Elche comprobará las circunstancias económicas de las personas que residen en 30 viviendas de alquiler social

Treinta viviendas sociales adjudicadas hace más de dos décadas en Elche entre personas que carecían de recursos económicos o habían sido desahuciadas están fuera del control exhaustivo del Ayuntamiento, según explicó este jueves la responsable del área de Asuntos Sociales, Celia Lastra, en una comparecencia al término de la junta de gobierno, en la que aseguró que ahora se va a comprobar quién vive en ellas a través de un cribado por parte de los técnicos y una a una. Una tarea que no será fácil ni tampoco agradable porque se comprobará también qué cambios económicos han experimentado desde que obtuvieron el derecho.

La concejala, que a preguntas de los periodistas aseguró que tiene en estos momentos a más de un centenar de familias en lista de espera para obtener una vivienda social, aseguró que estos inquilinos siguen pagando el alquiler social que se les asignó en su día, que es una cantidad nimia -dio a entender-, así como los gastos mensuales de luz y de agua, pero se desconoce en qué circunstancias económicas se encuentran. De entrada, si están allí viviendo los mismos beneficiarios del alquiler social, porque alguno de ellos después de tantos años puede ser que hasta haya fallecido, y si las personas que las utilizan tienen derecho a seguir siendo sus usuarias. «Puede ser que una familia a la que se le concedió con hijos después de tantos años haya fallecido uno de los cónyuges y hay que saber quién vive y en qué circunstancia, qué ha sido de esos niños que ya serán adultos», explicó de forma muy gráfica la concejala.

Control

El Ayuntamiento de Elche, a tenor de lo que explicó la responsable municipal a los medios de comunicación, ha sido muy laxo durante años en el control de estas viviendas que están diseminadas por el casco urbano. No se concentran en Los Palmerales, por ejemplo, que es un barrio de acción social preferente por lo que escapan a una intervención social más constante y directa. En su día los beneficiarios obtuvieron el derecho a ocupar los inmuebles bajo la fórmula de alquiler social, se les entregaron las llaves y han ido pagando de forma puntual. Ahora bien, se les cedió la vivienda municipal, no se les regaló, pero nadie ha constatado durante todos estos años cuál había sido la evolución de su situación económica de la familia, si había mejorado o empeorado o si siguen siendo beneficiarias de una vivienda frente a otras personas. 

Sin traspasos

Celia Lastra negó la posibilidad de que los inquilinos cedieran el derecho de uso a terceros a cambio de un traspaso, pese a que durante años esta ha sido una práctica muy habitual en barrios como Los Palmerales, donde los técnicos se han encontrado con decenas de documentos manuscritos donde unos nuevos inquilinos se atribuían la propiedad tras un pago en metálico. También negó que se hubiera producido algún tipo de ocupación irregular.

Todo esto sucede cuando la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles y las promesas de ampliar el parque de promoción pública se repiten en todas las administraciones; de hecho, este fue un asunto que capitalizó la conmemoración en Elche del pasado 9 d’Octubre, asegurando el alcalde de Elche que pretendía ejecutar 200 pisos sociales en colaboración con la Generalitat Valenciana.

Inmueble

La concejala explicó que las familias que cumplan los mismos requisitos por las que se les concedió mantendrán el inmueble, pero no qué pasará para el caso de que hayan cambiado sus circunstancias a mejor y se estén beneficiando de un inmueble cuando hay más familias necesitadas.

Seis inmuebles de la Sareb pasan a manos municipales con una inversión de algo más de 342.000 euros

SAREB

El anuncio de la campaña se realizó este jueves al mismo tiempo que se aprobaba la adquisición en propiedad de seis de las nueve viviendas que en Elche tiene la SAREB, la sociedad que nació en 2012 para gestionar y liquidar los activos deteriorados (préstamos e inmuebles) procedentes de entidades financieras que necesitaron ayudas públicas. Estos inmuebles se gestionaban a través de la Generalitat Valenciana en régimen de alquiler y se va a pagar algo más de 342.000 euros. Están diseminadas por los barrios de la ciudad, en calles como Espronceda o Ausiàs March, y ya utilizadas por familias sin recursos que fueron beneficiarios a partir del año 2018 de su uso. Es decir, no vienen a reducir la lista de espera de demandantes de viviendas sociales. La concejala dijo que la compra vienen a aumentar los recursos municipales para ayudar a aquellos que no tienen un techo bajo el que vivir y que triplican ahora mismo la capacidad municipal para atender sus demandas.