Protesta a las puertas del colegio Vicenta Ruso de Gran Alacant: "No a la paralización del Edificant y sí al valenciano"

El colegio Vicenta Ruso de Gran Alacant, en Santa Pola, ha sido el escenario este jueves de una de las protestas que viene desarrollando la plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic junto a los sindicatos por varios centros educativos contra la consulta de la lengua, en la que el valenciano podría verse amenazado, así como para reivindicar que no se pare el Plan Edificant. Tampoco han perdido la ocasión para cargar contra el distrito único, que consideran "segregador".

Futuro instituto

Los manifestantes acudieron a este centro a primera hora de la mañana y después se desplazaron a los terrenos sobre los que se construirá el futuro instituto para Gran Alacant. Precisamente la protesta cobraba fuerza porque la villa marinera espera que esta esperada infraestructura educativa se construya a cargo del Plan Edificant, y el montante anunciado es de 17 millones de euros. En 2024 se adjudicó la redacción del proyecto y mientras se materializa la obra se han derivado alumnos a unas aulas prefabricadas provisionales que ha instalado el Consell en el barrio santapolero sobre unos terrenos donde se colocaba el mercadillo.

A la espera de obras urgentes

Precisamente sobre este plan de financiación autonómico los docentes de la plataforma y fuerzas sindicales han referido que las obras más urgentes se están dilatando en el tiempo y alertan de que se ha comprometido la integridad estructural de los edificios y la seguridad y bienestar de toda la comunidad educativa con inmuebles en los que hay goteras, rotura y vallados oxidados, mientras que falta aire acondicionados y adecuación de los edificios a las condiciones de la emergencia climática.

Más centros de 0 a 3 años

Manifestaron, también, que es necesario ampliar la red de centros públicos, desde 0-3 años hasta las enseñanzas postobligatorias (escuelas de idiomas, centros de enseñanzas artísticas, escuelas de adultos, etc.), pasando por los colegios de infantil y primaria y los institutos. Exigimos que se deje de atacar la igualdad de condiciones en la educación pública, y reclamamos un incremento de la inversión para proteger y garantizar una educación de calidad.

Mejores condiciones laborales

En otro orden de cosas exigieron más recursos "para una verdadera inclusión educativa", por la mejora de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores y trabajadoras de la enseñanza como, entre otros, incrementos retributivos, reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, supresión de la burocracia, aumento de las plantillas, una bajada generalizada de ratios y un concurso de traslados justo. De igual forma, exigieron medidas para atender la salud laboral del profesorado encaminadas a una mejor organización del trabajo docente que ponga fin a las masificaciones, las agresiones y la conflictividad "a la que no se da ninguna solución". Por ello reclamaron una negociación seria para corregir lo que entienden que son situaciones de gran perjuicio para los derechos laborales.

Defensa del valenciano

Por otro lado, los manifestantes sostienen que la «libertad educativa» es la que se caracteriza por la ausencia de dominación de una lengua sobre la otra y entienden que la proposición de ley que propone PP y Vox en la Generalitat agravia todavía más la situación de "bilingüismo asimétrico". Insisten en que después de más de 40 años de aplicación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, "continuamos observando casos de un inaceptable maltrato de los derechos de las personas al conocimiento y el aprendizaje en nuestra lengua". Por ello apuntan a que la capacitación para «utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano cualquiera que haya sido la lengua habitual al iniciar los estudios» es un derecho que tiene que estar garantizado a todo el alumnado tal como prescribe la ley.

Contra el distrito único

Durante la protesta también han denunciado que eliminar las zonas escolares en la admisión de los alumnos va en contra de la libertad de elección de las familias y solo favorece la selección de los alumnos y de las familia de determinados centros educativos concertados. para la plataforma la medida es "altamente segregadora y que provoca que el alumnado se concentre en unos centros educativos en detrimento de los otros que pueden perder matrícula, y por tanto, aulas y maestras".