Los desalojados de San Antón en Elche alzan la voz: "Queremos nuestras pertenencias ya, no cuando se las coman las ratas"

"Parece que en San Antón todo es ruina pero hay quienes teníamos cosas muy nuevas y hay vecinos que siguen pagando electrodomésticos que no pueden llevarse". Raquel Alonso forma parte de una de las 67 familias que el pasado 8 de abril tuvo que salir de la noche a la mañana de su casa cuando el Ayuntamiento de Elche les notificó un riesgo de colapso del edificio número ocho. Desde entonces, como ya apuntaron vecinos a este diario, los propietarios han organizado turnos de vigilancia para evitar saqueos en sus casas. Muchos siguen sin poder conciliar el sueño porque dejaron atrás sus hogares, lo que les ha dejado unas secuelas psicológicas que difícilmente podrán paliar en el corto plazo.

Aunque los bomberos ya entraron en mayo para recoger ropa y los artículos por los que más apego tenían los propietarios, se quedaron dentro muebles, joyas, fotos y hasta alguna urna con cenizas de familiares, aunque cada uno de los casos es particular. Tras las declaraciones este jueves del alcalde, Pablo Ruz, confirmando que se creará un calendario de trabajo para que expertos puedan entrar de nuevo al edificio cuando se adjudique la demolición, allá por abril de 2026, esta noticia ha generado dos efectos entre los vecinos.

Consuelo

Para una parte, el anuncio del Consistorio es un consuelo, en el sentido de que tarde o temprano volverán a contar con sus recuerdos y en cierta medida se muestran más tranquilos después de que el Ayuntamiento, siete meses después del cierre, haya intervenido condenando las ventanas a petición vecinal. Los propios afectados explican a este diario que han llamado en innumerables ocasiones a la Policía después de ver gente merodeando a altas horas de la noche por el entorno o incluso accediendo con escaleras a la segunda planta.

Ruz quiso matizar en su intervención, después de comunicar la aprobación del convenio de 2,5 millones con el Consell para construir un bloque de 45 viviendas, que hubo residentes que se negaron tajantemente a tapiar las ventanas de sus pisos, de ahí que finalmente las brigadas municipales actuasen poniendo bloqueos a las cristaleras y balcones para evitar, dentro de lo posible, entradas ilegales al inmueble, que está perimetrado por vallas.

En cualquier caso, las sensaciones en el barrio son que estas medidas preventivas han llegado tarde, hasta el punto de que hay quienes han hecho pintadas reclamando al propio alcalde una solución urgente para evitar precisamente que fueran los vecinos los que se desvelaran por la noche por tal de cuidar de lo que queda dentro de sus viviendas. Por ello hay propietarios e inquilinos que no están nada conformes con que tengan que esperar hasta casi mediados del próximo año para recuperar enseres que no se pudieron sacar en su momento.

"Es el valor sentimental más que el económico"

"Queremos nuestras pertenencias ya, no esperar a que se las coman las ratas", cuenta José Manuel Amorós, que reconoce estar bastante constipado de participar por las noches en ese ciclo de vigilancias vecinales. Este ilicitano estaba de alquiler en el bloque 8 y ha tenido que renunciar a su sofá, electrodomésticos y trajes para los que como festero invirtió cientos de euros. "Más que el valor económico es el sentimental", manifiesta. Este vecino nació en Los Palmerales y se trasladó hace algo más de año y medio a San Antón porque al ser un alquiler bajo podía permitirse independizarse.

Cuenta que, pese a que el Ayuntamiento le concedió 3.000 euros en el paquete de ayudas para quienes habían sido desalojados, no es capaz hasta la fecha de encontrar un alquiler asequible que baje de 600 euros y que con su sueldo le permita hacer frente al resto de gastos, como la alimentación o el coche, con lo que temporalmente ha tenido que volver a casa de sus padres.

Vivir de prestado

Raquel Alonso narra que hay propietarios que corrieron peor suerte ya que esa misma noche del desalojo se encontraban fuera trabajando y cuando llegaron a su casa se toparon con la realidad. Lo han tenido más difícil para recuperar sus cosas y en la actualidad siguen viviendo de prestado en casas de amigos o seres queridos porque no todas las familias pudieron ser derivadas a pisos nuevos de San Antón.

Esta vecina, que fue trasladada a uno de los nuevos bloques, insiste en que la buena voluntad del Ayuntamiento con la partida de 240.000 en ayudas, que ya se han liquidado, no es suficiente para recomponer una vida. Explica que en su caso, del máximo de 3.000 euros al que podía concurrir, finalmente le concedieron el mínimo para comprar enseres, y era de 600 euros. Achaca la cantidad al hecho de que trabaja y tiene nómina, por lo que no le fue reconocido un alto nivel de vulnerabilidad. En la convocatoria se valoraba la situación económica, la composición familiar (monoparental o numerosa), que hubiera un grado de discapacidad o dependencia de alguno de los miembros, así como la vinculación con el municipio.

Sacrificar ahorros

Esta residente lamenta que había realizado inversiones en su casa, como arreglar las bajantes del agua, y que todos los ahorros que tenía ha tenido que sacrificarlos para poder a empezar desde cero. La aportación municipal no le da ni para empezar a tener una cierta comodidad en el piso prestado por el Ayuntamiento.

"Para mi 600 euros es como darte una torta en la cara, y lo veo como un tapabocas", critica la propietaria, que entiende que con ese dinero en ayudas podría haberse asegurado el edificio para que pudieran sacar con tranquilidad sus pertenencias. Como ella hay vecinos que dudan de que el edificio presente un estado de ruina inminente porque ven que el vallado perimetral es insuficiente ya que cualquiera pueda saltárselo y transitar junto al edificio. Insisten en que podría haber sido factible que a través de elevadores pudieran acceder para recoger más objetos "para poder hacer una mudanza como corresponde", expone la vecina.

El alcalde y su socia de gobierno, Aurora Rodil, pidieron disculpas este jueves por las molestias que ocasionaron los desalojos pero insisten en que todas las decisiones se tomaron con el único fin de velar por la seguridad de los inquilinos.

Un Gobierno "desaparecido"

Mientras, desde la asociación vecinal San Antón Quiere Vivir indican que sería satisfactorio que se valore que los bomberos puedan volver a entrar a sacar enseres y manifiestan que lo más urgente ya se hizo, que era salvar la vida de los residentes y sacar recuerdos.

Si bien, el colectivo traslada que la mayor preocupación es que las tres administraciones no vayan de la mano en la reconstrucción "y que el Gobierno central sigue completamente desaparecido, a pesar de haberse comprometido de manera personal con los vecinos del bloque ocho para dar una solución lo antes posible", reprueba la vocal Rosa Ana González.

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