El Consell indemniza con 24.000 euros a una víctima del atentado terrorista de Santa Pola en 2002

La Conselleria de Justicia indemnizará con 24.000 euros a una de las víctimas del atentado terrorista contra la casa-cuartel de Santa Pola del 4 de agosto de 2002. Una compensación económica por los daños físicos o psíquicos a causa de la explosión del coche bomba orquestada por ETA que se llevó la vida de la pequeña Silvia, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57 años, mientras esperaba el autobús.

Así lo acordó este miércoles el pleno del Consell. La vicepresidenta Susana Camarero trasladó que estas partidas complementan a las ayudas del Estado y se regulan a través de la Ley 1/2004 de 24 de mayo de la Generalitat de ayudas a víctimas del terrorismo.

Requisitos

Pueden ser aprobadas siempre que el atentado se produjese en la Comunidad Valenciana o la víctima ostentase la condición de valenciano o valenciana y se entregan con ocasión de fallecimiento, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta, total o parcial; incapacidad temporal y lesiones de carácter definitivo no invalidantes. Hasta la fecha no ha trascendido quien sería el beneficiario de esta indemnización.

Ya en febrero de 2012, dos meses antes de la condena a 843 años de prisión para los etarras Otegi y Celarain, el fiscal de la Audiencia Nacional reclamaba que la pena de cárcel fuese de 1.180 años y que los padres de la pequeña fuesen indemnizados con 350.000 euros, mientras que los herederos del otro fallecido con 250.000, a los que se sumaba una petición de 125.000 para el resto de heridos, que en el momento de la explosión se cifraron en 56.

Finalmente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal falló que los dos acusados, integrantes del comando Argala de ETA, debían indemnizar a los padres de la pequeña asesinada, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 euros a la familia de Gallego. Entonces también se establecieron indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa-cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).

Procedimiento

Ahora, 23 años después del atentado siguen sin estar todas las piezas del rompecabezas, ya que, pese a que hay una condena de dos autores materiales, falta saber quién lo planeó. Ya el pasado abril los exjefes de ETA María Soledad Iparraguirre, Anboto; Juan Antonio Olarra Guridi, Juanvi; y Ainhoa Múgica Garmendia, Olga, rechazaron responder acerca de su presunta responsabilidad.

Los tres, que están cumpliendo condena por otros atentados, comparecieron entonces por videoconferencia ante el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, tras haber aceptado Francia, donde fueron detenidos, ampliar su entrega para que puedan ser juzgados en España por estos hechos. Las autoridades galas concedieron también la entrega por este atentado de un cuarto exdirigente de ETA, Félix Ignacio Esparza Luri, si bien en este caso, al estar aún cumpliendo condena en Francia, su entrega era "diferida", es decir, que su formalización quedaba en suspenso hasta el cumplimiento de la pena que allí le fue impuesta, que se prevé para 2027.

Mientras, y como cada 4 de agosto, la familia de Silvia Martínez se concentra en la plaza de la Diputación de la villa marinera que desde hace un lustro lleva su nombre.

El pasado agosto la madre de la niña, Toñi Santiago, recordó que junto con sus abogados y la Asociación Dignidad y Justicia sigue personada como acusación particular en la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa contra seis miembros del comité ejecutivo de ETA de aquel momento. Denunció entonces que, pese a los avances por los informes de la Guardia Civil y la Policía, existe una parálisis en el proceso contra los responsables intelectuales del atentado.

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