de recuperación de fauna en la provincia de Alicante. Entre los ejemplares hallados, se encontraban ocho tortugas mediterráneas (Testudo hermanni) y diez tortugas moras (Testudo graeca), ambas catalogadas como especies amenazadas y protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Este no es el primer caso relacionado con ilegalidades en torno a las tortugas en Elche.

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Origen de la investigación

La actuación de los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) se inició el pasado mes de octubre, tras detectarse la entrega de estos ejemplares en el centro de recuperación por parte de una sola persona. Dado que estas especies se encuentran en peligro de extinción o en situación de vulnerabilidad, la Guardia Civil inició una serie de pesquisas para identificar al responsable y esclarecer la procedencia de los animales.

Los investigadores comprobaron que entre las tortugas intervenidas había parejas adultas reproductoras y crías de diferentes edades, lo que indicaba una posible cría en cautividad. Tras diversas indagaciones, se localizó su origen en una casa de campo situada en Elche, donde se constató que los animales habían sido obtenidos a través de la cría en cautividad o cesiones de terceros.

Posibles delitos e intervención judicial

Dado que la posesión, cría, comercio o tráfico de estas especies está estrictamente prohibida salvo autorización expresa de la administración competente, el pasado 15 de enero se procedió a la investigación del propietario de la finca como presunto autor de un delito contra la fauna y flora.

El atestado policial ha sido remitido al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, y la Delegación de Aduanas e Impuestos Especiales de Alicante también ha sido informada ante la posible existencia de una infracción de contrabando.

Sanciones y lucha contra el tráfico de especies

Según el artículo 334 del Código Penal, el investigado podría enfrentarse a una pena de seis meses a dos años de prisión o una multa de ocho a veinticuatro meses, además de una inhabilitación especial para el ejercicio de profesiones relacionadas con animales y la prohibición de cazar o pescar durante un periodo de dos a cuatro años.

Esta intervención reafirma el compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico ilegal de especies protegidas, un problema que pone en peligro la biodiversidad y el equilibrio ecológico.