La portavoz de Vox en Elche llega al Congreso con las mujeres trans y el Gobierno planta a Sumar

El Gobierno central le ha enmendado la plana a Sumar, y casi también al propio grupo municipal socialista en Elche y a Compromís. Al menos esa es la lectura que se puede hacer de la respuesta parlamentaria que, con fecha del pasado 4 de marzo, el Ejecutivo le da a Txema Guijarro, diputado de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE. El que fuera cabeza de lista por Alicante de la formación en la que se integra la vicepresidenta, Yolanda Díaz, presentó a mediados de enero una pregunta en el Congreso de los Diputados dirigida a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad en la que venía a solicitar que se investigaran las desafortunadas declaraciones de la portavoz municipal de Vox en Elche, Aurora Rodil, en las que vino a decir que las mujeres trans no son mujeres. 

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Nada

Ahora esa misma Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI+, en manos del PSOE, deja claro que no va a hacer nada. De acciones legales por esas manifestaciones, ni hablar. Lo fía todo a un acuerdo estatal contra los delitos de odio, que se está trabajando en una subcomisión, que, tal y como están las cosas en estos momentos en el escenario político, es tanto como no hacer nada.

«Las mujeres trans no son mujeres»

Todo comenzó el pasado mes de enero, cuando la también concejala de Infancia, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Elche, Aurora Rodil, en una entrevista en Elche 7 TV, afirmaba que «las mujeres trans no son mujeres». Las reacciones no se hicieron esperar. La asociación LGTBIQ+ Dimove, Compromís y Podemos Elche pidieron de forma inmediata la dimisión de Rodil y le reclamaron al alcalde, Pablo Ruz, su cese si no entregaba el acta y que el Ejecutivo local se comprometiera firmemente en la lucha contra la LGTBIfobia. Incluso el propio Guijarro el mismo 17 de enero, día en que los colectivos de izquierda intensificaron la presión, planteaba esta pregunta ante el Congreso y la aireaba ante los medios. Más moderado se mostró el PSOE local, hasta el punto de que emitió su comunicado ese mismo viernes pasadas las 19.30 horas, cuando ya habían reaccionado los otros partidos de izquierda, y lo hacía para exigir a Aurora Rodil que se disculpara o, de lo contrario, dejara el cargo.

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La tensión arrecia

A partir de ahí, la tensión a cuenta de estas declaraciones arreció, mientras el alcalde trataba de justificar estas declaraciones en el derecho a la libertad de expresión y apuntaba a que en las filas socialistas también hay discrepancias en torno a las personas trans. Los colectivos LGTBIQ+ convocaron protestas, e incluso el grupo municipal socialista, que, en un primer momento, había estado más lento de reflejos a la hora de reaccionar a las palabras de la edil del partido de Santiago Abascal, logró forzar un pleno extraordinario para reprobar a la portavoz de Vox. Con poco éxito, eso sí. Ya no sólo porque la propuesta, como estaba cantado, fue tumbada por la mayoría de votos de PP y Vox en la Corporación municipal ilicitana. También porque el PP, avispado en ese momento, convocó otro pleno extraordinario para el mismo día para condenar el terrorismo yihadista, a raíz de que se hiciera público que dos de los cuatro menores detenidos en Elche el 19 de diciembre supuestamente preparaban un atentado el día de Nochevieja en la basílica de Santa María, y exigir un refuerzo de la seguridad en esa sesión plenaria. Un pleno en el que los socialistas acabarían errando el tiro cuando votaron en contra de condenar el terrorismo yihadista, lo que acabó opacando el pleno de reprobación de Rodil.

Desigualdad

Con este telón de fondo, Guijarro, en la pregunta registrada en el Congreso el 17 de enero, sólo un día después de la entrevista a Rodil en la televisión local, exponía que la portavoz de Vox en Elche «defendió públicamente el recorte de derechos de las personas trans y la discriminación del colectivo en ámbitos como el deportivo o el acceso a determinados espacios públicos», algo que, a su juicio, «incide así en un discurso que promueve la desigualdad de trato y atenta claramente contra los principios recogidos en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI».

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«Manifestaciones impropias»

Para el diputado de Sumar, «estas manifestaciones, impropias de una responsable política que tiene entre sus competencias garantizar el bienestar del conjunto de la población más vulnerable, suponen un riesgo para el desarrollo personal y libre de un sector históricamente discriminado e invisibilizado (las personas trans) y pueden constituir, dada la relevancia de quien las ha pronunciado, la difusión de odio a través de los medios de comunicación hacia el colectivo de personas trans, que sufren tasas de pobreza muy por encima de la media, así como mayor índice de acoso escolar (58%), de discriminación laboral (77%) o de intentos de suicidio (53%)». Por eso mismo, Guijarro consideraba que «el Ministerio de Igualdad no puede ser ajeno ante el crecimiento de los discursos de odio y de la violencia contra las personas trans», y preguntaba a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ si iba a «investigar y promover las acciones legales que correspondan ante las manifestaciones vertidas contra las personas trans por parte de la concejala de Infancia, Familia y Mayores».

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Un «Acuerdo de País»

Ahora, esa misma dirección general responde que «no tiene previsto promover acciones legales». Únicamente añade que, «con el objetivo de alcanzar un Acuerdo de País contra los discursos de odio, se ha constituido en sede parlamentaria una subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad del Congreso, para erradicar la discriminación que sufren las minorías y los colectivos vulnerables y remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad». Ni una sola reprobación, ni una mención a la consideración que le merecen las declaraciones de la edil de la Corporación ilicitana. Se deja todo en manos de una subcomisión que, a priori, parece tanto como no hacer nada, y que deja en evidencia a los colectivos y partidos que han abanderado la lucha contra las declaraciones de Rodil.

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