El juicio por la clínica de Gran Alacant cumple un año sin sentencia en la Audiencia de Elche

Con la última palabra a los acusados, se cerró el 8 de marzo de 2024 el juicio por el denominado caso de la clínica Gran Alacant sin que un año después se conozca la sentencia que tiene que dictar la sección XI de la Audiencia Provincial. Nadie conoce los motivos de la demora en un asunto complejo, que sentó en el banquillo al que fue alcalde de Santa Pola, Miguel Zaragoza, y a dos de sus concejales, Loreto Cascales y Jorge Perelló, responsables de Gran Alacant y Personal, respectivamente. Hay cinco personas más acusadas. El cumplimiento de los plazos para dictar sentencia, principalmente en causas complejas como esta, nunca se cumplen, pero tampoco es habitual que se tarde un año en dictar un fallo.

No es un asunto menor. La Fiscalía Anticorrupción le acusa de los delitos de prevaricación en relación concursal con fraude y de cohecho o, subsidiariamente, en el caso de no ser contemplando este, de prevaricación administrativa y de negociaciones prohibidas a funcionarios. Hasta 8 años y medio de prisión para que el fuera regidor le solicita la acusación pública.

Concesión

Miguel Zaragoza fue alcalde de Santa Pola por el PP entre 2003 y 2015. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que «enchufó» a familiares y afines en un consultorio público que era sufragado por una clínica como fórmula de concesión porque la empresa estaba en suelo municipal. También que el Ayuntamiento habría perdonado un canon de 10.920 euros anuales a la empresa, que debía gestionar servicios sanitarios básicos, como las urgencias de los vecinos de Gran Alacant o la tramitación de bajas de funcionarios. El Ayuntamiento de Santa Pola se retiró de las actuaciones como acusación tras la llegada a la Alcaldía de Loreto Serrano (PP), en 2019, negando que existiera deuda alguna con la clínica, lo que además fue objeto de otro procedimiento ya resuelto de forma favorable para los intereses de la empresa sanitaria que no debía nada, según dicho fallo.

La Fiscalía considera que los acusados estaban en connivencia para todas estas irregularidades y, quizá la más llamativa, que colocara como administrativos en distintas etapas y sin selección a tres personas, dos con vínculos con el PP, que terminaron posteriormente uno como asesor y el otro de concejal; y la tercera una hermana de Zaragoza, quien tenía relación sentimental con Perelló. En la primera sesión de la vista y entre lágrima la mujer aseguró que no se habla desde hace años con su hermano por rencillas familiares. Estos tres supuestos beneficiados también se sientan en el banquillo, al igual que los responsables de la clínica.

Suelo público

Una cosa curiosa que se supo al inicio del juicio es que el convenio nació porque cuando Zaragoza llegó a la Alcaldía se encontró con un problema heredado de la anterior corporación, del PSOE, que antes del cambio de alcalde reconoció en una junta de gobierno que existía una clínica sobre suelo público y que no pagaba nada a las arcas municipales. Zaragoza heredó ese problema, buscando una solución a través de un convenio de concesión al cual solo se presentó esta empresa. Y ganó.

El exalcalde de Santa Pola niega el «enchufe» de afines en una clínica

La Fiscalía no entiende cómo de la concesión no aparece liquidación alguna del canon o al menos compensaciones. Tampoco que, si la empresa no pagara, el Ayuntamiento no se lo exigiera mientras si hubo un acuerdo para que se cambiaran las condiciones del convenio. Y de todo ello veía claramente una trama organizada entre los acusados con Zaragoza como supuesto «cabecilla». El alcalde durante 12 años dejó la vida pública en 2018. Todos los acusados se declaran inocentes.

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