La empresa del Caso Deportes vuelve a ganar un contrato sin ningún voto en contra

El pleno municipal del Ayuntamiento de Crevillent aprobaba en la sesión ordinaria de marzo, y con la única abstención de Acord Per Guanyar -en el que formaron coalición Compromís, que es quien denunció, EU y l’Esquerra-, la adjudicación del contrato para el servicio de actividades deportivas y de socorrismo en las instalaciones deportivas municipales a la empresa Tot Sport Crevi SL. Esta mercantil es la misma que actualmente se enfrenta al tercer juicio del Caso Deportes y que todavía tiene una causa más pendiente en la Audiencia Provincial. También hay que decir que, de las dos causas anteriores, una fue directamente archivada por el Juzgado de Instrucción número 3 de Elche y la otra finalizó con la absolución de todos los acusados.

El tercer juicio del caso Deportes de Crevillent se atasca en los preliminares

La anulación de pruebas cambia el rumbo del caso

Mientras, la tercera pieza del juicio contra la mercantil crevillentina en el conocido como Caso Deportes se encuentra ahora mismo en una encrucijada de incierta salida. Las defensas solicitaron la anulación de una prueba en la fase de cuestiones previas y la sala lo ha concedido. Defendían que se declararan nulas las diligencias aportadas al caso desde 2021 en adelante. Entre estas pruebas estaba una clave, en la que la Fiscalía se había basado para llevar a cabo su acusación. Se trata del informe de la Agencia Valenciana Antifraude, cuyos representantes «acudieron al Ayuntamiento de Crevillent a recabar datos fuera de plazo», según la defensa. Ahora, el tribunal accedía a esta solicitud y devolvía el caso a la fase de instrucción.

La situación judicial y la adjudicación municipal

La situación procesal nada tiene que ver con que el pleno aprobara en su última sesión la adjudicación. De hecho, Tot Sport Crevi no cuenta con ninguna sentencia condenatoria. Para este último contrato, la firma ha contado con los votos favorables de los grupos del Partido Popular, Vox y PSOE, y con la abstención del Grupo Acord per Guanyar.

Tras las denuncias de Compromís (por prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas en época de Gobierno popular con César Augusto Asencio como alcalde), no es la primera vez que esta empresa se adjudica un contrato en Crevillent. De hecho, bajo el Ejecutivo de la formación política de izquierdas y siendo alcalde José Manuel Penalva, también lograba un contrato municipal para el área de Deportes. El regidor reconocía ante el tribunal durante su declaración en el segundo juicio que había contratado a la empresa denunciada porque no existían ofertas similares. Ahora, el nuevo contrato tendrá una duración de dos años, con opción a prorrogarse anualmente durante tres años más.

Solicitudes de penas por parte de la Fiscalía

En la actualidad la Audiencia con sede en Elche juzga la tercera pieza separada de las cuatro existentes a partir de la denuncia de Compromís. En esta ocasión se valora si unos contratos que se realizaron a los monitores deportivos se hicieron dentro de la ley. El Ministerio Fiscal solicitaba para el exedil Pedro García dos años por cada delito por el que está acusado, que son la prevaricación administrativa y uno continuado de fraude, así como diez años de inhabilitación especial para ejercer cualquier cargo público o político. Además, para él solicita 18 meses de multa con una cuota diaria de 10 euros o uno y tres meses en caso de impago, por delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. También demanda que no desempeñe cargos públicos en dos años y seis meses.

Para el responsable del Patronato de Deporte, la Fiscalía pide tres años de cárcel por prevaricación y fraude. También diez años sin cargos públicos. Y por negociaciones prohibidas le reclama 20 meses de multa o dos de prisión, así como estar fuera de cualquier corporación local al menos durante cuatro años. Para el hijo de este funcionario, responsable de la empresa adjudicataria, el fiscal pide dos años y tres meses de cárcel por prevaricación y fraude, así como 18 meses de multa o un año y cinco meses de prisión por negociaciones prohibidas.

Tras la anulación de parte de la carga de la prueba, está por ver si el fiscal mantendrá de esta manera sus peticiones.