El Gobierno da luz verde por segunda vez en 15 meses a la mayor planta solar de Elche

¿A la segunda va la vencida? Habrá que ver. De momento, y por lo que pueda pasar, la megaplanta solar de Balsares, la denominada PSF Lucinala, situada entre los términos municipales de Elche y Alicante, acaba de recibir el segundo visto bueno en 15 meses. El Gobierno central, a través de la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, daba en enero de 2024 la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción para esta planta. Sin embargo, para la definición del proyecto de ejecución, se debían llevar a cabo varias modificaciones, lo que obligó a que la empresa tuviera que hacer determinados cambios que obligaron a que el proyecto tuviera que volver a salir a exposición pública el pasado verano. Ahora el Ejecutivo central vuelve a dar el visto bueno a estas instalaciones, que, finalmente, tendrán 62,3 MW de potencia instalada y que tuvieron que reducir la superficie hasta 120 hectáreas, además de acometer variaciones en los trazados de evacuación tras los reparos que pusieron en su día administraciones y otras partes afectadas. Sin embargo, pese a eso, sigue siendo la mayor planta fotovoltaica del término municipal ilicitano.

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Resolución del 8 de abril

En la resolución, del pasado 8 de abril, se concreta que, para la definición del proyecto de ejecución, se debían llevar a cabo varios cambios. Entre otros, se hace especial referencia a la reducción de la zona de implantación de la planta fotovoltaica para no afectar a zona de inundabilidad con riesgo de peligrosidad y para evitar el terreno calificado como forestal estratégico.

Compromiso de modificar algunos aspectos

Asimismo, se señala que, de conformidad con lo que se dispuso en la primera resolución de autorización administrativa previa, el promotor también se comprometió a hacer algunas modificaciones como respuesta a los informes que habían emitido la Dirección General de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible; el Ayuntamiento de Alicante; y la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental. El resultado, en este caso, fue el desplazamiento en algunos de sus tramos de la línea de evacuación de 30 kV hasta la subestación colectora El Palmeral, en Alicante, para evitar afecciones a servidumbres de carreteras; la eliminación de la subsestación elevadora integrándola en la colectora; y el soterramiento de parte del trazado de la línea de 220 kV hasta la subestación El Palmeral.

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El Ayuntamiento de Alicante

Sin embargo, significativo es que, como recoge la resolución, la respuesta del Ayuntamiento de Alicante fue un informe desfavorable a la infraestructura de evacuación. Lo hacía, según se argumenta en el texto de la Dirección General de Política Energética y Minas, «por motivos de incompatibilidad urbanística». Hasta el extremo de que Alicante pedía el soterramiento total de la línea, su trazado en paralelo a la vía A-31 «y evitando el ámbito del entorno de protección del yacimiento paleontológico El Porquet (BIC)», algo de lo que se dio traslado al promotor, «que manifiesta haber redactado el proyecto de ejecución de acuerdo a la normativa urbanística, conforme a lo ya indicado por ese Ayuntamiento en fase de autorización administrativa previa», se puntualiza la resolución. En el texto, de hecho, se agrega que, «además, afirma que diseñará la línea íntegramente en subterráneo, para lo cual se redactará adenda para que la Subdelegación del Gobierno en Alicante tramite las correspondientes consultas, y aporta informe de la Dirección Territorial de Cultura en Alicante condicionado a la aplicación de medidas correctoras».

Otros informes

Ahora bien, el del Ayuntamiento de Alicante no fue el único informe desfavorable. También tuvo un sentido similar el de la  Unidad de Carreteras en Alicante del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en este caso al considerar que la infraestructura de evacuación no cumplía con las distancias mínimas requeridas en cruces y paralelismos con infraestructuras de su competencia. No obstante, la empresa informó de cómo ejecutaría los cruzamientos y paralelismos y se dio traslado al organismo en cuestión, que acabó emitiendo informe favorable condicionado al cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.

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Soterramiento íntegro

Finalmente, entre finales del pasado año y principios de éste, el promotor aportó adendas de modificación de las líneas de evacuación de 30 y 220 kV, atendiendo a las demandas del Ayuntamiento de Alicante, de Aigües d’Elx, de Aguas Municipalizadas de Alicante, de la Confederación Hidrográfica del Júcar o de la Unidad de Carreteras en Alicante, que se han traducido en el soterramiento íntegro de la línea de 220 kV entre la subestación colectora El Palmeral 220 kV y la subestación eléctrica El Palmeral 220 kV (REE), adecuándose a los caminos públicos que son titularidad del Ayuntamiento de Alicante, la modificación del trazado de la línea de evacuación de 30 kV, y cambios en el cruce de la línea de 30 kV con la carretera N-340.

Eliminación de módulos y retranqueos

Asimismo, la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha emitido un informe favorable en materia de infraestructura verde y paisaje, tras un intercambio de comunicaciones con el promotor en las que, según el ministerio, «se requiere la eliminación de ciertos módulos, retranqueos y una serie de condiciones a aplicar para las instalaciones auxiliares». 

Recurso

Eso sí, cuando los cambios salieron a información pública a principios de este año, según la resolución, no se recibieron alegaciones. Eso no quita para que, desde Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), por boca de su vicepresidente, Miguel Ángel Pavón, dejen claro que «recurriremos en alzada las nuevas autorizaciones y animaremos a que otros colectivos también las recurran».

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Alianza

No en vano, AHSA, junto a la Associació per al Desenvolupament Rural del Camp d’Elx (ADR) y las asociaciones de vecinos de Santa Ana, en Elche, y de San Gabriel, en Alicante, hicieron frente común hace unos meses contra estas megainstalaciones, aunque en la resolución se hace constar que no ha habido alegaciones.

Los colectivos ponían el foco en ese momento, entre otras cuestiones, en que se trata de suelos forestales y zonas de alta capacidad agrológica, esto es, que se caracterizan por la alta fertilidad del suelo y su aptitud para ser cultivado, y en que las instalaciones están muy cerca del Clot de Galvany y los terrenos forman parte de la cuenca hidrológica y paisajística del paraje natural, algo en lo que los conservacionistas se reiteran.