Acuerdo para implantar en Elche la carrera profesional con una inversión de 10 millones en cinco años

El Ayuntamiento de Elche y los cuatro sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación —Comisiones Obreras, Sindicato Independiente SI-USO, CSIF y UGT— han cerrado un acuerdo económico histórico para poner en marcha la carrera profesional de los funcionarios municipales, una medida demandada desde hace años y que supondrá una inversión total de 10 millones de euros en cinco años.

El pacto, alcanzado tras meses de reuniones, fue rubricado verbalmente en un encuentro presidido por el alcalde Pablo Ruz, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y el concejal de Recursos Humanos, Juan de Dios Navarro, junto con los representantes sindicales. Según el acuerdo, la implantación se producirá el 1 de enero de 2026, con una partida inicial de 3,5 millones de euros.

El comunicado conjunto difundido por las organizaciones sindicales confirma que “la partida presupuestaria se incrementará cada año hasta alcanzar la cifra de diez millones en enero de 2030 (más las subidas anuales que establezca la normativa)”. El texto subraya que “se cubre una gran parte de las demandas sindicales” y que el acuerdo es “satisfactorio y responsable, fruto del esfuerzo de todas las partes para poner a disposición del personal municipal una herramienta clave para mejorar la eficacia del servicio público”.

Una negociación “muy compleja” y un consenso inédito

El portavoz del Sindicato Independiente SI-USO, Julio Albaladejo, confirma que se trata de un “paso decisivo para la administración local”. “Nos hemos dado la mano, y eso nos compromete. Lo que hoy hemos hablado deberá reflejarse fielmente en el documento final”, asegura.

Las partes admiten que el proceso ha sido arduo. Tras tres reuniones con el alcalde y su equipo, la tercera resultó definitiva. El acuerdo no se limita a una mejora retributiva, sino que introduce un cambio estructural en la gestión pública: la evaluación del desempeño, una herramienta que permitirá medir de manera objetiva el trabajo del personal municipal. “La carrera profesional no es una subida salarial al uso. No es lineal para todos, ni será efectiva para todos. Se gana con el cumplimiento de objetivos medibles, tanto individuales como de departamento. Quien no los cumpla, no tendrá el incremento”, recalca Albaladejo.

Reacción del gobierno municipal

El edil Juan de Dios Navarro valora "muy positivamente" el pacto con todos los sindicatos, “con la puesta en marcha de la Carrera Profesional Horizontal, una reivindicación de años, ponemos orden en el Ayuntamiento de Elche en cuestión de organización y de estructura, y reconocemos los derechos de los trabajadores como el resto de administraciones públicas, haciendo hincapié en el esfuerzo, el conocimiento adquirido y la mejora de los servicios públicos”.

El responsable de Recursos Humanos hace hincapié en “todo el trabajo que venimos desarrollando en el último año para la implantación de la carrera profesional en todos los puestos de trabajo del Ayuntamiento”.

Por su parte, Aurora Rodil muestra “satisfacción por haber logrado un acuerdo por unanimidad. La búsqueda es la mejora de condiciones de trabajo de los funcionarios municipales y que redunde en la mejora de servicios. Es un logro buscado por todas las partes desde hace muchos años”.

Evaluación del desempeño y cambio de mentalidad

El nuevo sistema transformará la cultura de trabajo dentro del Ayuntamiento. “Hasta ahora todos trabajamos con profesionalidad, pero sin objetivos concretos marcados. A partir de enero cada trabajador sabrá qué metas debe alcanzar. Si las consigue, mejorará su nómina”, explica el portavoz de SI-USO.

Los sindicatos participarán en la definición de esos objetivos "para garantizar que sean realizables, medibles y justos. Esto nos obliga a todos a dar un paso adelante. El sueldo base se gana con el trabajo diario, pero esta mejora económica extra exige un esfuerzo adicional. No se trata de café para todos, sino de premiar el mérito y el rendimiento”, añade.

Según Albaladejo, esta reforma “va a repercutir directamente en la calidad del servicio público. El ciudadano debe notar que su Ayuntamiento funciona mejor, que los trámites son más ágiles y la atención más eficaz. Es una medida que beneficia tanto al personal como a la ciudadanía”, defiende.

Una obligación legal con aplicación local

La implantación de la carrera profesional no depende de la voluntad política, sino que es una obligación legal que afecta a todas las administraciones públicas. La ley obliga a establecer una carrera profesional, ya sean ministerios, universidades, diputaciones o ayuntamientos. Lo que varía es la cuantía y la forma de aplicarla, y eso es lo que se ha negociado con resultado exitoso.

Los sindicatos y el Ayuntamiento llevan dos años trabajando en el borrador del proyecto, y en los últimos meses el diálogo se ha intensificado. “Estamos al 90 % del documento final. Sólo faltaba cerrar el presupuesto, y eso es lo que hemos hecho hoy”, precisa.

El reglamento definitivo, aún en redacción, establecerá las cuantías por niveles y categorías. “No va a cobrar lo mismo un ordenanza que un secretario municipal. La subida dependerá del grupo y del complemento de destino”, explica. El sistema prevé una revisión anual de las evaluaciones y un seguimiento interno para garantizar su transparencia.

Una mejora de la eficiencia y del reconocimiento

Los sindicatos valoran el acuerdo porque "pone a disposición de la administración una herramienta clave para que la prestación de los servicios públicos sea más eficaz”.

Albaladejo insiste en que la carrera profesional “no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la gestión y el servicio al ciudadano”. “El funcionario debe sentirse reconocido, pero también responsable. Quien cumpla objetivos, cobrará más; quien no los cumpla, deberá mejorar”, subraya.

Para el representante sindical, el espíritu del acuerdo se resume en una idea: “La carrera profesional debe reflejar un cambio de mentalidad. Estamos en el siglo XXI y el servicio público debe ser evaluable, transparente y eficiente. La carrera profesional no es solo un incentivo, es una garantía de eficacia pública”.

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