Anticorrupción recurre ante el TSJ las absoluciones del caso uniformes de Santa Pola

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado recurso por la absolución de todos los acusados del denominado caso uniformes, que investigó una supuesta trama para la compra y reparto de ropa y material a los agentes de la Policía Local de Santa Pola en la cual estarían involucradas tres empresas del sector pertenecientes al mismo grupo empresarial familiar. Este asunto se abrió a raíz de una denuncia que se presentó en 2016, tras el cambio político en Santa Pola, elecciones que colocaron al frente del ejecutivo a la socialista Yolanda Seva en un gobierno de cinco partidos. Fue uno de sus socios, el edil Ignacio Soler (Cs), al que meses más tarde se sumaría la propia regidora con otra denuncia, quien instó la apertura de una investigación por la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía.

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Al juicio llegó solo como acusación la Fiscalía Anticorrupción, que no se ha dado por satisfecha con los argumentos de la sentencia dictada por la sección VII de la Audiencia, en concreto, con el relato de los hechos que el tribunal ha considerado probados. El recurso contra la absolución ya ha sido presentado ante Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.

Acusados

Entre los acusados que se sentaron en el banquillo por los delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos, se encontraba el concejal de la anterior corporación, el responsable de la Policía Local y dos agentes, así como los gerentes de tres empresas textiles de la Vega Baja que suministraban la ropa. La Fiscalía Anticorrupción consideraba que todo estaba amañado para que fueran siempre las mismas empresas las beneficiarias de la compra saltándose la licitación, algo que no ha compartido el tribunal de la sección VII que juzgó el caso.

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Límite

El fallo entiende que no ha quedado probado que los acusados se concertaran entre sí para que el suministro de la uniformidad de la Policía Local de Santa Pola, «no superara el límite de 18.000 euros y así poder adjudicar directamente los contratos menores» a cualquier de estas tres mercantiles. Dice la sentencia que ha quedado demostrado, «las necesidades reales de uniformidad que reflejaban los presupuestos, y que el límite lo imponía el negociado de contratación y la junta de gobierno por no disponer durante el periodo de otra modalidad contractual». Hasta 2018/19 con el nuevo gobierno no entró en funcionamiento el contrato de suministro, «debido a la falta de técnicos y medios materiales del Ayuntamiento, «tardándose tres años en redactar los pliegos de condiciones técnicas».