El derribo del bloque 8 de San Antón y la construcción de 45 viviendas para realojar se eleva a 5,8 millones y llegará en 2026

Tirar abajo el bloque 8 de San Antón de Elche por el que fueron desalojadas en abril más de 60 familias y levantar un nuevo edificio de 45 viviendas costará 5,8 millones y la vista está puesta en que las obras comiencen en 2026.

El alcalde, Pablo Ruz, confirmó este jueves que la junta de gobierno ha aprobado el convenio con la Generalitat por el que el Consell compromete 2,5 millones en un plan plurianual para la reconstrucción. Hace ya un mes el Ejecutivo local de PP y Vox confirmaba que la Generalitat había aprobado la inversión y entonces se hablaba de un plazo estimado de 16 a 18 meses, aunque finalmente se elevará a los dos años el derribo y construcción del nuevo edificio.

El proyecto, por ahora, sería asumido a tres bandas con la administración autonómica como principal inversora aportando un 43%, seguido de los propietarios que tendrían que abonar un 33,4%, lo que sería algo más de 1,9 millones, mientras que el Ayuntamiento asumirá el 23,5% restante, elevando la aportación a 1,3 millones de euros. Así lo apuntó el regidor, que no dudó en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por no participar. "¿Cuál es el dinero que pone el Estado? Un cero como Santa María de grande", reprendió.

"El Gobierno nos ha abandonado"

Ruz, que compareció este jueves junto a su socia de gobierno, Aurora Rodil, criticó que a Elche "nos han abandonado" y en concreto al barrio ilicitano por parte de la Administración central. "Se han vertido ríos de tinta y el Estado ni está ni quiere estar", repuso el primer edil, quien denunció que "Elche no puede asumir solo el barrio de San Antón" y afirmó que este mismo 20 de noviembre volvió a remitir una carta al director general de Vivienda, Javier Martín, en busca de una contestación. En la misiva, desde el bipartito de PP y Vox reclaman al Ministerio de Vivienda que se incorporen de manera urgente al proyecto de regeneración urbana, porque entienden que no se puede desatender o demorar la participación en el barrio, y más con la situación en la que se encuentra actualmente, según sostienen desde el Ejecutivo local.

Rodil, por su parte, incluso tildó de hipócrita que el responsable de Vivienda les diera una "palmada en la espalda" diciendo que apoyaban sin que se haya materializado ninguna ayuda ni se haya hecho el intento de modificar partidas presupuestarias para encajar la financiación. "El Gobierno nacional nos dejó huérfanos, no está en San Antón ni ha estado en otros proyectos como la Ronda Sur", denunció la edil de Infancia y Mayores.

El acuerdo del Consell, que ya se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, suponía un refuerzo económico clave para que el proyecto se desarrolle sin demoras y con la seguridad jurídica necesaria. Para 2025 estaban consignados 500.000 euros; medio millón en 2026, un millón en 2027 y medio millón en 2028, una inversión que se distribuirá de manera escalonada para acompasar el ritmo de ejecución de las obras y actuaciones sociales asociadas al plan. Ruz, si bien, confirmó que los fondos se transferirán sin que necesariamente se validen las certificaciones de obra.

400.000 euros

Así las cosas, del montante total de 5,8 millones, 5,3 irán destinados a la edificación del edificio de 45 viviendas, un local comercial y sótano. La demolición del actual bloque 8, tapiado y en evidente estado de ruina, está consignada con 405.000 euros, donde se incluye también la reurbanización.

Desde el equipo de gobierno señalaron que, tras aprobarse el convenio, se podrá sacar a licitación la obra, un procedimiento administrativo que se dilatará de cuatro a cinco meses, con lo que, en el mejor de los supuestos, sería en primavera cuando comenzarían las actuaciones para arrasar gradualmente con este inmueble como se está haciendo con el bloque 11, que también fue desalojado en su día por el mal estado de preservación que presentaba.

Pertenencias

Ante la incertidumbre de los propietarios, que se tuvieron que ir de sus casas casi con lo puesto aquel 8 de abril, el edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, señaló que, cuando se adjudique la demolición, sin que haya todavía una fecha clara, se establecerá un calendario de trabajo para que especialistas puedan entrar a las viviendas y retirar más pertenencias, al igual que hicieron los bomberos semanas después del desalojo.

El concejal señaló que se van a tomar en consideración las peticiones de los propietarios "por si hay posibilidad de recuperar algo". En este sentido, desde el Ejecutivo local fueron tajantes y niegan que puedan entrar los propios vecinos a sus viviendas en busca de las pertenencias que en su día no pudieron llevarse, volviendo a incidir en el riesgo de colapso que tiene la edificación.

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