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TRIBUNALES

El expresidente Anguix se enfrenta a 3 años de cárcel por el pagaré "trucho" del Elche CF

La Liga de Fútbol Profesional ejerce la acusación particular y reclama una multa al club franjiverde de 360.607 euros

Juan Anguix, en julio de 2015 cuando seguía al frente del Elche

Juan Anguix, en julio de 2015 cuando seguía al frente del Elche / Antonio Amorós

M. Alarcón

M. Alarcón

Diez años después de haber sido nombrado presidente del Elche CF, Juan Anguix se sentará el próximo mes de enero y a lo largo de cuatro sesiones en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Elche acusado un delito de falsedad en documento mercantil; concretamente, de un pagaré que supuestamente iba a salvar al club de un descenso administrativo, pero que acabó con el centenario club bajando de Primera División a Segunda División "A" pese a salvar la categoría en los terrenos de juego. Dos años más tarde, bajaría Segunda División "B". Fiscalía, Liga de Fútbol Profesional y acusación particular, que representa al expresidente José Sepulcre, le piden penas que oscilan entre año y medio y tres años de cárcel. Algunos escritos se dirigen hasta contra tres acusados más. Otro acusado ha fallecido. Anguix fue condenado ya a un año de cárcel en 2024 por administración desleal, también por la Audiencia, por una transferencia en julio de 2015 de 363.000 euros desde la entidad deportiva, que se encontraba en su peor momento económico, a “Eventos Petxina” después del traspaso del delantero brasileño Jonathas de Jesús a la Real Sociedad. El fiscal pide 18 meses de prisión para los acusados; la LFP las eleva a tres años y reclama al Elche una multa de 360.607 euros; y por último, la acusación particular, que representa al expresidente José Sepulcre, solicita tres años de prisión a Anguix, de 21 meses a Villaverde, la misma que para el entonces secretario del consejo, la persona que llevó el cheque en blanco a Madrid.

El escrito del fiscal relata la participación de Anguix en una de las etapas más tristes de la historia franjiverde. Era el 16 de abril de 2015 cuando el presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, informó al juez de Disciplina Social que el club, entonces en Primera, mantenía deudas con la Agencia Estatal por 4.468.095 euros y 4.397.043 euros, según constaba en las diligencias de embargo de créditos de 31 de marzo y 13 de abril. Tebas solicitó abrir un expediente disciplinario que podría acarrear el descenso. En ese contexto de "grave crisis económica", dice el relato del acusador, Juan Anguix y Ramón Villaverde fueron nombrados el 28 de abril miembros del Consejo de Administración del Elche CF. un día después de que la Fundación del Elche CF, según reza el acta resolviera que, según la alcaldesa Mercedes Alonso “todas las soluciones pasan por pagar 4.800.000 euros en tres semanas máximo a hacienda, ya que la sanción peor es la del descenso, si se paga la resolución del expediente sería mucho menor” y que Juan Anguix, en ese acto, pidiera seguridad jurídica, con caras nuevas en el Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, para negociar el miércoles con Hacienda y saldar o avalar la deuda", lo que supuso que, días más tarde, el 5 de mayo, el primero acabara como presidente y el segundo como consejero delegado. Pese a que informaron de ello tanto a la LFP como al juez de Disciplina Social, este último acordó el 14 de mayo, viendo acreditado el incumplimiento de los deberes y compromisos, proponer una sanción que incluía la pérdida de categoría y una multa de 180.303 euros. La respuesta del club fue solicitar la declaración de concurso voluntario de acreedores por insolvencia al no encontrar financiación. Durante esos días en la presidencia, dice el fiscal, "vista la caótica situación económica de la entidad", presidente y consejero delegado contactaron en busca de financiación con Luis Sans y José María Garrido para "procurarle a la entidad documentación falsa que presentar tanto a la AEAT (Agencia Tributaria) como en la LFP con el fin de aparentar solvencia y evitar que fuera sancionada (la entidad) con el descenso, favoreciendo con ello los intereses económicos de la entidad, pero ante todo, y ligados a estos, los suyos particulares".

De todas las deudas, las que más preocupaban eran las de la Agencia Tributaria (AEAT), a fecha 28 de mayo era de 2.981.639 euros por "concepto distinto de retenciones" y 3.592.389 euros por retenciones. Esta última cantidad era la que no admitía aplazamiento. Haber conseguido un certificado positivo era "indispensable para poder optar a que no se sancionara a la entidad con el descenso". Esto pasaba por alcanzar pagar la cantidad inaplazable (los 3,5 millones) y llegar a un acuerdo de aplazamiento para el resto. A punto del descenso, a finales de mayo el secretario del consejo "a instancias de Anguix" recogió en las oficinas de la entidad un pagaré en blanco y se lo entregó en Madrid al entonces presidente. Dice el escrito que Anguix, "procedió a rellenar el pagaré haciendo constar el importe de la deuda tributaria por retenciones pendientes de pago y la fecha de vencimiento". A través de un tercero el documento se hizo llegar a los otros dos acusados, Sans y Garrido, "quienes dentro del concierto de voluntades alcanzado entre todos ellos se emplearon en lograr mediante su estampación en el reverso del pagaré la intervención falaz de la entidad UBS como avalista de la cantidad que allí se hacía constar". En total, 3.547.105 euros.

Juan Anguix en los juzgados de Elche, en marzo de 2019.

Juan Anguix en los juzgados de Elche, en marzo de 2019. / INFORMACIÓN

Agencia Tributaria

Los entonces consejeros del Elche se reunieron el 28 de mayo con Javier Tebas en Madrid y le mostraron el pagaré, "con dicho documento se alcanzaría un acuerdo con la AEAT". Esa misma tarde también acudieron a la Agencia Tributaria insistiendo en que esta debía aceptar el pagaré y "tener por regularizada la deuda". Allí dejarón el documento que era un compromiso de pago -el "pagaré trucho", como se ha conocido- y un compromiso, dice el fiscal, "de aval de USB con el resto de deudas. Los técnicos de la AEAT certificaron la recepción, pero no la autenticidad del documento ni de la garantía pues un pagaré "no era admitido como medio de pago" por la Agencia Tributaria. Anguix presentó al día siguiente las alegaciones contra el expediente de descenso y que había llegado, dijo, a un acuerdo con la AEAT. El objetivo era evitar el descenso, pero nada de eso sirvió. El 2 de junio se mantuvo la propuesta de resolución del pliego de cargos y Anguix volvió a presentar otro escrito afirmando que había aportado a la AEAT "un pagaré conformado por una entidad bancaria de reconocido prestigio, lo que corresponde a un legítimo y efectivo medio de pago", decía. El 5 de junio se desestimó y el Elche descendió, lo que fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Deporte el 13 de julio. Lo único que obtuvo el Elche fue una reducción de la sanción a 90.151 euros. El pagaré, con el sello de UBS y del Elche CF no coló. Tres años más tarde, en otra pieza judicial sobre el concurso de acreedores del Elche CF se pidió a UBS Europe para que dijera si había intervenido en el pagaré. La respuesta fue la siguiente: "El nombre de la entidad bancaria que aparece -UBS AG Bank- no existe (...) El número de VAT que aparece en el reverso del pagaré no se corresponde con ninguna entidad de UBS ni siquiera con el formato de número VAT que deben tener todas las entidades suizas o españolas (...) No figura la fecha en la que se firma el pagaré ni la supuesta garantía en su reverso y siquiera aparece quién en nombre y representación de UBS avala la deuda ante la AEAT, lo que resulta del todo irregular e inverosímil (...) El reverso del pagaré nada dice sobre que se garantice ninguna deuda, solo dice que 'conforme y registro a este pagaré en la cuenta corriente...' lo que no tiene ningún sentido (...) Es del todo inusual que UBS avale un pagaré emitido por otra entidad bancaria, que en este caso es el Banco Mare Nostrum".

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