San Antón en Elche, un cuarto de siglo a paso de caracol

Hace un mes, en concreto el pasado 9 de mayo, vecinos del barrio de San Antón de Elche empezaban a ser desalojados ante el peligro de derrumbe (más de 160 personas afectadas en total) de uno de los edificios. Esta barriada, con sus orígenes en la década de los sesenta, compuesta por dieciséis bloques y más de mil viviendas, ha sido testigo durante décadas de un deterioro progresivo y, paralelamente, de un sinfín de promesas y planes para su recuperación que a menudo se han visto envueltos en controversia política y evidentes retrasos.

Los residentes, que viven en viviendas con graves problemas constructivos y de una superficie útil modesta, han venido denunciando periódicamente los temores que tienen de que se les venga abajo un techo y exigiendo por tanto una actuación rápida de las administraciones.

Del plan de rehabilitación a la reconstrucción total

Inicialmente, la solución planteada para San Antón fue la rehabilitación de las viviendas, un enfoque que, según se comprobó en el bloque 15, podía tener un coste muy similar al de una construcción nueva. Sin embargo, tras una reunión en diciembre de 2004 entre el entonces alcalde, Diego Maciá, vecinos y el gerente del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), José Fermín Doménech, se acordó proceder al derribo de los inmuebles y la posterior reconstrucción.

Este cambio de enfoque, según la empresa municipal Pimesa, se respaldaba en un informe de 2001 sobre el estado del bloque 15, que se preveía extender al resto del barrio. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat se plasmó en un convenio firmado en febrero de 2005. Este documento explicitaba que el Ayuntamiento declararía los bloques en ruina para su derribo y que el IVVSA abriría una oficina en el barrio para informar a los vecinos.

Primeros pasos, tensiones políticas y bloqueos

Esta oficina se inauguró en julio de 2005 y en sus primeras dos semanas recibió doscientas consultas. En este periodo, el IVVSA presentó proyectos y maquetas para edificar un millar de viviendas. El proceso no estuvo exento de tensiones políticas. En mayo de 2006, el entonces conseller Esteban González Pons afirmó que la subvención recibida para el barrio hacía incompatible cualquier otra ayuda del Consell, una afirmación que el alcalde Maciá calificó de "verdad a medias".

La entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, desmintió la "excusa" de la Generalitat, y llegó a afirmar que la rehabilitación ya se estaba haciendo por parte del Ministerio. Ya entonces la concejala de EU, Ángeles Candela, calificaba de "muy grave" la situación, y criticaba a las administraciones por la incertidumbre generada.

Compromisos renovados y nuevos plazos

En enero de 2007, tras una reunión en València, se logró un compromiso firme y se establecieron nuevos plazos. Se preveía que las obras se licitaran en el último trimestre de 2007 y que la rehabilitación total del barrio podría prolongarse entre ocho y diez años. Es decir, se preveía que para 2017 todo el barrio estuviera renovado.

En octubre de 2008, el Ministerio, Generalitat y el Ayuntamiento cerraron el convenio económico, estableciendo el coste total de las 1.095 viviendas en 129 millones de euros, con una primera fase de 307 viviendas por 38 millones. Los propietarios aportarían el resto, con posibles subvenciones de hasta el 60 % según renta.

Anuncios sin ejecución y retrasos acumulados

En septiembre de 2010, el gerente del IVVSA, Javier Sogorb, anunció a los vecinos que las obras de la primera fase estaban previstas para principios de 2011. Sin embargo, también se comunicó el cierre inminente de la oficina de atención vecinal, lo que generó malestar en los residentes.

Con la llegada del PP a la Alcaldía en 2011, la entonces alcaldesa Mercedes Alonso, junto a la consellera Isabel Bonig, colocó una "primera piedra" el 7 de julio. No obstante, en ese mismo lugar nunca se actuó. La gestión pasó a manos de Pimesa en octubre de 2013.

El 26 de diciembre de 2014 se colocó otra "primera piedra". Las obras del primer bloque, adjudicadas por 3,37 millones de euros, comenzaron a principios de 2015. Sin embargo, se iniciaron sin garantía de financiación, ya que la Generalitat no firmó el convenio de aportación hasta el 15 de mayo de 2015, justo antes de las elecciones.

Un lento avance bajo nuevos gobiernos

Bajo el gobierno del PSOE y Compromís, la consellera María José Salvador firmó un convenio en junio de 2016 comprometiendo 7,26 millones de euros para construir cuatro edificios con 308 pisos. En ese momento, el primer bloque estaba casi terminado. El exalcalde Carlos González destacó el proyecto como uno de los logros de su gobierno, insistiendo en la complejidad heredada y la falta de transparencia de etapas anteriores.

Pedro Sánchez acude

En enero de 2022, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó el barrio para conocer el proyecto ARRU, calificado como pionero. Se reiteró el compromiso del Gobierno con la financiación de nuevas fases.

El 18 de junio de 2024, ya con el PP y Vox en el Ayuntamiento, y tras una reunión en Madrid, el Ayuntamiento manifestó su interés por construir cinco nuevos bloques con un total de 373 viviendas hasta 2028. Hasta ahora se han construido cuatro bloques con 339 viviendas y una inversión total de 22,7 millones de euros. Cabe recordar que la idea es que la quincena de bloques vetustos desaparezcan totalmente y en su lugar se levanten edificios de más de cinco alturas para generar ese cerca de mil viviendas necesarias.

Una transformación interminable

Lo cierto es que prácticamente un cuarto de siglo después de que comenzaran los anuncios de reforma, el barrio de San Antón continúa en proceso de transformación. La mezcla de avances concretos y promesas a largo plazo mantiene a los vecinos en un estado de espera, y en muchos casos, de resignación y escepticismo, conscientes de que la historia de la regeneración de su barrio es una crónica de, al parecer, nunca acabar.

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