Elche eleva a más de 3 millones el coste de mejorar la seguridad tras el ciberataque

El Ayuntamiento de Elche no puede hacer un cálculo exacto de lo que le ha costado, le está costando y en un futuro a corto plazo le costará la mejora de la ciberseguridad tras la intrusión sufrida el pasado 24 de agosto, según el informe que sirvió a la vicesecretaria accidental para suspender los plazos administrativos que mañana lunes vuelven a correr. El concejal de Innovación, Claudio Guilabert, explica que la cifra que se baraja es transversal porque afecta a todos los departamentos municipales, pero que supera ya los 3 millones de euros, entre 2024 y 2025, sin descartar que a raíz de la comisión de investigación reservada se resuelva que tienen que implementarse otras medidas porque ese es en principio uno de sus objetivos.

El viernes pasado se cumplió una semana de la última comparecencia del edil para informar de la situación y de los avances, que hace dos días se convirtieron en la apertura de más OMAC (oficinas Municipales de Atención al Ciudaano) y, lo que es más importante, se ha podido levantar la congelación de plazos administrativos porque el número de equipos de gestión formateados se acerca a esos 900 que están a pleno rendimiento cualquier día del año, pero que suponen solo un tercio del total de los que dispone el Ayuntamiento de Elche repartidos por más de 180 sedes distintas. De ahí que la normalidad que va a suponer recuperar los plazos se vea incompleta con el hecho de que aún faltan 1.800 ordenadores más para impulsar de nuevo la administración electrónica, más los que aún queden por formatear de las áreas de gestión, cifra que se desconoce. Mañana los funcionarios de gestión que atienden los plazos administrativos no solo se van a encontrar con algunos a medias que datan de agosto, sino que el traajo acumulado de estas seis semanas que entrará "a chorro". Un trabajo que tendrán que resolver con la misma plantilla actual y cada ordenador que falte por poner en marcha será un problema añadido para que los plazos de contestación o de resolución administrativa no expiren.

Sin garantías

El concejal explicó esta semana que siguen trabajando en lograr desencriptar la documentación desde el 11 de agosto al día del ataque sin garantías de que esto pueda ser así, aunque aseguró al diario que en el mercado hay empresas suficientes para hacer este trabajo sin que se afecte a la protección de datos y que cuenten con la solvencia que exigen las autoridades españolas en materia de ciberseguridad. «El problema es elegir a la mejor», dijo Guilabert, quien sobre este asunto añadió que están recibiendo asesoramiento. Para el caso de que no se consiga rescatar los seis últimos meses de gestión municipal de esas copias de seguridad se cuenta con la que se ha solicitado a otras administraciones o instituciones con las cuales trabaja el Ayuntamiento, como el órgano de tributación Suma. De este modo se rellenarán los huecos que existen ahora de estos seis meses y corresponden a datos que han desaparecido o a los que no se tiene acceso. El edil insistió una vez más en la complejidad del problema porque cada uno de esos ordenadores está ajustado a un funcionario y cada uno tiene acceso a unos programas determinados, no a todos. De ahí que formatear era lo más fácil y, aun así, se optó por sustituir los discos duros (para lo cual se tuvo que hacer un contrato exprés) porque era más rápido y de este modo proceder a limpiar los extraídos sin paralizar la puesta en marcha de los equipos informáticos.

Carpetas compartidas

«Se está trabajando en extraer los documentos (encriptados) de las carpetas compartidas. Hay una enorme complejidad: el tipo de software, los módulos interdependientes, las pasarelas de pago. Todo ellos ello sin que afecte a la operatividad del servicio y repensando el modelo. Tareas que no son inmediatas y requieren su tiempo, una infraestructura en telecomunicaciones en esta crisis, reforzar el sistema y si la recuperable es fiable, cumple en materia de protección de datos y es efectivo».

Aspectos

La administración, parada en estos momentos en muchos aspectos, pese a que siempre se intente dar una imagen de normalidad, pero al mismo tiempo de un trabajo enorme, eligió este modelo de puesta en marcha de los equipos, de forma progresiva, porque la opción «B», que era la de limpiar todo primero y después arrancar la plataforma electrónica desde una red blanca hubiera supuesto un periodo de suspensión de plazos de seis a siete meses. Esto quiere decir que por la opción «A» se va a tardar prácticamente el mismo tiempo, aunque el hecho de que ya se estén implementando servicios evitará una parálisis total y tan larga. Guilabert incidió en el hecho de que entre los ayuntamientos atacados hasta ahora ninguno era del tamaño de Elche, más complejo que La Vila o Melilla, por poner dos ejemplos, aunque quizá por ello desde hace mucho tendría que haber mejorado su ciberseguridad con un modelo de almacenado de datos fuera de soportes físicos, como fue hasta ese 24 de agosto.

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