Compromís denuncia que Ribera Salud aún debe invertir 1,5 millones en el área de Elche-Crevillent

Compromís ha vuelto a cargar contra la gestión privada del Departamento de Salud de Elche-Crevillent, la única área sanitaria de la Comunidad Valenciana que continúa en manos de una concesionaria. La coalición ha revelado este miércoles en la plaça de Baix de Elche que, según datos de la propia empresa Ribera Salud, la compañía tiene pendientes de invertir 1,5 millones de euros en mantenimiento y equipamientos, una cifra que la formación considera una prueba más de la mala gestión y del “fracaso” del modelo privatizado.

El portavoz sanitario de Compromís y diputado en las Cortes, Carles Esteve, anunció que la formación “pondrá todas las herramientas para acabar con una prórroga que es una estafa política a los 150.000 pacientes del Departamento sanitario de Elche-Crevillent”. La crítica se centra en la decisión del actual Consell, integrado por PP y Vox, de ampliar por cinco años más la concesión a la empresa sanitaria.

“El primer día que entremos en Sanidad acabaremos con esta prórroga”

Ante los medios, Esteve fue tajante: “El primer día que entremos en la Conselleria de Sanidad pondremos herramientas para acabar con esta”, en referencia a la prórroga del contrato con Ribera Salud. “Hemos denunciado con insistencia cómo el negocio privado de Ribera Salud se abría nuevamente paso con las políticas de PP y Vox dentro del espacio de la sanidad pública. Ahora tenemos la constatación del propio PP de cómo esta prórroga ha sido una estafa política y sanitaria a las 150.000 personas atendidas en el área sanitaria de Elche-Crevillent”, añadió.

El diputado detalló que una de las condiciones para ampliar el contrato pasaba por que la empresa liquidara las deudas pendientes con la Conselleria. Sin embargo, según la información remitida por la propia compañía Ribera Salud, solo se habrían abonado 51 millones de euros hasta 2022, lo que dejaría un remanente de unos 20 millones sin pagar.

“Al PP y Vox no les tiembla la mano para decir que una persona que no paga un alquiler un mes se vaya a la calle, pero a los inquiocupas de Ribera Salut no pagan las liquidaciones que les corresponde para trabajar en un espacio con dinero público”, denunció Esteve.

Inversiones incumplidas y falta de personal en enfermería

El portavoz valencianista subrayó que durante los 15 años de concesión, la empresa debía invertir 156 millones de euros en mantenimiento y recursos, aunque “la propia empresa ha reconocido que les faltó por invertir 1,5 millones”. “Y son datos de la propia compañía, cuando tienen los datos más opacos de toda la sanidad”, añadió, subrayando la falta de transparencia de la adjudicataria.

Además, "la propia conselleria reconoce que en atención primaria de centros auxiliares faltan 16 médicos de cabecera, cinco pediatras y 53 enfermeras, lo que quiere decir que falta la mitad de la plantilla de enfermería. Con estas cifras el consejero no ha tenido problema en alargar cinco años más la concesión sanitaria”, explicó Esteve.

El diputado aseguró que estos datos se han extraído “comparando los dos documentos de conselleria donde se muestran los datos del contrato con las cifras reales que mantiene la administración”. Para Compromís, el contraste entre las condiciones contractuales y la situación actual evidencia un incumplimiento de la empresa y una falta de control por parte del Gobierno autonómico.

En su opinión, la decisión del president Carlos Mazón de mantener la prórroga “no responde a criterios técnicos ni sanitarios, sino a intereses políticos y económicos”.

Críticas desde Elche y Crevillent: “Una sanidad de baja calidad”

La portavoz municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, insistió este miércoles en que “las derechas continúan utilizando las políticas sanitarias para hacer negocio a costa de nuestra salud”. A su juicio, “cuanto más investiga Compromís más evidente se hace que la prórroga es injustificada. Se comprueba que la decisión del Consell de Mazón fue una opción política y no de criterio y sentido común”.

Díez recordó que 15.000 personas firmaron en su día para pedir la reversión del Hospital del Vinalopó a manos públicas, una demanda ciudadana que la coalición sigue defendiendo. “Pablo Ruz quiere hacer que pase este tema de manera más desapercibida. En Compromís no olvidamos a las 15.000 personas que firmaron por la reversión del hospital a manos públicas”, recalcó.

Desde Crevillent, el concejal Josep Candela calificó la gestión sanitaria de la concesionaria como “nefasta para los vecinos”. “Son 15 años de una sanidad de baja calidad. La prórroga condena a la población de Crevillent a seguir sufriendo esta gestión”, afirmó.

Candela añadió que no se entiende que “queramos vender proclamas electorales como la construcción de un nuevo centro de salud cuando está constatado que no saben ni gestionar uno que ya tienen en Crevillent”. Para el edil, la mejor fórmula de gestión es la directa y pública, “como se hace en el resto del territorio valenciano”.

Compromís acusa así al Ejecutivo autonómico de anteponer los intereses privados a la calidad asistencial, alargando un modelo de concesión que —según la coalición— “ha demostrado ser opaco, ineficiente y perjudicial para los usuarios”.

Un modelo en el centro del debate sanitario

El departamento de Elche-Crevillent es el único que sigue gestionado por una empresa privada dentro de la red pública valenciana. La continuidad de Ribera Salud ha sido objeto de críticas recurrentes por parte de sindicatos, asociaciones y partidos de la oposición, que reclaman la reversión total del sistema.

Desde su implantación, el modelo de concesión ha sido defendido por sus promotores como una vía para optimizar recursos y mejorar la eficiencia, pero detractores como Compromís sostienen que ha derivado en precarización laboral y déficit asistencial.

Mientras tanto, los valencianistas aseguran que, si vuelven al Gobierno, revertirán la prórroga y devolverán la gestión a la red pública. “El primer día que entremos en la Conselleria de Sanidad pondremos las herramientas para acabar con esta”, reiteró Esteve, dejando claro que el debate sobre el futuro del sistema sanitario valenciano seguirá vivo durante toda la legislatura.

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